Modificación de la Ley de Suelo estatal: más negocio, menos posibilidad de recurrir y desbloqueo de pelotazos urbanísticos

El Consejo de Ministros aprueba el Anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre. No es la primera vez, ya se intentó en 2018 por el Partido Popular, en 2021, siendo ministro José Luis Ábalos, y en 2022, con la ministra Raquel Sánchez.

Al igual que en los casos anteriores, se achaca a la naturaleza normativa de los planes y a la profusión de la utilización de la acción pública, un supuesto problema de inseguridad jurídica y un riesgo para el interés general, la política de vivienda e incluso para la protección del medio ambiente. Es decir, el hecho de que la ciudadanía recurra ante la justicia planes ilegales y que sean anulados por ello se considera un obstáculo. No se tiene en cuenta que si hay nulidades de planeamiento es porque la administración local y autonómica, en primer lugar, ignora casi sistemáticamente las alegaciones que advierten de posibles irregularidades y, en segundo lugar, existe un incumplimiento generalizado del principio de legalidad en la tramitación de los instrumentos de ordenación urbanística.

Con esta excusa, el anteproyecto plantea modificar la naturaleza reglamentaria del planeamiento y los efectos de su nulidad, de tal forma que lo que actualmente sería un planeamiento nulo por la ausencia de un informe sectorial, pueda “librarse” de ese final, aportándolo con posterioridad. Esta solución tendría un efecto perverso que solo beneficiaría al promotor y podría poner en grave riesgo el entorno, incluso las vidas de las personas (en casos de edificaciones en zonas de alto riesgo natural).

Siguiendo la argumentación de que el problema es quien señala la ilegalidad, no quien la comete, el nuevo texto normativo pretende disminuir el riesgo de nulidades, reduciendo la posibilidad de que la ciudadanía recurra a los tribunales. Es lo que se conoce como acción popular, un derecho reconocido en el actual artículo 4 de la Ley del Suelo, y que viene heredado de la ley franquista de 1956 para “incentivar la defensa del régimen urbanístico, propiciando su observancia”. Así, un gobierno progresista pretende dejarla en papel mojado, tanto para las impugnaciones directas como indirectas. Llega a modificar, solo para cuestiones urbanísticas, la condición de parte interesada que atribuye la Ley de Procedimiento Administrativo. Además acota las cuestiones que podrán recurrirse y el plazo para ello, limitando a cuatro años el recurso indirecto que actualmente carece de límite temporal. A juicio de Ecologistas en Acción, esta modificación es una de las más graves por la afección a un derecho ciudadano consolidado y por su dudosa constitucionalidad.

Por último, el anteproyecto presentado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana introduce nuevo articulado que permite cancelar la constancia registral del derecho de reversión, fundamentalmente en las expropiaciones urbanísticas integradas en expedientes de equidistribución de cargas y beneficios (reparcelaciones). Este articulado autoriza que los terrenos expropiados para un fin público y social, que no se incorporan al mismo por falta de ejecución pero cuyo derecho de reversión consta inscrito en el Registro de la Propiedad, pueda ser cancelado cuando pasa a una nueva propiedad privada.

Este articulado está redactado ad hoc para desbloquear la Operación Chamartín o Madrid Nuevo Norte, el mayor proyecto urbanístico del Estado español. En este ámbito, buena parte del suelo expropiado (actualmente propiedad de Adif) no puede traspasarse al promotor Crea Madrid Nuevo Norte (formado por la entidad financiera BBVA, constructora San José y la socimi Merlin Properties) por los problemas de inscripción registral, derivados de los derechos de reversión, todavía inscritos, a nombre de los propietarios originales de los terrenos.

Ecologistas en Acción lamenta que un gobierno progresista, en lugar de favorecer un cambio de modelo en el panorama urbanístico estatal, opte por blindar los instrumentos de planeamiento ilegales frente a los recursos contencioso-administrativos y perpetúe el urbanismo como un negocio y no como un derecho ciudadano. La modificación propuesta no redundará en una mayor seguridad jurídica, sino todo lo contrario: consolidará su eventual ilegalidad haciéndolos virtualmente inatacables.