Badalona en Comú denuncia un nuevo caso de infravivienda y la falta de protección a las familias afectadas por parte del Ayuntamiento

Badalona en Comú ha denunciado hoy públicamente un grave caso de infravivienda en el que un empresario y un agente inmobiliario han explotado a 14 familias, cobrándoles por vivir en condiciones insalubres en 18 zulos en Badalona. Badalona en Comú exige que se garantice que las multas que ha anunciado el alcalde Xavier García Albiol sean efectivamente cobradas y que los culpables rindan cuentas por sus acciones.

La presidenta del grupo municipal de Badalona En Comú, Aïda Llauradó, ha expresado su preocupación por el futuro de estas familias, ya que el alcalde Albiol no ha informado de ninguna solución para su reubicación. » Denunciamos la desprotección y el abandono que estas familias están sufriendo por parte del Ayuntamiento «, ha afirmado Llauradó, destacando la falta de medidas inmediatas para garantizarles un lugar digno donde vivir después de haber sido víctimas de esta explotación .

Además, Badalona en Comú recordó que el actual gobierno del Partido Popular, liderado por Albiol, renunció al proyecto de un centro de urgencias y emergencias a Pep Ventura, pensado para acoger a familias en situaciones de vulnerabilidad como estas. » Es inaceptable que haya familias injustamente desalojadas, como las de las calles Calderón de la Barca, Canigó y Ausiàs March, el Ayuntamiento las abandone sin ofrecer alternativas viables «, han añadido.

El partido también ha recordado cómo el cierre del albergue de Can Bofí Vell dejó a 45 personas sin techo, muchas de las cuales continúan durmiendo en las calles de la ciudad. Por eso, Badalona en Comú exige al Ayuntamiento un compromiso real para proporcionar soluciones habitacionales inmediatas y sacar adelante las políticas necesarias para que Serveis Socials sea capaz de atender y prevenir los desahucios de las personas más vulnerables.

Por último, Badalona en Comú ha criticado la «falsa propaganda» del Partido Popular, acusando al gobierno local de fomentar un modelo que perpetúa la precariedad habitacional, permitiendo que los ciudadanos destinen más del 50% de sus ingresos al pago de un alquiler. Asimismo, denunciaron que el PP está en contra de la regulación efectiva de los precios del alquiler y el fin de los abusos por parte de bancos y especuladores.