Sindicat de Llogateres: «Presupuestos en materia de vivienda de la Generalitat: insuficientes y mal orientados»
Para poder ampliar el parque de vivienda de alquiler, hay que apostar todavía más por la fórmula del tanteo y retracto y destinar un presupuesto considerable para que ésta sea una de las vías principales para ampliar el parque de vivienda de alquiler y hacer frente a la vez a los procesos de gentrificación y concentración de propiedad que están viviendo las grandes ciudades de Cataluña.
Comunicado Sindicat de Llogateres
El borrador de los presupuestos de la Generalitat pactado entre el Gobierno y En Común Podem nos hace saltar las alarmas en la propuesta que se hace en materia de vivienda. Por un lado, porque los presupuestos son claramente insuficientes para dar respuesta a la grave crisis habitacional que sufrimos en Cataluña y la falta de un parque de vivienda pública de alquiler. Por otro lado, porque están mal orientados para poder abordar un problema estructural que hace años que está enquistado, limita el derecho a la vivienda de la población y conlleva el empobrecimiento sistemático de amplias capas de la sociedad. Os compartimos una serie de consideraciones al respeto:
En primer lugar, creemos que es imprescindible aumentar el presupuesto para ampliar el parque público de vivienda de alquiler. Los porcentajes de vivienda pública en nuestro país son ridículos comparados con otros países europeos, lo sabemos desde hace tiempo. En Cataluña tenemos un 1,6% de viviendas de protección oficial (entre públicas, de entidades sociales y cedidas por particulares), muy lejos de los porcentajes de países como los Países Bajos (30%), Austria (24%), Dinamarca (21%) o Francia (17%). La Ley 18/2007, del derecho a la vivienda, marca que todos los municipios de 5.000 habitantes y las capitales de comarca tendrán que tener un mínimo de un 15% de las viviendas destinadas a políticas sociales antes del 2027, indicando además metas quinquenales para avanzar hacia este horizonte. No se han cumplido hasta ahora estas obligaciones legales y estos presupuestos ponen sobre la mesa una inversión muy limitada para poder revertir esta situación.
Para poder ampliar el parque de vivienda de alquiler, hay que apostar todavía más por la fórmula del tanteo y retracto y destinar un presupuesto considerable para que ésta sea una de las vías principales para ampliar el parque de vivienda de alquiler y hacer frente a la vez a los procesos de gentrificación y concentración de propiedad que están viviendo las grandes ciudades de Cataluña. Las subidas de alquiler abusivas y las expulsiones por no renovación de contrato son una de las principales consecuencias de la adquisición de fincas enteras por parte de fondos de inversión. Hay que implementar esta fórmula también para revertir la especulación inmobiliaria y proteger el derecho a la vivienda de los hogares inquilinos.
En segundo lugar, es alarmante que la Generalitat destine 87,6 millones de euros a ayudas al pago del alquiler para hacer frente a la escalada de precios. Esta es una política que a pesar de que se lleva una parte importante del presupuesto, no incide en las dinámicas de mercado. En otras palabras, es un parche a corto plazo que no aborda el problema estructural y que significa una transferencia de dinero público a los arrendadores que cobran el alquiler, como apuntan informes y experiencias internacionales. De hecho, estas ayudas, sin una regulación de alquileres, pueden provocar incluso subidas en los precios.
Por último, hay que trabajar mucho en el control y la fiscalización de las viviendas vacías en todo el territorio. Tenemos que recordar que la Ley 1/2022 ya ha establecido el mandato de crear un registro de grandes tenedores, pero no se ha iniciado todavía su implementación. Además, la política de movilización de viviendas vacías con un recargo del impuesto de bienes inmuebles ha demostrado ser poco eficaz, pero los presupuestos pactados entre ERC y ECP incrementan este impuesto y fían toda la estrategia de movilización a posibles ocasiones de tanteo y retracto. El gobierno olvida que hay herramientas de adquisición y expropiación forzosa del usufructo a la Ley 18/2007 que no se han planteado en los presupuestos, puesto que no vemos partidas para la adquisición de viviendas vacías o partidas para cubrir el coste de ejecutar la expropiación del usufructo. En este sentido, son precisamente las recaudaciones por el recargo del IBI la vía para financiar esta política de adquisición y expropiación del uso. Pero no tenemos que olvidar que también se puede recaudar con sanciones a los titulares que incumplen la función social de las viviendas que permanecen vacías. Hay que ser mucho más valientes para movilizar el parque de viviendas vacías, y estos presupuestos demuestran una tibieza incomprensible ante el reto que tenemos de ampliar el parque de vivienda social.
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