Francia impedirá alquilar casas mal aisladas térmicamente a partir de 2023
- La medida afectará a las viviendas consideradas «derrochadoras térmicas», aquellas que consumen más de 450 kilovatios hora por metro cuadrado al año.
![Francia impedirá alquilar casas mal aisladas térmicamente a partir de 2023](https://www.tercerainformacion.es/wp-content/uploads/2017/08/paris-950x0-c-default.jpg)
El Gobierno francés ha anunciado que impedirá alquilar casas mal aisladas térmicamente a partir de 2023, como estrategia para frenar el llamado derroche técnico, mediante la «criba energética» de las viviendas que consumen un exceso de energía.
Los hogares que no podrán alquilarse a partir de enero del año que viene debido a esta medida son aquellas que consuman más de 450 kilovaitios hora por metro cuadrado al año. Esto es, aquellas que tienen la etiqueta G del diagnóstico energético.
Según ha explicado el director jurídico de la Agencia Nacional para la Información sobre Vivienda de Francia (ANIL), Louis du Merle, «limitar el consumo energético para calentar la vivienda es una medida que puede mejorar el poder adquisitivo de los franceses«, ya que las casas que presenten un buen aislamiento ayudan a conservar la temperatura y reduce el consumo de energía.
Así, el 12,9% de los hogares que se han ofertado en 2022 para alquiler a través de seLoger, una conocida página de anuncios inmobiliarios, son de las llamadas «derrochadoras térmicas«, lo que en Francia representa un 10% del total, de entre 4,9 a 7 millones en un parque de vivienda total de 29 millones.
Para evitar este derroche térmico, los propietarios de viviendas con etiqueta G estarán obligados a realizar obras para aislarlas correctamente o deberán retirarlas del mercado de alquiler cuando renueven sus contratos. Los inquilinos, por su parte, pueden obligar legalmente al arrendador a hacer reformas si se trata de uno de estos hogares.
El Gobierno francés ha señalado que está planeando ayudas económicas para que los propietarios puedan hacer frente a las obras necesarias, para minimizar el riesgo de que sean retiradas del mercado de alquiler. Este año van a destinar 3.200 millones de euros de fondos públicos para la renovación de las viviendas privadas clasificadas de tipo G.