La PAH de cara ante el presidente Pedro Sánchez

Comunicado

Como movimiento por el Derecho a la Vivienda de más de 15 años de lucha, con vivencias muy dramáticas y también esperanzadoras, creemos en la necesidad y obligación de estar representadas en todos aquellos espacios en que se hable de este Derecho fundamental. Por ello, la PAH asistimos a la reunión convocada en la Moncloa por el presidente Pedro Sánchez y la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, con una treintena de organizaciones sociales y representantes del sector de la vivienda, también convocadas.

No dejaremos pasar una sola oportunidad en la que poder decir a la cara, ya sea a políticos, banqueros, rentistas, y todos los que nos lastran el derecho a la vivienda, lo que pensamos y las soluciones que llevamos ante la emergencia habitacional, los desahucios, la falta de vivienda pública y los precios del mercado. Seguiremos defendiendo a todas las familias con problemas de vivienda, allí donde se nos convoque y donde no, sobre todo a todas las familias vulnerables que no tienen este Derecho constitucional y universal garantizado.

El gobierno no ve más allá de seguir construyendo y propuestas a muy largo plazo, cuando la emergencia es hoy, tanto para las personas que están siendo desahuciadas, como para aquellas que no pueden crear su proyectos de vida al no poder permitirse un techo donde hacerlo. La PAH va más allá y nuestra exposición fue en esa línea.

Empezamos haciendo referencia a las declaraciones del presidente, afirmando que se había superado el drama de los desahucios, cuando solo en el primer semestre de este año se han producido 15.724 desahucios, a pesar de la existencia del escudo social que marca la suspensión de los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2024.

Un escudo social que se acerca a su fin, y la PAH vamos a hacer todo lo posible por ampliarlo en el tiempo y mejorarlo para que sea más contundente y efectivo. A día de hoy tiene tres defectos fundamentales y que es necesario modificar para una mayor seguridad a las familias afectadas:

1. Que no está bien redactado, dejando a la interpretación de los jueces la última decisión, que no siempre protege a las personas con orden de desahucio.
2. Que está vinculado a la COVID-19 y a la guerra de Ucrania. Cada vez más, los jueces se basan en que son dos motivos que ya no son válidos y optan por desahuciar. Por ello, estas medidas no pueden estar vinculados a estas premisas. Es innegable que hay una situación de emergencia habitacional y es necesario convertir esas medidas coyunturales en la actualidad en medidas estructurales, que estén vinculadas a la situación de emergencia habitacional y se mantengan hasta que se resuelva dicha emergencia de una manera real.
3. Por último y el mayor defecto del Escudo Social, como hemos avanzado, es su vencimiento el 31 de diciembre de 2024. Es imprescindible que se tomen medidas para que no caduque, que esté prorrogado, porque las familias que están afectadas están en la incertidumbre y el sufrimiento ante lo que va a ocurrir el 31/12/24; es fácil de resolver aprobando una prórroga, como hemos dicho anteriormente, más estructural, antes de que llegue la fecha.

Sr. presidente, hasta el Banco de España dice que hay que intervenir el mercado, pero intervenir el mercado no garantiza el derecho a la vivienda. Se puede tener un mercado muy bien regulado, pero a este mercado solo entra el que tiene dinero, la única forma de garantizar el derecho a la vivienda es disponer de un Parque Público suficiente y asequible. Por ello, como la construcción es una medida a largo plazo, en nuestra comparecencia dejamos claro que la forma más rápida es exigir a los bancos que nos devuelvan el dinero del rescate en pisos, como ha recordado el propio presidente en distintas ocasiones; aún nos deben 66.000 millones de euros a toda la ciudadanía.

Según datos del año pasado del INE, hay 3.900.000 viviendas vacías, casas que es urgente movilizar para dar respuesta a las necesidades de la gente, bien obligando a cederla, bien expropiándolas con el objetivo de ofrecerlas a bajo coste a quien no se puede permitir los precios habituales. Como mínimo hay que hacer realidad varias cuestiones:

• Que las viviendas de la Sareb sean utilizadas como parque público y forzar a las comunidades autónomas a aceptarlas (cosa que ahora en algunas no pasa) y que la Sareb deje de desahuciar a las familias para seguir especulando con las viviendas.
• Acabar con los privilegios fiscales de los Fondos y de las Socimis para frenar la barra libre a la especulación y que empiecen a pagar, como hacemos todas.

La reunión terminó sin ningún compromiso concreto por parte del Gobierno, pero a nosotras nos queda el buen sabor de boca de haber podido decir a la cara a Pedro Sánchez y a Isabel Rodríguez, y a aquellos que hacen de la violación de derechos su fuente de ingresos, lo que pensamos y exigimos para revertir una situación que nos oprime desde hace ya demasiado tiempo.

Seguiremos en la brecha y daremos continuidad el próximo lunes que nos sentaremos con David Lucas, el secretario de Estado y de Vivienda, así como en futuras reuniones con ministerios como el de Economía, hasta que pasen de la recepción a los hechos.