Gobiernos legítimos e ilegítimos.

Hace apenas unos días, intentando por enésima vez poner algo de orden en la anarquía que arrasa mi despacho, encontré, casi por casualidad, un viejo ejemplar de El País. No sé si será porque soy historiador, pero padezco de una extraña manía que me impide desprenderme de documentos antiguos y por ello, tiendo a acumular todo tipo de documentación, por mucho que esto me suponga no pocos problemas a la hora de encontrar espacio para tantos papeles que, en su mayoría, he de reconocer sirven más bien para poco.

Abrí el periódico al azar y descubrí que uno de los temas-eje de aquel número era la cuestión del referéndum constitucional de 2009 que Hugo Chávez acababa de ganar en Venezuela. Para los que no lo recuerden, aquella victoria permitía la postulación de cualquier cargo de manera continua, siempre que fuese refrendado democráticamente, poniéndose fin con ello a los límites para ser reelegido que hasta entonces existían en el país. Era la segunda vez que se intentaba romper esa traba, y en esa ocasión los chavistas habían conseguido una indiscutible victoria provocando la ira de los medios de comunicación y de la oposición venezolana, esa misma oposición que siempre clama cuando pierde, pero calló cuando unos militares traidores a su pueblo, dieron un golpe de estado contra el gobierno elegido por los venezolanos.

Cuestionaba El País una reforma constitucional que permitía “a un dirigente político perpetuarse mediante las urnas” , en un artículo que ponía en entredicho, no sólo la legitimidad del proceso, sino la existencia de la democracia misma en Venezuela. Nada era nuevo bajo el sol desde luego, ya que el Grupo PRISA  tiene grandes intereses en Iberoamérica, y en aquella época, incluso aspiraba a gestionar el tercer canal privado de Colombia, algo que sólo podría haber obtenido con el beneplácito del gobierno conservador colombiano. Nada debía desconcertarme pues de aquella columna en un diario como El País, un medio que incluso se permitió justificar el golpe de estado que sufrió Chávezen 2002, en un editorial que habría erizado el vello a cualquiera de sus lectores progres con chaqueta de pana durante la transición española.

El caso es que todo el espectro mediático español -con excepción de Público y los alternativos- comparte en mayor o menor medida esta posición, y siempre que han tenido ocasión, han puesto en duda la legitimidad del gobierno bolivariano. Hugo Chávez no era legítimo -y tampoco lo es ahora Maduro-, y no lo era no porque no ganase elecciones, sino porque entorpecía los negocios de la oligarquía venezolana y el expolio de sus riquezas por parte de las compañías extranjeras. Poco importaba que diese voz al pueblo a través de referéndums y que ganase limpiamente elecciones, o que hubiese sido el presidente latinoamericano con más refrendos democráticos, porque Hugo Chávez era ilegítimo, un dictador.

Mientras leía el periódico, no pude evitar sonreír al recordar porque dejé de comprar El País, pero entonces pensé en España  y todo me dejó de parecer divertido. Advertí que en nuestro país no existe ninguna ley que limite mandatos, a pesar de que ni PRISA ni Mediaset ni Vocento, ni Intereconomía, ni ningún otro grupo de comunicación, se hayan cuestionado jamás por eso la legitimidad de la democracia, como tampoco se han planteado que en España el cargo de jefe de estado ni siquiera fuese electo, sino que pertenecía a un rey que llegó al poder por decisión de las Cortes franquistas.

Me pregunté cuál era la legitimidad democrática de nuestro sistema y reflexioné apenado sobre cómo la podredumbre estaba instalada en todos los resortes del estado. Pensé en Rajoy, y en su legitimidad, y recordé la manera en que llegó al poder, con un discurso que resultó ser falso, y que prometía acabar con la crisis y crear empleo, sin desmembrar el estado del bienestar ni subir los impuestos. No hizo falta demasiado tiempo para darnos cuenta de que el Partido Popular había engañado a sus votantes, pero  todavía ningún medio parece recelar de la legitimidad de del gobierno por ello. Ahora además, numerosas evidencias apuntan a que el partido pudo financiarse ilegalmente, algo que ha servido por fin para empezar a movilizar a la oposición, aunque solamente Izquierda Unida -que lleva ya meses en plena campaña reclamando la dimisión del gobierno-, se ha atrevido a cuestionar por ello la legitimidad democrática de Rajoy.

Al terminar de leer el periódico, concluí que resultaban cuanto menos llamativas las distintas varas que emplean los periodistas españoles para medir la legitimidad de un sistema. Siguiendo el recurrido principio goebbeliano de que una mentira repetida mil veces se transforma en verdad, los medios son capaces de vender como inmaculado el ejercicio de un gobierno que llegó al poder en base a mentiras y supuestas corruptelas, pero por el contrario, no pasa un solo día sin que tachen de antidemocráticos a los gobiernos progresistas latinoamericanos, países que cumplen formalmente todo lo exigible en una democracia, y que además están creciendo a niveles nunca vistos, tras liberarse del yugo imperialista con el que ahora  a nosotros nos ahoga Alemania. Todo queda así atado para que no se pueda seguir el ejemplo de estos países, y que los pececillos españoles sigamos dando nuestra confianza a unos tiburones que tan sólo pretenden seguir engulléndonos para perpetuar así su posición de privilegio frente a la mayoría, y para que paguemos su deuda, una deuda que se generó privatizándose los beneficios en manos de unos pocos, pero cuyas consecuencias ahora pagamos todos.