Un documento interno del Ayuntamiento de Carranque delata el urbanismo de Alejandro Pompa

Alejandro Pompa

Ha llegado a manos de Notitia Criminis un documento que dormía su sueño eterno en los sótanos del Ayuntamiento de Carranque. Es obra del anterior secretario de la Corporación, Juan Francisco Bravo Collantes y está dirigido al alcalde Alejandro Pompa, que al parecer, había pedido opinión a aquél sobre cierto desarrollo urbanístico.

Su importancia local no presenta dudas pues delata en qué ha consistido la acción pública de un personaje que hasta ahora ha salido bien librado de sus citas con los tribunales penales salvo en una ocasión, cuando fue condenado en 1998 por agredir y lesionar a un anciano octogenario.

Sin embargo la relevancia del texto que hago público aquí supera, con mucho, los límites de un pueblo cuyo término municipal ha quedado monopolizado de facto por dos constructoras y un funcionario municipal venido a muy próspero empresario de la construcción: PEYBER, el Grupo GONZÁLEZ VILLAREJO y el funcionario Ernesto Rodríguez Cubas.

Lo que el que fuera hasta hace muy poco Secretario-Interventor del ayuntamiento de Carranque denuncia en su “Documento Interno” es la sustancia de la nueva Corrupción, una aberración en los fines de la acción política que ha dejado obsoleto el Código Penal y su definición de cohecho, es decir, de soborno.

Las viejas formas de podredumbre pública en las que el corrupto reclama su soborno y el corruptor se lo paga, han dado paso a un esquema infinitamente más eficaz, lícito o de ilicitud imposible de probar sin registros domiciliarios e intervención de las comunicaciones, y no obstante, de una simpleza insultante.

El corrupto ya no actúa aisladamente. Entra a formar parte de la única organización que puede garantizarle una aceptable impunidad: el partido político. De esta manera, la corrupción se confunde con el propio aparato del Estado. El territorio es “repartido” entre alcaldes, los alcaldes garantizan, puesto que la Ley les faculta para ello, el monopolio en sus feudos, de un constructor o de un número muy reducido de ellos. La política urbanística del municipio desaparece y es sustituida por los negocios de estos a los que, por otro lado, mediante la perversión del sistema de Cajas de Ahorro, la cúpula política del poder autonómico o regional, garantiza un acceso ilimitado al crédito, sin garantías o sólo con garantías aparentes. Finalmente, la figura jurídica del “Agente Urbanizador” –surgida en Valencia y que se ha extendido como ponzoña imparable por todas las legislaciones autonómicas– hace posible el expolio, la confiscación y el saqueo del suelo.

El resultado de todo esto es que el Legislador, el Constructor y el Corrupto –que ya no es tal, sino un honrado empresario de la construcción– se unifican en una sola organización que es capaz de eludir las limitaciones de la Ley, porque es esa misma organización la que legisla y, por tanto, decreta su impunidad extendiendo, vertiginosamente, por todo el país, una situación de podredumbre endémica.

Pero ¿qué es lo que dice el “Documento Interno” del Ayuntamiento de Carranque? Dice lo siguiente:

“Atendiendo a tu solicitud de opinión sobre la propuesta de desarrollo de referencia… te comunico que para mi se trata de una aberración urbanística que sólo se justifica desde los intereses de los promotores… El planeamiento que se analiza es similar a otros propuestos y lamentablemente ejecutados a instancia del Arquitecto Municipal en su otra faceta de Arquitecto de los promotores, y como el resto de los citados, se caracteriza por contemplar aprovechamientos del suelo que buscan fundamentalmente la rentabilidad de los promotores a cambio de dar gusto a alguna de las iniciativas del Alcalde, aprovechando la confianza y proximidad de trato”.

Violación de las incompatibilidades, normativa municipal allanada a los intereses de los “promotores”, funcionarios municipales que, sin vergüenza, trabajan al servicio de aquellos a quienes deben controlar, plusvalías descomunales que garantiza la condición de sátrapa que la legislación española concede a los alcaldes, saqueo del suelo, soborno de los votantes mediante obras públicas que, sistemáticamente, son adjudicadas a los mismos “constructores” y “confianza y proximidad de trato” de estos con el alcalde de quien ya no se puede decir con seguridad si preside el consejo de administración de la constructora o la corporación municipal o las dos cosas, lo que es más probable. Este es el escenario de la nueva tiranía blanda que impera en España. Repugna ¿no?.