«Un juez investiga al alcalde de Carranque por corrupción urbanística»

Ya hace un año que Eldigitalcastillalamancha.es publicó esta noticia. El procedimiento judicial continúa su curso.

“Un juez de Illescas ha aceptado la denuncia contra el alcalde de Carranque, el socialista Alejandro Pompa Mingo, y dos funcionarios. No hay un solo día sin nuevos casos de corrupción.

5 de diciembre de 2006. Según publica en su edición de este martes ABC, el juzgado número 2 de Illescas ha aceptado una denuncia contra el alcalde de la localidad toledana de Carranque, Alejandro Pompa Mingo (PSOE), y dos funcionarios municipales, Juan Francisco Bravo Collantes y Ernesto Rodríguez Cubas.

Se les acusa de numerosos delitos: tráfico de influencias, prevaricación de funcionarios públicos, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función, así como de malversación, delito contra la ordenación del territorio, fraude y exacción ilegal, estafa y cohecho. Esta misma denuncia ya está también presentada ante la Fiscalía Anticorrupción.

Permuta de parcelas muy valiosas por otra rústica

A los tres implicados se les acusa de «permutar parcelas enormemente valiosas, es decir, parcelas urbanizadas, propiedad del Ayuntamiento, por otra rústica de precio inferior, propiedad de la sociedad del funcionario Ernesto Rodríguez Cubas». «Esto -continúa la denuncia de Manos Limpias, a la que ha tenido acceso ABC– lo llevaron a cabo por mayoría del Grupo controlado por Pompa en el Ayuntamiento de Carranque».

Estos hechos, por los que acaban de abrirse diligencias previas en el juzgado, tuvieron lugar el 18 de febrero de 2003. Para aquel día se convocó un pleno extraordinario y urgente en cuyo orden del día sólo se trataron cuatro puntos de urbanismo. Uno de ellos es el que viene a colación: convenio urbanístico para suelo dotacional público.

Información privilegiada

Se da la circunstancia de que, según consta en la denuncia, uno de los titulares de la permuta, Ernesto Rodríguez Cubas, «había desempeñado en ocasiones el cargo de secretario accidental» del Ayuntamiento, tarea que «viene compaginando con trabajos en una inmobiliaria que opera en el mismo lugar donde éste ejerce de funcionario». Por ello, la acusación considera que «dispone de información privilegiada que utiliza en beneficio propio», además de «conocer e incluso participar en situaciones de modificaciones urbanísticas que se están produciendo o que van a producirse.

Tal como publica ABC, «el funcionario Ernesto Rodríguez Cubas mantiene unas relaciones -con el alcalde- que van más allá de lo que puede considerarse normal», obra en el escrito legal. Y añade: «El problema se plantea en cuanto a que el Ministerio de Administraciones Públicas no puede intervenir para investigar o expedientar al denunciado Rodríguez Cubas, habida cuenta de que éste es un funcionario no de habilitación nacional, sino local, y su jefe y máximo responsable es quien tolera y aun presuntamente participa en sus negocios urbanísticos; esto es, Alejandro Pompa Mingo». Estos hechos están también denunciados ante el Ministerio de Administraciones Públicas.

Acceso a todo tipo de documentos

La operación urbanística quedó aprobada y, según la acusación, «los denunciados diseñan una operación para, presuntamente, salvar su responsabilidad»: Rodríguez Cubas pide la excedencia a Pompa, que se la concede. «Don Ernesto», como se le conoce en la zona, parece ser que «entra, sale, consulta planos, tiene acceso a todo tipo de documentos que a la oposición niega».

En cuanto al tercer protagonista de la supuesta trama, Bravo Collantes, es quien ejerció de secretario en el mencionado pleno, y se le supone la tercera pata del entramado.

Asimismo, se considera que el alcalde Pompa Mingo y Ernesto Rodríguez Cubas «han multiplicado sus ingresos hasta tener fuertes incrementos patrimoniales y formas de vida suntuaria»”.