El Banco de España pone al frente del Grupo CCM al que fuera director general de la Kutxa cuando ésta hacía negocios con la trama vasco-malaya

Mientras los consejeros destituidos y expedientados presentan recursos acusando a la dirección de CCM de presuntos delitos de falsedad, la parte más oscura de los negocios de CCM, los que la relacionan con algunos de los protagonistas de los casos de corrupción de Marbella, parece estar obteniendo el nihil obstat del Banco de España. En esa línea marcha el nombramiento de Xabier Alkorta, uno de los dos directores generales que tenía la KUTXA en la época en la que estructuró su participación en las sociedades de la «trama vasco-malaya»

Si el día 1 de abril, a poco más de una semana de la intervención de CCM, eran “fuentes cercanas” al Gobierno de Castilla-La Mancha quienes aseguraban que Hernández Moltó ocultó información vital al ejecutivo de Barreda, que de haber sido conocida hubiera impedido la concesión de los créditos de alto riesgo que han llevado a la Caja a donde ahora está; el pasado día 6 de mayo eran los consejeros expedientados de la entidad los que se descolgaban con la misma cantinela.

Según publicó El País, en el recurso de alzada presentado por los consejeros de CCM, destituidos y expedientados por el Banco de España, se acusa al equipo directivo de Hernández Moltó de «falsedad contable y engaño» y consecuentemente, según cita el mismo periódico, dichos consejeros estudian la posibilidad de interponer acciones penales contra los mencionados directivos, empezando por el también destituido Ildefonso Ortega.

No sería para menos, si lo que dicen es cierto. Según el recurso de alzada citado, «resulta acreditado que el Director General y el Comité de Dirección de CCM han venido ―a lo largo de 2008 y hasta el día de la sustitución provisional del Consejo― falseando aquellos datos, cifras y porcentajes con la finalidad de hacer creer al Consejo, que no somos ni tenemos obligación de ser expertos en contabilidad financiera, que la evolución de la caja era positiva y con la finalidad añadida de ocultar que la Caja se hallaba en una situación económica de excepcional gravedad para su propia estabilidad, su liquidez o su solvencia».

Los Consejeros recurrentes, también según El País, aseguran que «nunca antes del 27 de noviembre de 2008 fueron informados sobre la presencia del Supervisor en la entidad» Se refieren con esto a la presencia de un equipo de inspectores del Banco de España en las oficinas centrales de la Caja; y al mantener tal cosa los consejeros en cuestión si no mienten, al menos sí que utilizan un concepto demasiado formal del término «información». Aunque puede que sea cierto que Moltó les ocultó que los inspectores del Banco de España le estaban levantando las alfombras, la prensa dio cumplida noticia de esto antes de esa fecha.

De hecho, El Confidencial ya dijo el día 7 de noviembre del 2008 que desde principios de esa primera semana de noviembre, «un equipo de cinco inspectores del organismo supervisor ha desembarcado en el seno de la entidad presidida por Juan Pedro Hernández Moltó. De acuerdo con las fuentes consultadas, se trata de una actuación preventiva que pretende mantener un acceso directo, casi en tiempo real, a la operativa diaria de la Caja»

El Confidencial continuaba añadiendo que «según han reconocido fuentes de la propia entidad ―la presencia de los inspectores― forma parte de la política iniciada por el Banco de España a comienzos de año, tras decidir intensificar las tareas de supervisión y fiscalización de las cuentas de las entidades de ahorro».

No parece muy creíble la ignorancia que los expedientados pretenden alegar para evitar las sanciones y para ―cosa bastante cómica― que se les reponga en sus puestos y funciones. Asunto distinto es el hecho objetivo de que las cuentas de la Caja no reflejaran la imagen fiel de su situación como ha puesto de manifiesto el Banco de España, y las responsabilidades que de ello se derivan, desde luego penales si como dicen los consejeros, tienen documentos que acreditan que Moltó y sus directivos, falsearon la documentación contable.

Son muchos y muy cualificados los que ya han acusado a Moltó y a sus hombres de «engaño y falsedad», empezando por el Gobierno de Barreda, pero es mayor aún la tardanza de la Fiscalía Anticorrupción ―a la que de sobra le ha llegado la «notitia criminis»― en iniciar la investigación de los hechos.

Esta parsimonia resulta especialmente preocupante porque si bien Hernández Moltó ya no está en la Caja, el equipo directivo que él nombró y con el que ha llevado a la entidad a tan altas cotas de calamidad, sí que está y sí que domina el escenario del presunto delito y sí que puede estar comprometiendo, gravísimamente, las pruebas de éste.

Es cierto que ha habido cambios en el Comité de Dirección de CCM, pero no especialmente tranquilizadores. Para empezar, Xavier Alkorta, el nuevo Director General del Grupo CCM, nombrado tras la destitución de Ildefonso Ortega, desempeñó anteriormente el cargo de Director General de la KUTXA junto a Jesús María Iturrioz, y esto no es irrelevante porque fue en el periodo en el que ambos ocupaban estas direcciones generales en la caja vasca, cuando la entidad materializó sus negocios con la denominada «trama vasco-malaya».

Es más, el propio Jesús María Iturrioz ―como he dicho, director general de la KUTXA junto a Alkorta― se reunió al menos en dos ocasiones con el propio Juan Antonio Roca, tal y como informó en su momento El Confidencial. El mediador de esas reuniones, según el citado periódico, no fue otro que Javier Arteche Tarascón, también imputado en una pieza separada del Caso Malaya y que aparece relacionado con Roca en los negocios que éste tenía en murcia, así como con Montserrat Corulla, quien presuntamente era la principal testaferro de Roca tanto en Madrid como en Los Alcázares.

Arteche y otros miembros de la «trama vasca» tampoco son ajenos a la provincia de Toledo y a sus alrededores. Sabemos de su presencia, como socio del arquitecto Miguel de Oriol e Ibarra, en el campo de golf de Layos (Toledo) y también está documentada la actividad de empresas relacionadas con la citada «trama» en las proximidades de Argés (Toledo) y en Aranjuez.

Cuando la relación entre la KUTXA y los implicados en el Caso Malaya saltó a la prensa, la caja donostiarra escindió alguna de las sociedades que mantenía con Arteche, Maya Galarraga, Aguirre Iguiniz, etc. y trató de borrar las huellas de la estrecha relación que le unía a estos individuos, entre otras cosas, abandonando el proyecto de la finca murciana de Lo Poyo.

Sin embargo, esa ruptura nunca fue completa como demostró Patricia López en uno de sus artículos publicado en el diario Negocio. Lo que sí coincidió en el tiempo con la aparente separación entre la KUTXA y los hombres de la «trama vasca» fue la salida de los que hasta entonces habían sido sus directores generales, a saber: Xabier Alkorta y Jesús María Iturrioz, quienes probablemente pagaron con su puesto el lavado de imagen de la KUTXA, ahora decidida a renegar de las operaciones realizadas con Roca o, mejor dicho, con elementos cercanos a Roca.

Los antecedentes, pues, inspiran intensas sospechas en lo que se refiere al nombramiento de Alkorta como director general de una Caja ―CCM― que ha resultado estar, también, estrechamente implicada en los intereses de la ―cito textualmente el Auto de imputación del Caso Malaya, de 18 de julio de 2007― «organización criminal de Juan Antonio Roca».

Los datos preocupantes no acaban aquí. Al margen del nombramiento de Gorka Barrondo como director general de la Caja, es decir, del ascenso del hombre que hasta la intervención había sido el responsable del control de riesgos de CCM, lo cual resulta un poco demasiado grotesco teniendo en cuenta a dónde han llevado a la entidad los «riesgos» asumidos; la intervención parece estar consolidando en la dirección de CCM a personas que han aparecido demasiado relacionadas con el Caso Malaya.

Así, Juan Tomás Vidal, que además de ser vicepresidente de VILLA ROMANA GOLF en Carranque (Toledo) y ex alto cargo de los gobiernos de José Bono en la consejería que entonces ocupaba Hernández Moltó, se sienta también en el consejo de administración de LAS LOMAS DEL POZUELO y de GESTIONES HERVEMU, empresas ambas del «malayo» Enrique Ventero; ha sido confirmado en la Dirección de Administración y Control de Gestión de CCM.

Me consta que en los despachos de CCM, durante los últimos meses, ha existido una viva preocupación ante la posibilidad de que aparecieran noticias que relacionaran a Juan Tomás Vidal con la Operación Malaya, pero su caso no es el único que debería preocupar y mucho a Miguel Angel Fernández Ordóñez.

En sus cargo continúa José Luis Rodríguez Holgado, también miembro de varios consejos de administración de empresas del citado Enrique Ventero y consejero ―ya lo voy adelantando― de otra sociedad estrechamente relacionada con el Caso Malaya: TRANVÍA DE PARLA S.A., pero quizás más preocupante que lo anterior es la permanencia como director de organización y sistemas de José Luis Rodríguez Romo.

Rodríguez Romo preside la sociedad LAS CABEZADAS DE ARANJUEZ en un contexto en el que coinciden Juan María López Alvarez, el socio de Roca y de Pedro Román, y Javier Arteche y otros miembros de la «trama vasca», y donde ―también lo adelanto― vuelven a aparecer juntos el Caso Gürtel, el Caso Malaya y las inversiones de CCM― pero, sobre todo, comparte consejo de administración con ese mismo Juan María López Alvarez en las mercantiles CLAUDIA ZAHARA 22 y CORTIJO DEL MORO; y esto por no hacer referencia a su relación societaria con David Marjaliza (IZEN INNOVACIÓN y ATALIA INICIATIVAS) y con el imputado tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla, Domingo Díaz de Mera.

En definitiva, que la política de Fernández Ordoñez en el caso CCM tiene todos los visos de pretender pararse en el saneamiento económico de la entidad ―con dinero público, claro está― y paralelamente ensombrecer todo lo posible aquellos elementos o indicios que llaman a escena al Código Penal.

Los consejeros de la caja ―a los que no hace ninguna gracia que se les haya señalado como los chivos expiatorios de la situación― lo saben y de ahí que astutamente adviertan al Gobernador del Banco de España y al Ministerio de Economía que la falsedad contable bien puede ser un delito, y que en los artículos 290 y siguientes de ese mismo código hay descritas conductas que deberían preocupar mucho a los directivos de la Caja, y que ellos están estudiando la interposición de acciones penales.

En el caso de Caja Castilla-La Mancha, decididamente, hay un auténtico estruendo. Por todas partes resuenan voces que repiten lo mismo: «si me hundo yo, nos hundimos todos». Entre tanto, los clientes siguen sacando sus «perras» de la Caja. Desde el 1 hasta el 21 de abril se han esfumado depósitos por valor de 519 Millones de Euros (86.354.334.000 Pts.) pero esto no es sorprendente, lo sorprendente es que aún haya alguien que tenga una cuenta en CCM.