República Catalana y República Española, la misma lucha

Vivimos un momento confuso, en el que hay republicanos que se sienten representados por la bandera tricolor, que creen que no es el momento de hablar de República porque primero hay que solucionar «lo de Catalunya», porque para ellos debe quedar claro que su republicanismo no es el de la República Catalana. Y de la misma forma, hay republicanos catalanes que dicen que «los españoles» ya construirán su república, porque ellos ya tienen la suya. Sin embargo, ambos sectores republicanos se equivocan al autoexcluirse.

Primeramente se equivocan porque sin unidad de acción republicana en todo el estado no se sumarán las fuerzas suficientes como para suponer una alternativa real al régimen del 78, que está vigente en toda España, incluida por supuesto Catalunya, tal y como se se pudo comprobar con la aplicación del artículo 155, a pesar de las múltiples dudas legales sobre cómo se aplicó. Sin unidad de acción ni Catalunya ni ninguna otra nación o región de España podrán tener nunca derecho a decidir o elegir otro orden constitucional, y queda claro que en el actual modelo tampoco está asegurada la autonomía regional, dado que depende del criterio de los partidos que gobiernen en cada momento. Independientemente de lo que pensemos de la idea de una República Catalana lo cierto es que hoy por hoy el Estado español no ha permitido su materialización, por lo que se puede decir que es un proyecto a construir, igual que la República Española de carácter federal.

Pero este no es el primer proyecto de República Catalana que existió. Quitando proyectos anteriores, la primera idea relativamente reciente de crear un Estado catalán se puso en marcha un mes después de proclamarse la I República Española, en 1873. La proclamación no se produjo finalmente al llegarse a un acuerdo con el gobierno republicano para la disolución del Ejército regular en Catalunya y su sustitución por un ejército de voluntarios. Los defensores del Estado catalán, representados por una bandera roja con seis estrellas y un triángulo con la palabra democracia, querían asegurar que la República Española que se estaba construyendo fuese de carácter federal. Sin embargo, el federalismo no llegó a asentarse nunca, pues la falta de entendimiento entre republicanos dio paso a la rebelión cantonal y a la larga eso impidió aprobar la Constitución de carácter federal, dando paso finalmente a la dictadura de Primo de Rivera.

Algo similar ocurrió en la II República. Tras unas elecciones municipales con una victoria abrumadora de las candidaturas republicanas en las capitales de provincia, el 14 de abril de 1931 se proclamó la II República Española primero en Eibar (Euskadi), y luego en otras localidades. Sin embargo, en Barcelona se proclamó «L’Estat Català», en forma de «República Catalana», que proponían integrar en una «Federació de Repúbliques Ibèriques» primero y en una «Confederació de Pobles Ibèrics» después. Tras las negociaciones con Madrid Catalunya renunciaba a su república con la promesa de que la República Española sería «federable» en un futuro, y que Catalunya mientras tanto contaría con su propio estatuto de autonomía, se constituiría la Generalitat, se lograba la oficialidad de la lengua catalana, etc. Catalunya representaba también los anhelos federalistas de Euskadi y Galiza que empezaron a trabajar por sus propios estatutos de autonomía.

Tampoco podemos olvidar la proclamación en 1934 del Estado catalán «dentro de la República Federal Española», que sucedió en un contexto de crisis por la suspensión por parte del Tribunal de Garantías Constitucionales de la ley de reforma agraria aprobada por el Parlament de Catalunya. Esta nueva proclamación pretendía renovar la idea de una relación federal de Catalunya con el resto de pueblos de España y al igual que la Revolución de Asturias fue duramente reprimida por el gobierno radical-cedista de Alejandro Lerroux. También en aquel momento se bloqueó el estatuto vasco, casi ya terminado, que solo pudo retomarse tras la victoria del Frente Popular en 1936.

Ya una vez caída la II República, desde el exilio, el ideólogo nacionalista gallego Castelao defendió una futura III República Federal Española, siempre como una alianza de federalistas y nacionalistas. A su juicio, la II República fracasó por no haber sido federal desde un primer momento, y como una de las pruebas de dicha afirmación mostraba el hecho de que la República resistiera más tiempo en aquellas regiones que contaban con mayor autonomía, principalmente Catalunya, pero también Euskadi, contando ambas con sendos estatutos de autonomía, mientras que el de Galiza había sido retrasado y finalmente impedida su aprobación por el golpe de estado franquista y la posterior guerra civil. Una vez más, la falta de entendimiento entre sensibilidades republicanas sería, pues, una de las razones de la caída de la II República.

Ya en 1977 en plena Transición se recuperaron instituciones republicanas como la Generalitat de Catalunya, antes incluso de firmarse la Constitución de 1978. Aunque aquello tuvo mucho de chantaje por parte del régimen para que se aceptase la Monarquía y sus símbolos, la disposición al pacto dentro de las fuerzas democráticas conseguiría avanzar en las libertades y derechos. También permitió que se aprobasen estatutos de autonomía similares a los de la II República, pero esta vez no hubo intención desde el gobierno central de ir hacia un modelo de estado federal y se adoptó como modelo el «estado autonómico», un estado unitario con regiones cuya autonomía y competencias ya no dependerían de un orden federal estable acordado por todos los españoles que fuese respetuoso con todas las identidades y sensibilidades nacionales, sino de los pactos entre partidos políticos estatales y regionales según conviniese en cada momento. Ello impidió por un lado afianzar una autonomía real de las nacionalidades históricas y por el otro impidió también la creación de una nueva identidad española compartida por todos los pueblos.

Y con esto llegamos a la actualidad. La impugnación del Estatut catalán por el Tribunal Constitucional, a instancias del PP, derivó en una crisis constitucional profunda. Los artículos derogados tenían que ver en varios casos con la oficialidad de la lengua catalana, que la equiparaba al castellano en algunos casos en el ámbito estatal, propuestas que deberían servir para ir hacia un modelo federal de una España plurinacional, en la que no hubiese una hegemonía cultural castellana. Ello, sumado a la crisis económica y de régimen y al empuje de las fuerzas políticas soberanistas permitió que el descontento derivase en aspiraciones constituyentes. Aquello culminó finalmente en la victoria del independentismo en las urnas y en la celebración del referéndum el 1-O, una cita en la que no participó al menos la mitad del electorado, debido a que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, pero que arrojó un altísimo nivel de participación de personas dispuestas a desobedecer el orden constitucional.

Pero que nadie se equivoque. En Catalunya no hubo una DUI (Declaración Unilateral de Independencia), en tanto que esta no se hizo efectiva y ni siquiera apareció publicada en ningún documento público. Aunque buena parte de la base social del independentismo aspiraba a algo más efectivo, la República Catalana es, igual que en 1873 y en 1931, una propuesta que parte desde Catalunya y que esperaba a un interlocutor dispuesto a acuerdos en Madrid. Sin embargo, la respuesta en forma de judicialización, con las conocidas conexiones del poder judicial con el poder político, la prisión preventiva incluso a líderes sociales y la negativa a aplicar la justicia europea a los dirigentes catalanes que no confían en un juicio justo en España, son los que nos deben permitir hablar claramente de presos políticos sin ningún matiz. No solo no se abordaron los problemas que se plantearon con el Estatut de Catalunya y las aspiraciones soberanistas de la sociedad catalana, en una clara dejación de funciones por parte de los poderes centrales del Estado, sino que ahora se pretende reprimir brutalmente las consecuencias de su inacción. Tampoco desde las fuerzas políticas de ámbito estatal se apoyó con total claridad un proyecto federalista concreto, más allá de pura retórica.

Sin embargo todo el conflicto en Catalunya está pasando factura a las instituciones del régimen del 78. Los varios varapalos judiciales de la justicia europea dejan en evidencia al poder judicial de España, también en entredicho por su papel en otros casos como la investigación de corrupción en los que se inhabilitó a los jueces, el juicio al Franquismo que se saldó con la inhabilitación del magistrado que lo impulsaba, el juicio por el caso Nóos en el que la infanta salió indemne o el cambio de criterio por la presión de los bancos respecto a quien debe asumir el pago de impuestos de las hipotecas. Y de forma especial la sociedad valora de manera negativa el papel de Felipe VI en el conflicto catalán tras su discurso del 3 de octubre, en el que justificó la represión y la brutalidad que sufrieron multitud de ciudadanos que acudían a votar a los colegios electorales. De la misma forma, se puede vislumbrar un bloque centralista y regresivo formado de manera clara por PP, C’s y Vox, y en la práctica también por el PSOE-PSC, a pesar de su retórica federalista.

Hoy el escenario político republicano debe seguir avanzado y eso no será posible sin un mayor entendimiento entre las diferentes sensibilidades. Debemos aprender de errores del pasado. En Catalunya parece haber diferencias dentro del independentismo, en el que hay sectores que defienden hacer efectiva la República Catalana, aún sin tener realmente el poder para imponer su modelo. En España, en cambio, se abren varias reivindicaciones federalistas, pero algunas de ellas únicamente como contraposición al independentismo catalán y solo suponen un parche al modelo autonómico, sin cambios sustanciales de fondo, llegando incluso a no cuestionar a la propia Monarquía ni al centralismo cultural castellano.

Urge superar estas divisiones y construir unidad de acción republicana frente el régimen del 78 y el primer paso para ello es entender dos puntos muy concretos:

1. Apoyar la República Catalana o más concretamente el republicanismo catalán no implica necesariamente apoyar el independentismo. Al contrario, apoyar desde posiciones federalistas ayuda a ampliar el movimiento y a construir republicanismo en todo el estado, que a la larga evolucionaría hacia un modelo federal si hay voluntad de las partes.
2. Apoyar la República Española no implica necesariamente rechazar el derecho a decidir de Catalunya. Muy al contrario, si se reconoce el derecho de autodeterminación y se defiende la adhesión voluntaria de los pueblos de España entonces todos tenemos cabida.

Es una buena noticia que partidos de diferentes tendencias estén apoyando iniciativas solicitando la abolición de la monarquía, en ayuntamientos como Barcelona o Iruña/Pamplona. También es buena noticia que haya bastante unanimidad en denunciar la existencia de presos políticos, aunque falta más claridad y acción en su denuncia por parte de las fuerzas de ámbito estatal. Las múltiples iniciativas en la sociedad civil que reclaman la convocatoria de un referéndum sobre el modelo de estado (Vallekas 23J, Vicálvaro 24N, UAM el 29N, distritos y pueblos de Madrid el 2D, Gure Esku Dago en Euskadi), iniciativas que son similares a las consultas no vinculantes que precedieron al 1-O catalán, evidencian que hay una voluntad amplia en la sociedad de cuestionar el modelo de estado actual y que esta no es una reivindicación aislada de determinados territorios o partidos políticos, sino una aspiración compartida en los diferentes pueblos de España y que debe coordinarse para poder llegar a buen puerto.

También es positivo el Encuentro Estatal Republicano, que se celebrará mañana 10 de noviembre en Madrid, que puede ayudar a construir un referente realmente amplio y plural para la República Española. En ese sentido es positivo el amplio número de adhesiones que ha tenido.

Entendámonos pues, entre republicanas y republicanos.