Miguel Angel López Toledano, ex director general de urbanismo de la Comunidad de Madrid, podría estar implicado en el caso Astapa

Ya ha aparecido relacionado con la fundación Metrópoli en Aranjuez y también fue el redactor del proyecto del aeropuerto de Ciudad Real y del Plan General de Illescas

Hace un tiempo, en un artículo dedicado Petra Mateos Aparicio y a los tentáculos de la operación Malaya en Aranjuez, encontramos al ex director general de urbanismo de Madrid, Miguel Angel López Toledano, relacionado con la Fundación Metrópoli encabezada por Alfonso Vegara Gómez, un hombre sólidamente asociado a los miembros de la trama vasco-malaya y también, como acabamos de saber, a personajes vinculados a la operación Pretoria.

En Aranjuez, el nombre de López Toledano apareció relacionado con negocios que CCM e ISOLUX-CORSAN, esta última presidida por Luis Delso, pretendían poner en marcha en esa misma localidad madrileña; concretamente en el PAU de las Cabezadas, en relación con el cual también intervenía la fundación de Alfonso Vegara, presente en el consejo de administración de ARANJUEZ ECOCIUDAD INTELIGENTE, donde coincidía con Petra Mateos, con Juan María López Alvarez (socio de los “malayos” Roca y Pedro Román) y con José Antonio Alonso Conesa, ex alcalde de Cartagena.

Ahora, tras el levantamiento del secreto sumarial de trece de los tomos que componen las previas del caso Astapa, el ingeniero López Toledano podría estar implicado en los hechos que han llevado al alcalde de Estepona a la cárcel.

Toledano y el caso Astapa.

El día 25 de junio del 2007, a las 18:48 horas, la policía interceptó una conversación entre Antonio Barrientos González, entonces alcalde de Estepona, y Patricia Rojo, hija del Presidente del Senado y que también tenía el puesto de representante del PSOE en la gerencia de urbanismo de la localidad malagueña:

Patricia: Le han dicho que has estado en Brunete, que le llamó a Juan, Raul y le dijo que estabas por allí, y por eso lo sabe.

Antonio: Le dice que el año que viene se hace aquí, que ha estado en El Larguero, una finca que tiene José Ramón (¿de la Morena?) allí, que si la hacen en allí (Estepona) está en la cárcel. Tiene un límite, tiene una parcela de 25.000 metros, tiene invernadero, cerezos, pista de padel y se está haciendo una mansión de 2.000 metros cuadrados, y tiene una casa agrícola y ya sabes, tiene una casita agrícola de 2.000 metros cuadrados vinculados a la explotación agrícola. Luego le pregunta si se acuerda cuándo estuvieron los de URBACEIS (sic) que querían aumentar de densidad de vivienda por la zona…

Patricia: Le dice que sí, que la documentación la tiene Tacho (el arquitecto municipal de Estepona) que si no está en su despacho.

Antonio: Le dice que allí hay dos cosas, nada más.

Patricia: Le dice que le diga que llame mañana que no se acuerda cuál es el sector, que lo dejó encima de la mesa.

Antonio: Le pregunta qué problema tenía eso.

Patricia: Le dice que querían aumentar la densidad, pero comercialmente no les interesaba, pero no se podía montar jurídicamente, que iban a venir abogados de Madrid, y dijeron que lo estudiarían.

Antonio: Si, ya, que vino Toledano que era gerente de urbanismo de Madrid.

Miguel Angel López Toledano no ha sido “gerente de urbanismo” de Madrid, pero sí Director General del ramo durante los gobiernos de Leguina. Por otra parte, en los registros mercantiles no consta ninguna sociedad denominada “URBACEIS”. Por el contrario, la que sí consta en dichos registros y en otros lugares del sumario Astapa, es URBASEVI, acrónimo de URBANIZADORA SEVINOVA, constructora originada en el municipio madrileño de Sevilla la Nueva y que también opera habitualmente en la localidad vecina de Brunete, de modo que todo indica que la inexistente URBACEIS es en realidad la existente URBASEVI, ligeramente deformada por la prosodia malagueña de Barrientos; la cual tiene importantes intereses en Estepona.

URBASEVI y el caso Astapa.

La mercantil URBANIZADORA SEVINOVA y Miguel Angel Rosa Rodríguez, hijo de Miguel Rosa Morán, aparecen repetidamente en los tomos del sumario Astapa que se conocen hasta este momento. Así, por ejemplo, en el Tomo II; en el Tomo III págs 147, 343, 463 o 653; en el Tomo VI págs 55, 239, 647 y 831; en el Tomo VII pags. 241 y 243 etc.

En el Tomo VII de las Previas 1030/2007, es decir, del sumario Astapa, consta un informe de la UDEF Central-Brigada de Blanqueo de Capitales. En la página 119 de ese informe, página 241 del Tomo, hay un apartado titulado “Contraprestaciones económicas efectuadas por Miguel Angel Rosa Rodríguez”. En él se lee que este tal Miguel Angel Rosa “es representante de la mercantil URBANIZADORA SEVINOVA S.A. perteneciente la grupo inmobiliario URBASEVI PROMOCIÓN INMOBILIARIA, con intereses urbanísticos en la localidad de Estepona”.

A continuación se añade que: “a pesar de que en el momento de producirse las conversaciones que se mencionan a continuación el Ayuntamiento tenía una enorme deuda que pudiera ascender a los 100 millones de euros, la financiación para determinadas actividades continuaba produciéndose, como un campeonato de tenis cuyo coste asciende a 120.000 €… El cual es patrocinado por el grupo inmobiliario URBASEVI PROMOCIÓN INMOBILIARIA, contando entre sus empresas con URBANIZADORA SEVINOVA SA (CIF A80797749) y cuyo representante es Miguel Angel Rosa Rodríguez, y con el cual mantienen reuniones al parecer de carácter urbanístico… Como se desprende de las conversaciones telefónicas mantenidas entre el citado Miguel Angel y Antonio Barrientos González, en las que conciertan una reunión para el día 27/7/07 a la que asistirían probablemente Rafael Antonio Duarte Martínez, concejal de urbanismo e Ignacio de la Hoz Pérez-Pla (Tacho) arquitecto municipal”.

“Se ha comprobado ―continúa el informe de la Brigada de Blanqueo― que esta empresa tiene en proyecto un conjunto de 653 viviendas colectivas en Estepona, llamado “Señorío del Retiro”, por lo que de igual forma dicha empresa podría estar esperando algún tipo de contraprestación por parte del Ayuntamiento”.

“La empresa URBASEVI cerró el patrocinio de un campeonato de fútbol para niños, solicitando seis días más tarde Miguel Angel Rosa Rodríguez que Antonio Barrientos González intercediera ante el alcalde de la localidad de Mijas respecto al expediente 171/07”.

En el Tomo XII consta otra conversación entre Miguel Angel Rosa y Barrientos mantenida el 27 de septiembre del 2007 a las 18:51:

Antonio Barrientos: Le pregunta cómo le van las cosas.

Miguel Angel Rosa: Le dice que bien.

Antonio: Le dice que el mes que viene hace lo del congreso mundial de noticias y que es un buen marco publicitario, mucho mejor que lo otro y que están entrando muchas empresas con pequeñas aportaciones.

Miguel: Le pregunta cómo va su tema, que tiene que tirar para adelante.

Antonio: Le dice que ha estado hablando con Rafa (Rafael Duarte, concejal de urbanismo) y que si que cree que se pueda tirar para delante.

Miguel: Le dice que si eso, se ven la semana que viene.

Pero a 10 de diciembre de 2007, “lo suyo” de Miguel Angel Rosa Rodríguez todavía no ha tirado para adelante. En esa fecha la policía intercepta varios SMSs enviados por Rosa a Barrientos. El de las 11:23 dice:

“Antonio. Voy para Mijas, mira si puedes hablar con alcalde y que me reciba 2 minutos. Llevamos mucho tiempo LPO y necesito que me ayudes. Tengo clientes de”

Segundos después Miguel Angel Rosa envía otro SMS:

“uñas y los tiempos… Expt 171/07. Llegaré Ayto 12:30h. Un abrazo y gracias. Miguel Angel Rosa. Urbasevi”

El mismo día, a las 13:07 Barrientos llama a Rafael Duarte, el concejal de urbanismo de Estepona y toma ciertas medidas de seguridad para que la conversación no sea escuchada:

Antonio Barrientos: Le dice que le han entrado esta mañana mensajes de hace una semana, luego le pregunta que si puede hablar.

Rafael Duarte: Le dice que tiene gente cerca.

Antonio: Le dice que se separe, que le tiene que comentar una cosa… Le dice que le ha llamado el de URBASEVI y que le ha mandado un sms en el que pone algo de un expediente, algo de una cita a las 12:30 y le pregunta que si él le ha dado cita y le pregunta que si él ha solicitado algo de la licencia de obra.

Rafael: Le dice que no, que él no sabe nada”.

Así que, en resumen, URBASEVI tiene intereses urbanísticos en Estepona. En relación con esos intereses está tratando de conseguir un aumento de densidad, asunto del que se están ocupando Patricia Rojo, una de las hijas del actual Presidente del Senado y “Tacho” el arquitecto municipal. También, respecto a ese aumento de densidad, que “no se puede montar jurídicamente”, se espera en Estepona la llegada de los abogados de URBASEVI, hecho que le hace recordar a Barrientos que respecto a ese asunto ya había estado “Toledano, que era gerente de urbanismo de Madrid”.

También sabemos, por las conversaciones intervenidas, que URBASEVI patrocina competiciones deportivas organizadas por el Ayuntamiento y que el propio Miguel Angel Rosa Rodríguez solicita favores a Barrientos para desbloquear “su tema” porque tiene “clientes de uñas”, y para que le facilite entrevistas con el alcalde de Mijas.

Finalmente, sabemos que la Brigada de Blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal está investigando la correlación que pueda existir entre los negocios inmobiliarios de URBASEVI en Estepona y aledaños, y las “aportaciones económicas” hechas por esta empresa al Ayuntamiento dirigido por el detenido Barrientos.

Miguel Angel López Toledano y el Grupo URBASEVI

Por otro lado, Miguel Angel López Toledano aparece con anterioridad inequívocamente relacionado con URBASEVI. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº 262 de 10 de noviembre de 2005 publicó un convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva y URBANIZADORA SEVINOA S.A. para “el desarrollo y ejecución de los sectores SAU 5 del núcleo urbano tradicional y SAU 8 de «Los Manantiales».

El convenio urbanístico se había firmado en mayo de 2003 por el entonces alcalde, Juan Antonio Teresa Villacieros y por Miguel Rosa Morán, dueño de URBASEVI y se da la circunstancia de que para esas fechas el tal Juan Antonio Teresa ya tenía varios asuntos pendientes con la Justicia.

Teresa había formado parte del equipo de gobierno de Angel Batanero, un sujeto que se mantuvo al frente del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva durante veinte años, hasta 1999. A partir de una moción de censura presentada en 2001 que tuvo éxito gracias al apoyo de un tránsfuga del PSOE, la situación se invirtió, pasando Teresa a la Alcaldía y Batanero a su equipo de gobierno.

El día 17 de septiembre del 2002, El Mundo titulaba: “La Fiscalía se querella contra el ex alcalde del PP de Sevilla la Nueva”, es decir, contra Batanero. Según esa noticia “La Fiscalía de Madrid ha presentado una querella por prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias contra Angel Batanero, actual edil de educación y ex alcalde de Sevilla la Nueva… También se le imputa falsedad de documento público y negociaciones prohibidas a causa de las graves irregularidades urbanísticas supuestamente cometidas entre 1993 y 1999”.

En el contexto de esa investigación, el Juzgado nº 1 de Navalcarnero ordenó a la Guardia Civil el registro del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva y de varias agencias inmobiliarias de Brunete, así como la intervención de la documentación de la inmobiliaria del propio Batanero.

La querella de la Fiscalía se refería a la moción de censura que dio la alcaldía a Teresa, diciendo que “parece que tuvo como único fin conseguir el control de las decisiones municipales a los efectos del favorecimiento de los intereses privados urbanísticos”.

Más adelante, en la querella del Fiscal se lee: “el equipo de gobierno ―encabezado por Juan Antonio Teresa Villacieros y del que, como concejal, seguía formando parte Batanero― elegido tras la sesión del primero de septiembre de 2001 ―la de la moción de censura― se aplica a beneficiar los intereses urbanísticos privados tolerando expresamente que se ejecute el desarrollo de la UE 20 sin establecer el régimen de protección pública que establecía la ficha urbanística”.

La Fiscalía continuaba argumentando que el propio Batanero participó en las decisiones municipales sobre la actuación urbanística a pesar de ser su propia inmobiliaria la que construía las viviendas. Relata, también, la presunta “entrega” de un parque público a otro constructor: Valentín Sagarduy y el presunto enriquecimiento privado de Batanero “vinculado a un levantamiento de cargas hipotecarias” producido a partir de la moción de censura.

Sin embargo, no acaban aquí las andanzas de Juan Antonio Teresa. Durante la investigación de la promotora de Angel Batanero, la Guardia Civil, en un informe sobre los presuntos delitos cometidos por éste, hizo constar la intervención de documentación referida a la empresa EUROHOLDING, propiedad de Francisco Bravo Vázquez.

Este Francisco Bravo Vázquez fue el mismo que admitió haber reservado dos habitaciones de hotel para los tránsfugas Eduardo Tamayo y Mª Teresa Sáez, protagonistas del “Tamayazo” en la Comunidad de Madrid.

El día 16 de junio del 2003, El País, haciendo referencia a este hecho, añadía que “el mismo promotor ―Francisco Bravo Vázquez― propuso hace unos días al secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, una operación política para quitar al PSOE una alcaldía… El promotor… llamó a Romero de Tejada para decirle que quería presentarle a un concejal independiente de Sevilla la Nueva dispuesto a hacerse con la alcaldía, pese a que la fuerza más votada en esa localidad es el PSOE”.

Al día siguiente, el 17 de junio, el mismo periódico ya había descubierto quién era el concejal que le fue presentado a Romero de Tejada por el constructor Bravo Vázquez: “Ricardo Romero de Tejada trató sobre un posible pacto para arrebatar la alcaldía de Sevilla la Nueva al PSOE con el concejal independiente Juan Antonio Teresa, al que el partido había expulsado dos años antes por apoyar una moción de censura contra el hoy portavoz del PP en ese Ayuntamiento. Teresa presidió el equipo de Gobierno desde 2001, del que formaba parte Batanero ―alcalde del PP entre 1981 y 1999, cuyas decisiones urbanísticas han motivado una querella de la Fiscalía de Madrid contra dicho equipo en pleno”.

Por último diré que en marzo de 2009 la Audiencia Provincial de Madrid condenó al tal Juan Antonio Teresa a 6 meses de cárcel y tres años de inhabilitación por un delito de coacciones contra la concejal socialista Concepción Rojas Rubio, a la que ordenó detener tras percatarse de que dicha concejal estaba fotocopiando documentación relativa a las normas subsidiarias del pueblo.

Pues teniendo esto en cuenta, volvamos al convenio urbanístico firmado por Teresa con el dueño de URBASEVI y, en concreto, a la adenda que se aprueba en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla la Nueva el día 7 de abril del 2005, con Pilar Barroso Belvís como alcaldesa y con Juan Antonio Teresa ya fuera de la alcaldía.

Según esa adenda URBASEVI afirmaba que “teniendo en cuenta la desestimación del recurso de alzada contra la resolución de la Comunidad de Madrid de fecha 14 de juni de 2004… y en definitiva, puesto que el Ayuntamiento y URBASEVI están interesados en superar las diferencias de criterio que mantienen respecto al desarrollo de los SAU 5 y 8, deseando establecer un nuevo marco para la gestión urbanística de los mismos…”

Es decir, entre la nueva corporación y URBASEVI existían “diferencias de criterio” y esas “diferencias” incidían en la “valoración del suelo de cesión para redes públicas” y la “valoración de las unidades de aprovechamiento para la compensación económica” que, claro está, afectaban directamente en el dinero que debía recibir el Ayuntamiento de la promotora URBASEVI.

Resulta que tanto la Dirección General del Suelo de la CAM como los propios servicios técnicos del Ayuntamiento hicieron valoraciones de ese suelo de cesión considerablemente superiores a las previstas en el convenio firmado entre URBASEVI y Juan Antonio Teresa.

La valoración del suelo de cesión para redes públicas que había hecho la Dirección General del Suelo de la CAM para el SAU 8 fue de 38,71 €/m². La valoración hecha por los servicios técnicos del Ayuntamiento, tanto para el SAU 5 como para el 8, fue de 38,15 €/m². Por el contrario, la valoración prevista en el convenio original firmado por el citado Teresa, era de 20,49 €/m² para el SAU 5 y de 33,59 €/m² para el SAU 8.

En lo que se refiere a la valoración de las unidades de aprovechamiento para la compensación económica, las diferencias también eran notables. En el convenio firmado por Teresa, el valor de la unidad de aprovechamiento del SAU 5 era de 137,67 €/Unidad de ejecución y el del SAU 8 de 110,91 €/Unidad de ejecución. Esas cantidades tras la firma de la Adenda acabaron siendo de 248,19 y de 199,95 €/Unidad de ejecución, respectivamente.

Pues bien, se produce la notable coincidencia de que las valoraciones previstas en el convenio firmado por Juan Antonio Teresa Villacieros eran obra ―pues así consta en la adenda citada― del “ingeniero de caminos don Miguel Angel López Toledano”.

Otros trabajos del ingeniero Miguel Angel López Toledano: el Plan General de Illescas y el aeropuerto de Ciudad Real.

El día 23 de octubre del 2008 escribía en este blog lo siguiente: La noticia de las extrañas circunstancias que rodean a GESCOAR ASESORES (CIF: B83783472) Sociedad que ha cobrado 360.000 € por la redacción del POM de Illescas, ha saltado a la luz a partir de la denuncia expuesta por la PLATAFORMA CIVICA DE LA SAGRA. Según esta asociación y según los datos que constan en el Registro Mercantil, la empresa se constituyó sólo 17 días antes de la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Illescas -Presidido por Tofiño– del pliego de condiciones relativo a la licitación del POM. Su capital fue el mínimo legal exigible y no consta ningún otro patrimonio a su nombre ni, tampoco, que tenga contratado personal alguno. Así mismo, esta sociedad, según las cuentas registradas, carecía de ingresos, y su saldo en el ejercicio 2004, año en que tuvo que depositar la garantía correspondiente a la adjudicación del concurso público, ascendía a 2.715 €.

Las vivas sospechas se acentúan aún más si se tiene en cuenta que la sociedad en cuestión trasladó su domicilio desde la C/ La Diligencia, número 4 de la barriada de Entrevías de Madrid hasta la Cañada Real de Merinas, un asentamiento chabolista de Illescas; que carece de cualquier experiencia en el sector; y que su plica era la más cara de las presentadas al concurso.

Además de todo esto, resultó que la extraña entidad GESCOAR ASESORES estaba relacionada con CCF-21 empresa de los testaferros de Roca, Carlos Sánchez ―hombre al que se atribuye la frase: “todos los días se levanta un tonto dispuesto a que le roben su solar. Busquemos a ese tonto”― y Andrés Lietor.

Por aquel entonces, fuentes bien informadas de Illescas manifestaron a Notitia Criminis sus sospechas de que tras la mercantil GESCOAR, en realidad estubiera la empresa EQUIPO REDACTOR MALT, es decir, el ingeniero Miguel Angel López Toledano, sin embargo, demostrar eso mientras en Illescas no haya un Juez dispuesto a ordenar media docena de registros es algo que raya con lo imposible.

A pesar de ello, resulta que el propio señor López Toledano tiene manifestada su participación en los planes urbanísticos de Illescas. López Toledano es uno de los “expertos” que trabajan para la mercantil LR FORENSIC y en el currículum que esta empresa presenta de su experto en urbanismo afirma que entre los trabajos que ha desarrollado está la redacción del Plan General de Illescas.

En cuanto al aeropuerto de Ciudad Real, donde confluyen nombres tan señalados como Domingo Díaz de Mera o Antonio Miguel Méndez Pozo que ya sabemos que estuvo en prisión condenado por el caso de la construcción de Burgos; y que se ha convertido en una de las principales causas de la quiebra de CAJA CASTILLA-LA MANCHA, no es necesario repetir ahora todo lo dicho, pero a estas alturas ya no sorprenderá al lector descubrir que la redacción del proyecto fue encargada a EQUIPO REDACTOR MALT, esto es, a Miguel Angel López Toledano.