Ana Guarinos exige que se investiguen con el mismo rigor que Gürtel los casos de presunta corrupción de Carranque, Seseña y CCM

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El pasado día 8 el informativo regional del canal 1 de Televisión Española se hacía eco de unas declaraciones en las que Ana Guarinos exigía que se investigaran con rigor los casos de presunta corrupción en Carranque, Illescas, Seseña, todas localidades de Toledo, así como los hechos que llevaron a la quiebra de Caja Castilla-La Mancha.

Previamente, Jesús Gregorio Fernández Vaquero, se había apresurado, tras el levantamiento del secreto del sumario, a afirmar que “ocho folios del sumario Gürtel se han escrito en Castilla-La Mancha”. No es cierto, hay más folios en el sumario Gürtel ―al que ha tenido acceso Notitia Criminis― que afectan a Toledo, aunque como se irá viendo, no en el sentido que más le gustaría al «bonismo» manchego.

De todas formas, lo que parece poco discutible es que Fernández Vaquero no era el hombre más adecuado para dar inicio a las hostilidades y eso que quedó claro cuando el PP toledano emitió un comunicado en el que «se mostró sorprendido en concreto de la “desvergüenza” del vicesecretario provincial del PSOE, Jesús Fernández Vaquero, que ―en su opinión― antes de hablar “debería mirarse en el espejo, porque todavía la sociedad se pregunta que ocurrió en el escándalo urbanístico de Seseña, donde su papel fue esencial”»

El otro caso de corrupción o de presunta corrupción al que se refería Ana Guarinos es el de Carranque (Toledo) el cual sigue su curso en los colapsados juzgados de Illescas. Los hechos que han acabado con el alcalde de Carranque, Alejandro Pompa Mingo, con varios concejales de su equipo de gobierno y con el que ahora se titula pomposamente «vicepresidente» del Grupo PEYBER, el aparejador municipal honorario del Ayuntamiento, Jesús María G. Peinado; imputados por diversos delitos de corrupción, comenzó a salir a la luz a principios de 2007 con una denuncia relativa a la permuta de un terreno entre el Ayuntamiento y una empresa del auxiliar administrativo de la Corporación y “amigo íntimo” del alcalde Pompa, Ernesto Rodríguez Cubas.

Sin embargo, la situación alcanzó una dimensión superior cuando a mediados de marzo de 2007 IU de Toledo convocó un rueda de prensa en la que hizo pública su intención de denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción, una trama urbanística que afectaba a la Diputación de Toledo, a los Ayuntamientos de Carranque e Illescas y al grupo inmobiliario PEYBER.

Los hechos más relevantes que se incluían en esa denuncia ―cuyo texto se puede descargar desde aquí ― eran los relativos a la concesión del PAU del campo de golf de Carranque a una empresa formada por PEYBER y por CCM; a la concesión a PEYBER de la construcción de una casa de la cultura en Carranque cuyo presupuesto inicial de 3.594.900 €, se aumentó luego ―según estimación de los denunciantes, en contra de los límites legales y sin licitación pública― en 1.577.129,49€; a la participación en estos hechos de Ernesto Rodríguez Cubas, “funcionario de confianza” y, como afirmó en documento oficial el Secretario del Ayuntamiento, “amigo íntimo” del alcalde Pompa; y a la adjudicación hecha por la Diputación de Toledo de una contrata superior a los 27 Millones de € a CONCESIONARIA BERVIA, una empresa formada por COPCISA y por los propietarios de PEYBER, socios del hijo del presidente de esa Diputación, José Manuel Tofiño Pérez.

La denuncia, presentada la semana siguiente a la celebración de la citada rueda de prensa, fue archivada con una considerable celeridad. El día 10 de mayo de 2007, es decir poco más de un mes después de su presentación, la Fiscalía de Toledo hacía pública una escueta nota ―que se puede descargar desde aquí― dando por cerrado el caso.

Según el mencionado escrito, la denuncia se archivaba porque contenía “imputaciones poco concretas y de escaso contenido penal”, lo cual es una afirmación que no puede dejar de sorprender ya que lo que se pedía a la Fiscalía era la investigación de unos hechos que ella misma reconocía que tenían “contenido penal”, fuera este abundante o escaso, y aunque fuera cierto que ese contenido penal era “escaso” a priori, tras la investigación ―que nunca se hizo― éste bien podría haber llegado a ser abundante o incluso, muy abundante.

La denuncia no tenía por qué aportar pruebas de cargo suficientes para fundamentar una condena ―porque la Fiscalía no sentencia, sólo investiga y en su caso, acusa― sino indicios de posibles delitos y eso sí que lo hacía como reconoce el propio escrito del Fiscal al asumir que los hechos denunciados tenían “contenido penal”, aunque inicialmente éste pudiera parecer “escaso”.

En el punto 4º del escrito también se hace referencia a las “supuestas incompatibilidades de antiguos funcionarios del Ayuntamiento de Carranque”, las cuales no se investigaron porque éstas “yan han sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía y del Juzgado de instrucción nº 2 de Illescas (previas 2094/2006 en las que este Mº Fiscal recurrió el Auto de inadmisión de la querella).

Esto es absolutamente cierto, pero en este punto la Fiscalía olvidaba que la participación presuntamente delictiva de esos funcionarios denunciada por IU se refería a hechos distintos e incluso a sujetos distintos a los incluidos en las diligencias que instruía el Juzgado nº 2 de Illescas.

Ese Juzgado veía y ve la causa relativa a la permuta de unas parcelas entre el Ayuntamiento de Carranque y una de las empresas de su funcionario Ernesto Rodríguez Cubas. Por el contrario, en la denuncia de IU se incluía a Ernesto Rodríguez Cubas por su participación en los presuntos delitos cometidos durante la tramitación y adjudicación del PAU del campo de golf de Carranque y, además, a Jesús María Gallego Peinado, aparejador municipal del Ayuntamiento y socio de PEYBER, adjudicataria junto a CCM del citado PAU, que nada tenía que ver con las diligencias instruidas en el Juzgado nº 2 de Illescas.

En el punto 5 de la nota de la Fiscalía y refiriéndose a la relación entre el presidente de la Diputación de Toledo, José Manuel Tofiño Pérez con BERVIA, la empresa a la que esta Diputación adjudicó un contrato de más de 27 Millones de €, se dice que “ni se ofrecen datos concretos de conductas ilícitas, ni de porqué se debe relacionar el hijo del Sr. Tofiño con la empresa concesionaria”.

Sin embargo, en la denuncia de IU quedaba sobradamente documentado y acreditado que la Diputación que preside José Manuel Tofiño Pérez había adjudicado un contrato de más de 27 Millones de € a una empresa ―CONCESIONARIA BERVIA― propiedad de los socios de su hijo, el joven con los estudios recién acabados entonces, José Manuel Tofiño Arrogante.

En este hecho, no cuestionable porque como he dicho está acreditado por los boletines oficiales y por el Registro mercantil, la Fiscalía no consiguió ver ninguna relación entre la concesionaria y el presidente de la institución concedente, pues a su parecer un hijo no es eslabón lo bastante sólido como para relacionar ambos extremos.

Posiblemente, por ese mismo motivo, consideró que no se especificaba ninguna conducta presuntamente delictiva, pero lo cierto es que los dueños del Grupo PEYBER crearon, coincidiendo en el tiempo con la tramitación de la contrata que luego les fue adjudicada a través de una de sus personalidades jurídicas; la mercantil SISTEMAS ARQUITECTÓNICOS Y URBANÍSTICOS, en la que estos participaban con un 50% y el hijo del Presidente Tofiño, con un 40%.

A juicio de los denunciantes ―y al mio también― estos datos eran intensamente sospechosos y podían constituir un delito de tráfico de influencias, pues qué duda cabe de que un hijo tiene una poderosa influencia sobre un padre y viceversa, pero también debían ser investigados porque podrían ser constitutivos de otro delito de cohecho ya que el hijo del Presidente Tofiño se asocia, nada más acabar sus estudios de arquitectura, a un grupo inmobiliario consolidado ―PEYBER― y eso bien podría ser una dádiva en especie aún en el caso de que la mercantil SISTEMAS etc. no hubiera llegado a tener actividad como aseguraban sus socios y el propio Tofiño, pues en sí mismo representa una enorme ventaja que además constituye un concepto contable al que en los balances se le asigna valor monetario: el llamado “fondo de comercio”.

Por otro lado, en el punto 6º de la Nota de la Fiscalía se lee que “en cuanto a supuestas irregularidades administrativas” se considera que éstas no han superado la frontera que separa la jurisdicción Contencioso-Administrativa de la Penal ya que el delito de prevaricación “exige no una mera infracción, sino una actuación de voluntad consciente de menospreciar la Ley a costa de cualquier propósito”.

Así, por ejemplo, el Fiscal no apreció voluntad consciente de menospreciar la Ley cuando el Alcalde Pompa, consciente de lo que decía y advertido de la ilicitud por el Secretario del Ayuntamiento, respondió a la denuncia de la situación de incompatibilidad del funcionario Ernesto Rodríguez Cubas hecha en el Pleno del Ayuntamiento, diciendo que éste “fuera de las horas de trabajo podía hacer lo que quisiera”.

Tampoco se percibió voluntad consciente de menospreciar la Ley en el acto de apertura de plicas del PAU del campo de golf de Carranque, a pesar de que esa ilicitud había sido advertida formalmente al alcalde por el Secretario del Ayuntamiento y denunciada por la oposición; ni en la falta de notificación a propietarios afectados; ni en el hecho de que la operación se enmascarara mediante una sociedad con nombre equívoco ―AGRICOLA SAGRA-MANCHEGA― y objeto social falso ―el de las actividades agrícolas― cuando consta documentalmente que tanto el alcalde como los concesionarios del PAU tenían ciencia sobrada de cuál era el destino de ese suelo y la finalidad de esa mercantil.

Tampoco se consideraron hechos dignos de ser investigados el enriquecimiento inexplicable del funcionario Rodríguez Cubas que con un sueldo de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Carranque, consiguió acumular en las seis sociedades que constaban a su nombre no menos de 65 propiedades inmuebles ―la lista se puede descargar desde aquí― que juntas sumaban más de 43.000 m², en su práctica totalidad de suelo ya urbanizado; ni en el no menos sorprendente enriquecimiento del actual “vicepresidente” del Grupo PEYBER, que con la nómina de “aparejador municipal honorario” del citado Ayuntamiento ha llegado a convertirse en el propietario de PEYBER en pie de igualdad con los otros dueños, los Díaz Bermejo.

En ninguna de estas cosas ni de las demás mencionadas en la denuncia, se percibió voluntad consciente de menospreciar la Ley o indicio alguno de delito, pero todas ellas tenían una virtud común: siempre, la “irregularidad” administrativa favorecía manifiestamente a la empresa del aparejador municipal, “íntimo amigo” de Pompa, al funcionario Rodríguez Cubas, también amigo íntimo de Pompa, y a CCM.

Por esto, desde aquí sólo puedo sumarme a la exigencia de Ana Guarinos, aunque ésta llegue tarde, de que la Fiscalía despliegue en Castilla-La Mancha el mismo celo investigador que en el caso Gürtel, más cuanto que hay que recordar que la operación Gürtel comenzó a partir de unos hechos de relevancia no muy distinta a los de Carranque o Illescas.

Pero es que además, desde que IU presentó su denuncia, lo que se ha conocido de la provincia de Toledo es realmente preocupante: tenemos aquí a los principales protagonistas de la operación Malaya (caso de la finca de Bargas); tenemos al malayo Javier Arteche (caso del campo de golf de Layos); sabemos que CCM financió con no menos de 200 Millones de € a la organización criminal de Roca; sabemos que al menos dos altos cargos de los gobiernos de Bono (Juan Tomás Vidal y Julio Rodríguez Arauzo) aparecen relacionados con presuntos delincuentes imputados en el caso Malaya, el primero además, en representación de CCM; sabemos que un imputado en la operación Malaya y presunto miembro de la mafia calabresa, la ‘Ndrangheta, una de las organizaciones criminales más pujantes en el continente europeo, pagó más de 700.000 € al ex alcalde de Seseña que aprobó el PAU del Pocero; sabemos que varios de los socios de CCM, que a su vez son sus mayores deudores y no poco responsables de su quiebra, están imputados a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla; sabemos que la empresa adjudicataria de la redacción del POM de Illescas, domiciliada en una barriada chabolista de esa localidad, está relacionada con CCF-21, la empresa de los “malayos” Carlos Sánchez y Andrés Lietor…

Sabemos, en definitiva, demasiadas cosas y todas ellas escalofriantes, pero lo que no sabemos es de ninguna iniciativa de la Fiscalía en Castilla-La Mancha, que impulse la investigación de hechos tan preocupantes como estos. Es más, ha tenido que ser el Juzgado de instrucción nº 5 de Marbella, el que instruye las diligencias del caso Malaya, el que diera orden a la UDYCO para que investigara las conexiones de las tramas castellano-manchegas con la corrupción marbellí.

No obstante, puede que me equivoque, puede que esa investigación sí exista y se esté desarrollando con la discreción que la gravedad del caso requiere. Espero que sea así, porque ya es imprescindible para la salud de la cosa pública descubrir qué hay bajo la sonriente realidad oficial de Castilla-La Mancha.