Emilio Sanz y Rosa Romero, ex consejeros de CCM, dispuestos a denunciar a Hernández Moltó y a sus directivos ante la Fiscalía

El diario El Mundo publica hoy la noticia del envío de una carta al Banco de España por parte de los ex consejeros de CCM, Emilio Sanz y Rosa Romero (en la foto junto a Moltó y los demás) en la que aseguran que Hernández Moltó y los directivos de la Caja les ocultaron información esencial o, en términos más coloquiales, les engañaron.

En concreto, se refieren a la documentación enviada a dichos consejeros por los directivos de CCM con ocasión de la celebración del Consejo de Administración de 28 de enero pasado, según la cual la entidad habría obtenido en el ejercicio 2008 unos beneficios de 92,07 millones de Euros. Al respecto aseguran que esos datos, que se han demostrado falsos tras la intervención, fueron corroborados por el equipo directivo y que, contrariamente a lo habitual, en la documentación remitida faltaban información sobre los recursos propios y, consecuentemente, sobre el ratio de solvencia de la entidad.

Además, tanto Emilio Sanz como Rosa Romero, por cierto, alcaldesa de Ciudad Real, han asegurado que están dispuestos «a enviar al Banco de España toda la documentación que obra en su poder “para que se depuren todo tipo de responsabilidades”. Así mismo aseguran que están dispuestos a acudir a la Fiscalía para que investigue los hechos».

El periódico citado añade que «aunque hasta ahora sólo estos dos ex consejeros han hecho denuncias abiertamente, los demás miembros del consejo están igualmente indignados y molestos con el proceder de los directivos» especialmente «después de que el Banco de España decidiera expedientar a los 15 miembros como corresponsables de la gestión irregular que llevó a la intervención de la entidad».

En esta teoría del falseamiento de la información o de la ocultación de datos esenciales sobre la situación de CCM, los consejeros expedientados coinciden con «fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha» que, como publicó El Economista, también aseguraron que Moltó les engañó o les ocultó información esencial.

En el caso del Gobierno de Barreda la excusa es inútil porque la Ley de Cajas de Castilla-La Mancha obligaba a éste a supervisar la actuación de Moltó, de los consejeros y de los directivos de la entidad. La Consejería de Economía debía exigir cuantos datos considerada relevantes y relevantes parecían muchos datos cuando la agonía de CCM era vox populi desde hacía, al menos, un año.

La posición de los consejeros no parece mucho mejor, incluida la de Jesús Bárcenas, el primero de los miembros del Consejo que dimitió y que se negó a firmar las cuentas de la Caja; y no parece mucho mejor porque si Hernández Moltó les ocultaba información tan evidente como la del ratio de solvencia, estaban obligados a exigirla y si se les negaba, estaban obligados a presentar denuncia o querella porque el artículo 293 del Código Penal dice que «los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación que sin causa legal negaren o impidieren a un socio el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad social, o suscripción preferente de acciones reconocidos por las Leyes, serán castigados con la pena de multa de seis a doce meses» y ello sin olvidarnos de lo dispuesto en los artículos 290, 291, 295, etc. etc. del mismo Código.

Esto lo sabe Barreda y, por eso, su letanía y la de sus portavoces en las últimas semanas consiste en recordar a los potenciales denunciantes, es decir, a los consejeros de la Caja, que ellos votaron afirmativamente los acuerdos tomados en ese Consejo y que ―esto no lo dicen, pero lo dejan entender― con esas premisas “si me hundo yo, nos hundimos todos”.

La tesis de Barreda parece plausible, desde luego, pero para tener éxito, para forzar el silencio o la complicidad por omisión de aquellos que saben y que hasta ahora han callado, se encuentra con un grave inconveniente. Resulta que los consejeros de la Caja ya están expedientados y al margen de las posibles multas, se enfrentan a 10 años de inhabilitación y eso suponiendo que los instructores del expediente, como manda la ley, no se vean obligados a trasladar a los tribunales el tanto de culpa que aprecien en los hechos que investigan.

En definitiva, que si alguna salida les queda a Emilio Sanz, a Rosa Romero y al resto de los miembros del Consejo de Administración de Caja Castilla-La Mancha, es precisamente la que están intentando tomar: o cantan cuanto saben o están hundidos.