Bono reacciona. Admite que es multimillonario

Bono comulgando en Vallecas

El Mundo publicó ayer datos concretos sobre los ingresos y patrimonio que Bono ha reconocido en la documentación aportada a la Fiscalía. La conclusión es simple. El presidente del Congreso es millonario, incluso multimillonario y el éxito en los negocios emprendidos le sonríe tanto a él como a su exposa, es más, les sonríe mucho.

Bono goza de su remuneración como Presidente de la Cámara Baja, el cual, además de elevado es público y accesible; de los beneficios netos del negocio hípico, unos 800.000 € en los últimos tres años —también accesible públicamente en su cifra total, aunque, desde luego no lo sean el detalle de la facturación, los contratos suscritos, las entidades o personas físicas a las que se ha facturado, los movimientos bancarios, etc.— y de un anticipo de 220.000 € de un total de 700.000, derivados de su contrato con la editorial Planeta para la futura publicación de sus memorias, que es posterior a las últimas compras de inmuebles.

Su esposa, Ana Rodríguez Mosquera, no tiene menos éxito en los negocios, sino más, y las franquicias de Tous que, según El Mundo, ya suponen seis tiendas puestas a nombre de la mercantil AHORROS FAMILIARES SAJA, la han reportado en los últimos tres años —siempre según El Mundo— más de 1.000.000 de € de beneficios.

En cuanto al patrimonio inmobiliario El Mundo dice que Bono declara ser propietario 2,5 hectáreas de suelo rústico en Salobre, resto que le queda después de sucesivas ventas de la herencia paterna, algo más de 11 hectáreas igualmente rústicas; del 80% de las participaciones de Hípica Almenara que ocupa 17 hectáreas en las afueras de Toledo a más de las instalaciones construidas ahí; la casa paterna de Salobre; y de la casa de Olías, sobre la que el periódico no especifica si se trata del pleno dominio de esa vivienda o del 50% que le correspondería antes de la separación de bienes del matrimonio, la cual se produjo en el 2004.

Si la información de El Mundo es exacta o, mejor dicho, exhaustiva, Bono asegura no tener ningún piso en Madrid y que “la sociedad de su esposa, SAJA, tiene como propiedad un piso en Estepona”. Al decir de Bono, según cita El Mundo, es falsa “la información publicada según la cual sería propietario de dos áticos en el pueblo malagueño”, aunque con las notas registrales publicadas hoy, lo que se demuestra falso es el desmentido de Bono en este punto.

Por último, Bono acepta haber proporcionado el dinero a su hijo para la compra del piso de la C/ San Justo, 200.000 € como donación y 240.000 como préstamo y afirma que el precio de compra de esa vivienda ha sido de 450.000 €. El ático de la C/ Ayala de Madrid no se menciona en absoluto.

Bien, estos datos, si corresponden puntualmente a todo lo declarado y justificado en la documentación que Bono ha entregado a la Fiscalía, presentan algunas inconsistencias importantes que se irán exponiendo aquí, si es que otros no lo hacen antes, pero eso ahora es secundario. Lo esencial es que, tal y como se desprendía de la información publicada por La Gaceta la fortuna de los Bono experimenta un crecimiento exponencial a partir de 2004, un crecimiento tan rápido que, en torno a 2006 esa familia ya puede considerarse sobradamente millonaria.

Esto no demuestra, naturalmente, que Bono sea un ladrón. Entre lo irreprochable, lo ética o políticamente reprochable, lo ilícito y el delito hay trechos importantes que separan cada categoría. La insistencia con la que Bono está tratando de presentarse ante la opinión pública como víctima de acusaciones de delito es, con toda probabilidad, una estrategia comunicativa que le permite ponerse, para citar a D. Latino de Hispalis otra vez, “estupendo”.

El patrimonio de Bono que está apareciendo no es un patrimonio oculto, es decir, no se ha descubierto a nombre de sociedades off shore domiciliadas en paraísos fiscales, ni a nombre de testaferros, ni se trata de cuentas bancarias secretas en las islas Caimán. Era un patrimonio discretamente silenciado o hurtado al conocimiento del gran público, pero religiosamente inscrito en los registros públicos.

Bono no es un hombre tonto —si fuera toledano, bien podría decir: “tengo hechos de bolo, pero no lo soy”— todo lo contrario, es muy listo y dotado de una sobresaliente astucia jesuítica. Su apariencia, que ha cultivado cuidadosamente a lo largo de los años, de paisano bobalicón y obsecuente, es una gran impostura. Por eso, para cualquiera algo enterado de las cosas habría sido una sorpresa mayúscula descubrir a Bono o a su familia directa escriturando inmuebles que no estuvieran cubiertos por sus ingresos declarados o, por lo menos, declarados a Hacienda; aunque tener ingresos multimillonarios no basta para explicar las disposiciones de liquidez concretas. También hay que decir de qué sociedades o qué cuentas bancarias ha salido el dinero, cuándo y en concepto de qué.

El fulgurante enriquecimiento de la familia Bono y su colección de inmuebles de lujo no demuestra que Bono sea un delincuente o un corrupto, pero si da al traste con su apostura de pobre de espíritu heredero del reino de los cielos.

Lo del piso de San Justo, lo de los de Estepona, lo de los millones que proporcionan los brutos de silla, lo de las joyerías lucrativísimas, lo de la vivienda de Ayala… todo eso, es un barreno que hace saltar por los aires la filistea representación del hombre que, con mueca de beata introspección, se va a tomar la comunión con pan candeal a Vallecas.

Sin embargo, ahí no queda la cosa. Al verse obligado a reconocer públicamente que él y su familia se han convertido en millonarios en un considerablemente corto espacio de tiempo, Bono no “zanja”, como decía ayer el editorial de El Mundo, la cuestión. En realidad sólo la desplaza a sus verdaderos orígenes y ahí sigue habiendo preguntas a las que no se ha respondido, ni parece que se vaya a responder.

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Sigue habiendo preguntas porque alrededor de esa riqueza —obtenida sobre todo mediante establecimientos abiertos al público, incluida la hípica— vienen revoloteando nombres inquietantes. Sobre el Pocero —que ya le advirtió que se guardara de decir que no le conocía— poco que añadir cuando es el propio Bono el que reniega de él; pero es que también están los de Rafael Santamaría y Aurelio González Villarejo —y ya veremos si no acaban apareciendo los de Domingo Díaz de Mera y Antonio Miguel Méndez Pozo— y ambos tienen intereses vitales y multimillonarios en Castilla-La Mancha y, además, ya los tenían cuando Bono presidía la región.

José Bono entró discretamente pobre en la política y ahora se ha convertido en rico con una extraña celeridad. Eso, ya de por sí, en él o en cualquier otro, alerta; pero si además se paseaba en el transatlántico de recreo del Pocero; si su hija aparece en el consejo de administración de Reyal-Urbis, no se sabe por qué o en representación de quién; si les compra casas a sus amigos González Villarejo y Santamaría, si se va a esquiar a la casa de Vaqueira de ese mismo Santamaría, si los “patrocinadores” le pagan obras en su negocio y si no son éstos, él mismo se las paga al Pocero… ¿De qué demonios se extraña si la sospecha cae sobre él?

Los políticos tienden mucho a considerar sus cargos como un derecho patrimonial. Desde hace algún tiempo, también se aprecia en ellos una inquietante inclinación a reclamar para sí un derecho subjetivo a la hagiografía. Pues bien, como Bono ha corrido a la Fiscalía y como el actual Fiscal General del Estado es D. Cándido Conde-Poumpido Ferreiro, que antes fue magistrado del Tribunal Supremo, viene muy al caso citar la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de 26 de noviembre de 1993 —nº de recurso 3388/1992— de la que éste fue ponente.

Se trataba de un caso de injurias y calumnias en el que el acusado hablaba de tramas de corrupción y afirmaba que el querellante “ha robado a este pueblo 70 millones de Pts.”, acusación que el Tribunal considera como no probada.

Al respecto, la mencionada sentencia, de la que como he dicho era ponente el actual Fiscal General, dice lo siguiente:

«Aunque esas expresiones puedan resultar penosas y hasta hirientes para el querellante, es evidente que toda persona que ostenta un cargo o responsabilidad pública tiene que soportar esa clase de críticas, cuando adopta decisiones o se adoptan por personas que le son políticamente afines, que de algún modo, directa o indirectamente, le favorecen o aparentan favorecerle. Por ello las personas públicas vienen obligadas a ser más cuidadosas que los particulares con sus comportamientos y la diafanidad de sus decisiones, en especial aquellas que pueden incidir en su entorno vital y económico, para evitar suspicacias que puedan atribuirle el que tales decisiones, en lugar o a la vez que por los intereses generales, están influidas por los propios o los partidarios».

Es de prever que Conde-Poumpido aplique ahora su propia doctrina y le conteste a Bono que si quiere evitar suspicacias, sea más cuidadoso con sus comportamientos y con sus relaciones personales.