Erika González (/La Marea/, 19 de febrero de 2013)
El gobierno boliviano decretó el lunes la nacionalización de la empresa
Servicios de Aeropuertos de Bolivia Sociedad Anónima (Sabsa), filial de Abertis
y Aena, que gestionaba los aeropuertos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. El
gobierno de Bolivia justifica la expropiación porque las empresas españolas han
incumplido el contrato en términos de ausencia de inversión para el correcto
mantenimiento de las instalaciones.
Las acusaciones a la filial de la transnacional española Abertis vienen de
lejos. Ya en 2008 el gobierno de Bolivia investigó a esta multinacional para
comprobar si cumplía con las inversiones contempladas en el contrato. Además, en
2009 los trabajadores de la empresa se movilizaron y denunciaron el
incumplimiento de la ley del trabajo vigente en el país andino. Las quejas
continuaron, tanto por aspectos laborales como por irregularidades cometidas por
la empresa. Así, en 2011, tres trabajadores iniciaron una huelga de hambre para
exigir un aumento salarial equiparable al aumento de las nóminas de la gerencia
y solicitaron que la Contraloría General del Estado boliviana investigara cobros
irregulares de la filial de Abertis y Aena.
Una vez más, vemos cómo una transnacional española es nacionalizada en Bolivia
tras haber recibido denuncias por sus impactos sociales, laborales o
ambientales, consecuencia de una gestión orientada exclusivamente al lucro. Es
lo que ocurrió en 2006 con la nacionalización de los hidrocarburos que afectaba
a Repsol <http://omal.info/spip.php?article1210>, en 2011 con las pensiones que
gestionaba el BBVA en oligopolio
<http://www.periodicodiagonal.org/global/bbva-pierde-mercado-pensiones-bolivia.html>,
en 2012 con el transporte de electricidad que operaba la transnacional REE
<http://omal.info/spip.php?article97> y, ese mismo año, con las filiales de
Iberdrola en el país andino
<https://www.diagonalperiodico.net/global/iberdrola-bolivia-actividad-nada-ejemplar.html>.
Y a pesar de que el gobierno español y los grandes medios de comunicación
plantean el cronograma de expropiaciones de las empresas como una sucesión de
agresiones a España, estas decisiones son, en realidad, la mera materialización
de la soberanía de un país como Bolivia. Las declaraciones del ministro de
Asuntos Exteriores y Cooperación sobre esta nacionalización, calificándola como
un “acto inamistoso” que obliga a “replantear las relaciones bilaterales”, hay
que interpretarlas desde la determinación del gobierno español —tanto del actual
como los anteriores— de anteponer los intereses privados de una pequeña élite
sobre los derechos fundamentales de la mayoría de la población.
En este sentido, las alusiones del gobierno español y de las corporaciones
transnacionales a la seguridad jurídica no tienen ninguna justificación. En
primer lugar, porque la nacionalización de los sectores estratégicos para la
economía del país está contemplada en la Constitución de Bolivia. El avance de
las políticas que garantizan la gestión estatal de sectores como el eléctrico,
las pensiones y el transporte, por tanto, constituye un primer paso fundamental
para que estos servicios dejen de tener como prioridad el máximo beneficio para
sus propietarios y pasen a funcionar con otra lógica, la del servicio público.
Pero es que, además, las empresas españolas que han tenido actividad en Bolivia,
en su afán de obtener grandes ganancias, han vulnerado sistemáticamente los
derechos fundamentales de gran parte de la población y han deteriorado el medio
ambiente. Es decir, que no sólo no han sido “agentes de desarrollo”, sino que
puede afirmarse que han contribuido a deteriorar la calidad de vida de muchos
bolivianos y bolivianas. De ahí que el fortalecimiento del Estado, tanto en su
actividad económica como en las labores de supervisión, rendición de cuentas y
evaluación, resulte imprescindible para poder avanzar hacia la verdadera
seguridad jurídica, la que sitúa los derechos de las mayorías sociales por
encima de los intereses privados de una minoría.
Estas políticas, vistas desde un contexto como el que tenemos en el Estado
español, donde se está dando el proceso exactamente a la inversa —se
nacionalizan los bancos y cajas con pérdidas para luego sanearlos con dinero
público y, finalmente, venderlos a un precio muy bajo a las grandes entidades
financieras—, representan una buena referencia del camino a seguir. De hecho,
son reivindicaciones básicas que deberían servir como modelo a seguir por los
movimientos sociales para construir, entre todos y todas, otros modelos de
economía y sociedad que no estén subordinados a la lógica del capital transnacional.
--------------------------------------------------------------------------------
/*Erika González*, investigadora del Observatorio de Multinacionales en América
Latina (OMAL) <http://www.omal.info> - Paz con Dignidad
<http://www.pazcondignidad.org> y autora de /Las multinacionales en Bolivia. De
la desnacionalización al proceso de cambio
<http://omal.info/spip.php?article238>/ (Icaria, 2010). /
