Denuncia sindical en Castilla-La Mancha contra la situación de clientelismo y beneficios inconfesables que se vive en la Administración de Barreda

El mismo día en que José María Barreda, con una desfachatez insólita, declaraba en el diario Público que en Castilla-La Mancha no hay corrupción: “aquí podemos meter la pata pero no la mano. Tenemos una tradición de claridad, transparencia y control”, fueron sus palabras exactas; todos los sindicatos con representación en los Servicios Centrales de la Administración regional han hecho público un manifiesto denunciando el desprestigio creciente de dicha Administración “aumentado considerablemente por los clientelismos políticos, los beneficios particulares inconfesables o de algunas empresas vinculadas invariablemente con concesiones u otras decisiones administrativas”.

Estas son las prácticas, si no corruptas, al menos escandalosas que CCOO, UGT, USO, CSI-CSIF y STAS, han denunciado en el día de ayer:

“José María Barreda, Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, viene incumpliendo sistemáticamente su palabra para justificar su elevado sueldo o aclarar el destino de sus honorarios.

Se recoloca, en puestos en algunas ocasiones mejor remunerados, a los cesados, con el populista argumento de la reestructuración para reducir gastos, que evidentemente no suponen ahorro alguno a las arcas públicas.

La oposición y los grupos políticos guardan un preocupante silencio en torno a estos temas, en lo que parece un gran pacto de carácter económico, muy alejado de las verdaderas preocupaciones que afectan a los castellano-manchegos.

Se argumenta la profesionalidad para dar cobertura a muchas contrataciones con elevados sueldos, cuando la realidad es que han sido ellos los que nos han sumido en la actual crisis global y en la más que probable desaparición de Caja Castilla La Mancha, emblema regional, tal y como la conocemos.

La creación de Fundaciones, Sociedades Públicas y Empresas creadas a la sombra de organismo públicos, sólo buscan la duplicidad de los órganos administrativos, sobresueldos, beneficios personales y vías para escabullirse de los límites legales y la fiscalización y vigilancia de los empleados públicos, que tiene el deber moral de velar por los intereses generales.

Se alientan privatizaciones o externalizaciones que provocan pérdidas de puestos de trabajo, modelos de contratos en precario e inestabilidad en el empleo

Se mantienen índices de temporalidad en el empleo de casi el 25% (23,91% a 1/09/2009), apoyados en numerosas ocasiones en excesivas comisiones de servicio, que pervierten el sentido de los concursos de traslados.

Se guarda un riguroso secreto sobre las gratificaciones concedidas. Se evita hacerlas públicas y, ni siquiera, se incluye tal posibilidad en el articulado de la Ley de Presupuestos.

Se aceptan regalos sin un registro de los mismos, que en las fechas navideñas se multiplican escandalosamente, sin que nadie conozca su procedencia o su destino final.

Se multiplican sin control los puestos de asesores, que sirven para recolocar a cargos políticos en su mayoría, siendo significativo el número de asesores docentes en educación (más de 100) que desempeñan puestos de funcionarios de administración general.

El número de designaciones a dedo crece sin medida. Si sumamos a las más de 2000 comisiones de servicio, los puestos de libre designación y concurso específico (libre designación encubierta) nos acercamos a la escandalosa cifra de más de 3000 puestos de trabajo”.