Indicios de “pucherazo” en Toledo. Denuncian a un asesor de Fernández Vaquero por tener empadronadas a 19 personas en su domicilio

De izquierda a derecha: Tofiño, Alejandro Pompa y Jesús Fernández Vaquero

Todo régimen caciquil tiene por condición necesaria el fraude electoral y en Castilla-La Mancha, al parecer, ese fraude no sólo se consuma a través de una Ley Electoral aprobada unilateralmente por el PSOE de Barreda y cuyo efecto más evidente es hacer imposible una representación parlamentaria que no se reparta entre PSOE y PP.

Según se ha sabido hoy, varios altos cargos del barredismo toledano han convertido su casa en algo parecido a la Posada del Peine, censando en sus domicilios a un número insólito de personas.

Copio a continuación la noticia aparecida hoy en La Comarca de Puerto Llano:

El Partido Popular de Toledo ha denunciado a destacados dirigentes socialistas por tener empadronados indebidamente en sus domicilios a decenas de personas.
El PP de Toledo se ha dirigido a la Junta Electoral de Zona, demostrando con los documentos pertinentes que Diego Marín Corroto, asesor del secretario de Organización del PSOE de Toledo, diputado regional y vicepresidente de las Cortes Regionales, Jesús Fernández Vaquero, tiene empadronados en su domicilio de la Avenida de Portugal de Toledo, a un total de diecinueve personas.

Otro tanto ocurre con el ex alcalde socialista de la ciudad, Joaquín Sánchez Garrido, que tiene empadronado en su casa a Rafael Baillo, jefe de la Sección de Higiene Industrial en la Dirección General de la Función Pública de la Junta de Castilla-La Mancha.
Asimismo, la concejal socialista de Toledo, Ana Isabel Verdú, tiene empadronada en su domicilio de la Calle Río Boladíez a Caridad Pérez, con domicilio habitual en Orgaz (Toledo) y a Lara Vadillo, con domicilio habitual en Talavera de la Reina (Toledo).

Según afirma el departamento jurídico del PP de Toledo en su denuncia, se da por probado el uso fraudulento del censo electoral en la ciudad. De esta forma, se insta a la Junta Electoral a que anule dichas inscripciones, suspendiendo entre tanto y de forma cautelar el ejercicio del derecho de voto, al menos por parte de personas que aparecen inscritas en los documentos que prueban la referida irregularidad”.