Los tentáculos toledanos del caso malaya y su relación con Caja Castilla-La Mancha llegan al Parlamento regional

La localidad toledana de Bargas empieza a adquirir una celebridad inesperada a causa de la finca Alcalvín y de las relaciones entre CAJA CASTILLA-LA MANCHA y el imputado en el Caso Malaya, Pedro Román Zurdo.

Como ya ha informado El Mundo, en Bargas viene actuando la sociedad PUERTA ORO TOLEDO, propiedad del citado Pedro Román y de su habitual socio, Juan María López Alvarez, entre otros.

El pasado 24 de marzo El Economista publicaba que la Caja de Hernández Moltó acababa de renovar por segunda vez y dos días antes de su vencimiento, el crédito de 30 millones de Euros que en 2005 concedió a la sociedad del “malayo” Pedro Román para la compra de la finca Alcalvín, de Bargas, cuyo proyecto de urbanización está paralizado por ser «ambientalmente inviable»

Las reacciones no se hicieron esperar mucho y Ana Guarinos mencionó el asunto en rueda de prensa. Hoy, según un despacho de Europa Press «la portavoz del Grupo Popular criticó que la vicepresidenta y consejera de Economía y Hacienda, María Luisa Araújo, no contestase durante el pleno al hecho de que se haya renovado un crédito de 30 millones de euros a una sociedad relacionada con el caso Malaya “con su consentimiento” y no haya dado ninguna explicación».

Paralelamente, la diputada regional anunció que su partido «presentará hoy una solicitud de comisión de investigación sobre Caja Castilla La Mancha (CCM) en las Cortes regionales, para exigir responsabilidades políticas a los gobernantes socialistas de la Comunidad Autónoma, para que se desvelen datos, propuestas y decisiones, y para conocer “por qué se ha tenido que llegar a una absorción de la entidad”».

Se diría que la sombra de Mariano Rubio, vindicativa y fantasmal, empieza a gravitar sobre la cabeza de Juan Pedro Hernández Moltó, penúltimo (porque el último es Barreda) responsable de este crédito; de los 40 millones dados a las empresas de Roca en Murcia; o de los 101 Millones concedidos a las empresas del también imputado en la Operación Malaya, Enrique Ventero.