26 años de incumplimiento sistémico: España sigue sin transponer la directiva europea sobre temporalidad en el empleo público

Durante los encuentros, se trasladó la persistente y preocupante situación de incumplimiento por parte del Reino de España de la Directiva 1999/70/CE relativa al Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, en lo que respecta al empleo público.

Han pasado 26 años desde la entrada en vigor de dicha Directiva, y España continúa sin garantizar su efectiva aplicación en el sector público, manteniendo una estructura de contratación temporal abusiva, sin mecanismos de prevención ni sanción. Esta inacción vulnera de manera flagrante los principios consagrados por el Derecho de la Unión y ha sido reiteradamente señalada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que exige sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias frente a los abusos.

Se ha destacado ante los europarlamentarios la contradicción entre la doctrina del TJUE y la interpretación restrictiva de los tribunales españoles, incluido el Tribunal Supremo, que perpetúa situaciones de precariedad estructural para decenas de miles de empleados públicos sometidos a una sucesión ilícita de contratos temporales.

Asimismo, se ha denunciado el uso irregular de fondos europeos para financiar contrataciones realizadas sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad, como se ha constatado en la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que anula las contrataciones efectuadas a través del programa “Labora” del servicio público de empleo autonómico.

Ante la ausencia de indemnizaciones o medidas reparadoras para las víctimas de abuso de temporalidad, se ha confirmado la interposición de una reclamación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, con fundamento en la Carta Social Europea revisada, y ratificada por España en 2021. La reclamación pone de relieve la sistemática vulneración de los artículos 1, 4, 5, 6 y 24 de la Carta, especialmente en lo relativo al empleo estable, condiciones laborales dignas y derecho a indemnización efectiva.

La acción se apoya, entre otros precedentes, en la Resolución del Parlamento Europeo de 31 de mayo de 2018 (2018/2600(RSP)), que condena expresamente la práctica de despidos de trabajadores públicos en situación de abuso y considera la transformación de los contratos en indefinidos como una medida de reparación adecuada, conforme a la cláusula 5 del Acuerdo Marco anexo a la Directiva 1999/70/CE.

Pese a la adopción de normas como el Real Decreto-ley 14/2021 o la Ley 20/2021, el ordenamiento jurídico español sigue careciendo de medidas eficaces para prevenir y sancionar el abuso de temporalidad en el empleo público. Esta insuficiencia ha dado lugar a la apertura de un procedimiento de infracción (INFR(2014)4334) por parte de la Comisión Europea, aún pendiente de resolución definitiva.

Por ello, se ha anunciado también la presentación de reclamaciones patrimoniales ante el Tribunal General de la Unión Europea en nombre del personal público en abuso, en base a la omisión del Estado español y la inacción continuada de la Comisión Europea para garantizar la correcta aplicación de la Directiva.

Está prevista en las próximas horas una reunión con el equipo de la Comisaria de Capacidades, Educación, Empleo de Calidad y Derechos Sociales, Roxana Mînzatu, en la que se trasladará formalmente esta situación e instará a la Comisión a activar sin más demora un procedimiento sancionador contra el Reino de España, tal como ya se ha hecho en situaciones análogas con otros Estados miembros como Italia.