Notitia Criminis •  27/07/2009

El pliego de cargos del Banco de España contra Hernández Moltó podría suponer el inicio de las acciones penales en el caso CCM

Hoy El Mundo publica (el artículo se puede descargar pulsando sobre la imagen) algunos de los datos revelados por el pliego de cargos elaborado por el Banco de España en relación con la quiebra de CCM.

Ese informe pone claramente de manifiesto el control absoluto de Hernández Moltó sobre la operativa de la Caja, yendo para ello mucho más allá de las competencias que le asignaban sus estatutos: «El presidente de CCM se integra de facto en el Comité de Dirección… Realiza funciones de gestión de forma directa con los ejecutivos de la entidad, reuniéndose frecuente y directamente con los directivos de las unidades operativas de CCM y su grupo, incluyendo responsables territoriales y de zona y asistiendo a comités comerciales… Se ha extralimitado en sus funciones».

Con ese control inmediato como premisa, el pliego de cargos, continúa añadiendo, entre otras cosas, que en CCM «se han tomado decisiones de inversión sin el conocimiento de la Comisión de Inversiones, ni del Consejo de Administración de CCM, ni siquiera del Consejo de Administración de CCM Corporación». Algunas de esas operaciones tomadas al amparo de la noche y la niebla son las relativas a las tres ampliaciones de capital de CR Aeropuertos, de tal forma que, también según el citado pliego de cargos, el riesgo asumido en esta entidad dominada por personas que se declaran públicamente «amigos» del silente Barreda, supone 336,9 millones de Euros, es decir, el 100% de la financiación obtenida por el fracasado proyecto, ahora en medio de un turbio concurso de acreedores solicitado por una compañía dominada por Díaz de Mera, también uno de los principales accionistas del aeropuerto.

Igualmente, «alguien» tomó la decisión de acudir a una OPA parcial sobre METROVACESA, una operación Román Sanahuja ―socio de Díaz de Mera y junto a él acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla en relación con el caso El Monte― contra Joaquín Rivero, entonces primer accionista de la empresa. La operación terminó eludiendo, por muy poco, el concurso necesario de acreedores mediante la cesión del 54% de la empresa al Santander, al BBVA, a Banesto, a la Caixa, a Caja Madrid y al Banco Popular.

Los activos de 35 de las 45 sociedades de CCM Corporación, han sufrido un deterioro, es decir, una minusvalía, de 417,2 Millones de €. El crédito concedido a las empresas participadas por la Caja era del 150% de todos sus recursos propios. Igualmente la caja entró de lleno en el fiasco de Inmobiliaria Colonial, una operación protagonizada por Luis Portillo, un personaje con documentadas relaciones con el caso Malaya, por Aurelio González Villarejo, Juan Gracia Jiménez ―propietario de Peinsa-97 y también protagonista de alguno de los hechos relacionados con la Operación Ninette― Por el ubicuo Domingo Díaz de Mera o por la no menos ubicua Esther Koplowitz, algunos de cuyos ejecutivos acabaron presos durante las distintas fases de la Operación Malaya.

La disponibilidad ad libitum de los fondos de CCM para aquellos personajes habituales del palacio de Fuensalida parece innegablemente acreditada por el pliego de cargos. Según este documento, la Caja también participaba en Global Cartera de Valores, una sociedad instrumental en la que aparecen Domingo Díaz de Mera y Luis Delso, presidente de Isolux, sociedad estrechamente ligada a la Caja por ejemplo en sus dudosas operaciones en Aranjuez, y que actualmente ha adquirido notoriedad pública después de que Luis Bárcenas, el imputado en la operación Gürtel haya afirmado ante el juez que Delso era el «Luis el Cabrón» que aparece en la contabilidad B de las sociedades de Francisco Correa. Además, Díaz de Mera, sus socios habituales los hermanos Barco Fernández y Miguel Antonio Méndez Pozo, todos ellos personajes cercanos a José María Barreda, habrían recibido en préstamos un total de 459 Millones de Euros.

Hay, para ir terminando ya, 125 titulares de créditos superiores a 16 Millones de € y de ellos, según el Banco de España, el 82,4 % están relacionados con la construcción. No obstante, lo que el pliego de cargos calla, oportunamente, es que en esas cantidades están los 40 Millones de € concedidos a Juan Antonio Roca el «malayo» o los 30 Millones de € prestados a Puerta Oro Toledo, compañía propiedad del «malayo» Pedro Román, de su socio y de Roca, Juan María López Alvarez, de Sacyr y, cosa no tan asombrosa como podría parecer, al distinguidísimo despacho de abogados Cuatrecasas. Ahí también están las cantidades invertidas en las sociedades del «malayo» Enrique Ventero y, en definitiva, los más de 200 Millones de € con que la Caja ha financiado a detenidos e imputados en el uno de los más paradigmáticos y tentaculares casos de corrupción destapados hasta la fehca.

Operaciones de menor calado, como la del campo de golf de Carranque, no parece que sean mencionadas en el pliego de cargos aunque no por ello son menos significativas. Ahí, Hernández Moltó puso a dos hombres de su máxima confianza: Juan Tomás Vidal y José Luis Rodríguez Holgado, a juzgar por los consejos de administración en los que están presentes, ambos especializados en hacer negocios con los «malayos»; y ahí también puso un crédito de 10 Millones de € que Villa Romana Golf ―la mercantil de PEYBER-CCM― ya ha consumido íntegramente hace tiempo.

Ahora, esa entidad no paga. No ha pagado las cantidades adeudadas al Ayuntamiento de Carranque, cuyo cobro ejecutivo fue anulado generosamente por Alejandro Pompa, el alcalde; y no está pagando los plazos vencidos de los terrenos que compró en el PAU del campo de golf.

La situación despide un intenso aroma a concurso voluntario de acreedores. Con CCM imposibilitada, por ahora y por mucho tiempo, para añadir más capital al tinglado golfista y con la amenaza pendiente de una andanada masiva de acciones de rescisión de contrato protagonizada por los vendedores de terrenos en el PAU, que ante el incumplimiento de Villa Romana Golf muy bien podrían recuperar sus fincas y quedarse con los dineros cobrados a cuenta, cabe conjeturar sólidamente que los hermanos Díaz Bermejo y el aparejador Peinado, estén contemplando el concurso de acreedores como una buena forma de blindarse contra esas acciones y de retrasar indefinidamente las obligaciones de pago contraídas, dejando con dos palmos de narices a sus acreedores, al menos por una larga temporada.

Pero, volviendo a CCM y para terminar: ¿Qué piensa de todo esto la Fiscalía Anticorrupción?


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