La derecha españolista y la catalanista si alcanzan acuerdos para criminalizar la exclusión social y la protesta política.

Enrique Santiago

El hundimiento económico de España es el resultado de la brutal transferencia de rentas del trabajo hacia el capital provocada por políticas neoliberales dictadas por la Troika y Alemania, previa anulación de nuestra soberanía nacional. Este desmantelamiento del Estado Social y de Derecho se realiza a través de un itinerario predeterminado: recortes sociales, aumento de la pobreza y la exclusión, incremento de la protesta y, finalmente, represión y criminalización de los contradictores de estas políticas. Los gestores de este capitalismo de casino fracasado, necesitan imponernos un estado de excepción que les permita continuar con su sumisión a intereses económicos foráneos a cambio de disfrutar de las migajas concedidas por sus nuevos amos. Las fuerzas conservadoras, derecha españolista y nacionalista catalana fundamentalmente, han forjado una alianza de hierro con este fin que seguramente no será enturbiada ni siquiera por el reciente órdago secesionista impulsado por la burguesía catalana.

En julio de este año, el Grupo Parlamentario de CiU en el Congreso de los Diputados, en perfecta coordinación con el PP,  trazaba el camino a seguir presentando una Moción “ante la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana y priorizar la lucha contra la multireincidencia  delictiva – en delitos menores, propios de sectores en exclusión social y no respecto a la corrupción  ni la gran delincuencia económica– y contra la violencia urbana”.

Las líneas maestras de esta Moción fueron las siguientes: “mejora de la capacidad de las Fuerzas y Cuerpos Seguridad del Estado” para dar respuesta a la “violencia urbana y la multireincidencia”; interconexión de sistemas informáticos con datos personales de ciudadanos; endurecimiento del tratamiento penal de los desordenes producidos en manifestaciones y reuniones; introducción de mayores castigos a la “resistencia pasiva” y endurecimiento de sanciones  por desobediencia a la autoridad; generalización de identificaciones, registros y decomisos a los ciudadanos; restricción preventiva a los derechos fundamentales de reunión y manifestación; tipificación penal de convocatorias de manifestaciones si existe riesgo de que estas acaben en altercados; y en general endurecimiento de los castigos a delitos relacionados con la exclusión social y el empobrecimiento de la población como son los hurtos y robos con fuerza.

El Consejo de Ministros del 14 de septiembre estudió el Informe presentado por el Ministro de Justicia Gallardón –abanderado de la ola represiva puesta en marcha por esta oligarquía vendepatrias que nos gobierna- previo al anteproyecto de nuevo Código Penal “para dar respuesta a las nuevas formas de delincuencia, a la multireincidencia y a los delitos mas graves” entre los que no se contemplan la prevaricación, la especulación económico-financiera ni las defraudaciones masivas -delitos habitualmente cometidos por las clases sociales altas- pero si los delios contra la propiedad industrial, los hurtos o los robos menores.

Podemos clasificar en tres grandes categorías las reformas penales liberticidas que nos han preparado la caterva de lacayunos servidores del capital trasnacional en que se ha convertido el Gobierno del PP:

1º.- Endurecimiento de las penas para delitos relacionados con la pobreza y la exclusión social: la falta de hurto -escasa cuantía económica- se convierte en “delito leve de hurto”; se introducen agravantes al delito de robo como “la participación en grupo organizado”, en clara referencia a las acciones del SAT del pasado verano, y un incremento de las penas para el robo y hurto multireincidente; y se endurece el castigo a las insolvencias punibles que perjudiquen a acreedores -sin diferenciar casos de bienes de primera necesidad como la vivienda- así como las penas de los delitos “contra la propiedad intelectual”, esto es, “piratería” de soportes digitales y venta de productos falsificados.

2º.- Criminalización de la protesta social: la paulatina puesta en práctica por el Estado de políticas criminales de “excepción” durante los últimos años en el País Vasco –equiparación de los desordenes públicos a “terrorismo callejero”, con absoluta permisividad de la sociedad al tratarse del “problema vasco”-  sirve ahora para aplicar y generalizar esa practica liberticida –prevalencia de la seguridad frente a la libertad- al conflicto económico y social: cualquier supuesto de acometimiento, enfrentamiento o violencia –incluso verbal- sobre agentes de policía se convierte en delito de atentado, a la vez que se mantiene y posiblemente se endurecerá, el castigo a la resistencia pasiva y la desobediencia, abundando así en la equiparación de ambas conductas; se endurecerán las penas  por “alteración del orden público” y se castigará la difusión de convocatorias y mensajes  que “inciten” a cometer un delito de alteración del orden público, incluso aunque no se haya producido tal alteración como resultado de la anterior difusión.

3º.- Multiplicación y endurecimiento de las penas de privación o restricción de la libertad personal, conculcando los principios constitucionales de seguridad jurídica y de legalidad: el derecho penal moderno nace del tránsito entre el castigo punitivo retributivo y la pena resocializadora con fines disuasorios y preventivos, resultado del avance de las ideas de la Ilustración. La reforma penal en ciernes nos hace retroceder doscientos años, a épocas absolutistas predemocráticas. Se prescinde de los principios constitucionales de Seguridad Jurídica y de Legalidad – pena predeterminada por ley para cada delito- y se introducen penas de dudosa constitucionalidad que pueden ser consideradas crueles, inhumanas o degradantes –es decir, equivalentes a tortura- tales como la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad o la sustitución de la libertad condicional por la mera suspensión temporal y condicionada de la pena. Todo ello constituyen retrocesos impropios de sistemas democráticos. Especialmente arbitraria es la denominada “prisión permanente revisable”, inconstitucional pena de “cadena perpetua” encubierta, copia exacta del modelo punitivo-vengativo estadounidense que ha hecho de ese país el de mayor población reclusa y criminalidad por habitante de todo el mundo. Con este sistema –aplicable según esta propuesta, entre otro supuestos, al homicidio cometido contra el Rey o el Príncipe heredero- , una vez cumplida la pena determinada y cierta establecida por un tribunal, dependerá de una decisión arbitraria y discrecional de la autoridad   -no sabemos aún si administrativa o judicial-  la puesta en libertad del penado o bien su permanencia indefinida en prisión. Toda una pesadilla kafkiano-orweliana convertida ahora en realidad. En la misma línea, la denominada “custodia de seguridad” también conculcará el principio de legalidad respecto a la certeza de la pena predeterminada por ley, al ser aplicable también de forma discrecional por los tribunales, que de esta forma podrán establecer medidas de control y limitación de la libertad deambulatoria hasta diez años después de haber cumplido la pena impuesta en el debido proceso judicial.

La reforma del Código Penal propuesta aparece trufada por la pseudo técnica de “legislación en caliente” a golpe de titular periodístico, sin ninguna reflexión o definición en metería de política criminal y exacerbando de así los sentimientos mas vengativos y demagógicos de una sociedad atemorizada por los mismos responsables de su decadencia, quienes pretenden mostrar como responsables de la degradación de la vida social no a quienes se benefician  de la crisis, sino a las victimas del fin del Estado Social y de Derecho, las víctimas de la desaparición de las políticas de protección a los ciudadanos.

En esta situación de emergencia, y frente al continuo deterioro de las condiciones de vida y de las libertades individuales y colectivas, el recientemente constituido desde Izquierda Unida Foro de Abogados/as de Izquierda, planteó en su II Encuentro celebrado el pasado mes de Julio, la necesidad de utilizar el derecho como instrumento de resistencia y defensa de la democracia y el Estado Social y de Derecho,  frente a las continuas agresiones que, en particular en los ámbitos social y penal, sufre hoy todo nuestro pueblo.

La izquierda debemos ser capaces de convertir  también la Administración de Justicia en un instrumento al servicio de toda la sociedad, respondiendo así a su razón de ser como derecho fundamental. No perdamos de vista que el acceso a la justicia y a una defensa de calidad para todos los ciudadanos se encuentra también en grave peligro a consecuencia de los recortes presupuestarios que han afectado al derecho a la Justicia Gratuita hasta hacerla prácticamente desaparecer, al no destinarse recursos económicos para pagar los servicios de los abogados del turno de oficio.

Sin duda ha llegado el momento de esgrimir las normas jurídicas contra la deriva discriminatoria y autoritaria del propio sistema, apoyando y siendo partícipes de las estrategias de los movimientos sociales, políticos y sindicales democráticos y de izquierdas, de protesta y reivindicación social, dirigidas a conseguir la sujeción al Derecho de los culpables de la actual situación de crisis económica y social.  Ante la masiva conculcación de derechos fundamentales, también aparece cada día  más necesario impulsar, junto con los movimientos sociales y sindicales, un nuevo proceso constituyente que, fruto del previo proceso de acumulación de fuerzas que lo haga posible,  nos permita construir un nuevo modelo de país.