Barreda no quiere “criminalizar el sector del ladrillo” y pone “todos los fondos” de la Ley de Economía Sostenible a su disposición
Reproduzco a continuación la nota de prensa emitida por la asociación “Salvemos Las Rozas”, una prueba más de que el fiasco inmobiliario y la situación de “corrupción endémica” –términos utilizados por el “Informe Auken” relativo a España y aprobado por el Parlamento Europeo– no han hecho cambiar nada. Los escualos, responsables en mucho, si no en todo, de la calamidad pública y económica actual, siguen planeando retomar el festín donde lo dejaron.
Lo que según este comunicado se pretende hacer en Las Rozas, es plenamente aplicable a cualquier otro lugar, léase Illescas, donde el PAU de 24.000 viviendas sigue vigente; Carranque donde sólo dos PAUs adjudicados a PEYBER (campo de golf) y a la empresa de Aurelio González Villarejo prevén tres mil nuevas viviendas en una localidad que no llega a 3.000 habitantes; Cebreros (Avila) donde a Enrique Ventero, uno de los principales “malayos” se le ha adjudicado otro PAU en condiciones similares, etc. etc.
Los citados, son sólo ejemplos de una actuación sistemática encubierta y protegida por los poderes públicos que afecta a cualquier región –por supuesto, muy especialmente al norte Toledo– a la que se considere zona de expansión demográfica.
De hecho, el pasado 27 de marzo, El Digital de Castilla-La Mancha publicaba que Barreda, con una sinceridad digna de mejor desvergüenza, “dentro de las negociaciones del pacto contra la crisis y la Ley de Economía Sostenible, se ofreció a reunirse con los constructores y aprovechar todos los fondos que correspondan a la región en este tema”, es decir, se ofrecía a verter esos fondos en un “plan de choque” para la recuperación del sector de la construcción en Castilla-La Mancha, porque Barreda no quiere “criminalizar al sector del ladrillo”.
No hace falta recordar que los “constructores” de referencia en Castilla-La Mancha son una hermandad muy selecta la que, tanto José Bono como José María Barreda, han demostrado mantener lazos muy estrechos: Domingo Díaz de Mera, Antonio Miguel Méndez Pozo, Aurelio González Villarejo o los hermanos Barco Fernández, y eso sin contar a algunas estrellas emergentes en la región, como Javier Arteche Tarascón en Layos y Argés, los hermanos Bermejo-Peinado (PEYBER) en Carranque o Pedro Román Zurdo y su socio Juan María López Alvarez en Bargas.
Esa ha sido y pretende seguir siendo, la política urbanística española: poner “todos los fondos” a disposición de personajes sospechosos unos o delincuentes convictos otros. Recordemos, por ejemplo, que ahora que se cumple un año de la intervención de CCM, aún no se ha dado ninguna explicación de porqué la entidad quebrada decidió prestar a Juan Antonio Roca Nicolas y sus secuaces, no menos de 200 Millones de €.
En fin, como he dicho, reproduzco a continuación el comunicado de prensa de la asociación “Salvemos Las Rozas” y de la “Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio”.
“SALVEMOS LAS ROZAS HACE UN LLAMAMIENTO A TODASLAS ORGANIZACIONES DE “SALVEMOS LA SIERRA”, “CIUDADANOS CONTRA LA ESPECULACIÓN” Y LA “COORDINADORA CIUDADANA EN DEFENSA DEL TERRITORIO” PARA SUMARSE A LA PROTESTA Y LA CAMPAÑA DE ALEGACIONES CONTRA EL PGOU DE LAS ROZAS
Asociación SALVEMOS LAS ROZAS
Inscrita en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid – num: 27.303 – CIF: G84227701. Tel: 687 558 436, www.salvemoslasrozas.org
ACTO DE PROTESTA:
SÁBADO 3 DE ABRIL A LAS 11’30
Frente al AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS
INFORMACIÓN Y DESCARGA DE ALEGACIONES EN:
La asociación Salvemos Las Rozas denuncia que el documento actualmente en exposicion pública, que se propone para aprobación definitiva del PGOU de Las Rozas, es un atentado contra los intereses ciudadanos, un ejemplo de urbanismo salvaje, especulativo y depredador.
Esta versión del PGOU es aun más agresiva que la realizada en 2006 en la aprobación inicial, a que aumenta la edificabilidad en los nuevos sectores, añadiendo 11.300 viviendas en vez de 10.000, lo que supone añadir una población de 40.000 habitantes. Además incluye una enorme depuradora comarcal en suelo protegido de alto valor ecológico del Parque del Rio Guadarrama y dos nuevos campos de golf.
En Las Rozas hay cerca de 6.000 viviendas vacías en la actualidad y otras 2.500 aun pendientes de construir del PGOU de 1994. Estas 8.500 viviendas supondrán ya un aumento de población de más de 30.000, sobre los 85.000 actuales. Si a estas sumamos las nuevas viviendas propuestas en el PGOU nos encontramos con que la población de las Rozas se duplicaria en unos años, pasando de 85.000 a 160.000 habitantes.
Esto supone una masificación y una perdida definitiva y total de la calidad de vida en el municipio, y la consolidación de un modelo altamente insostenible de ocupación intensiva del territorio, contrario a todo criterio de ordenación territorial, especialmente teniendo en cuenta la actual saturación de infraestructuras básicas, especialmente de saneamiento, y la escasez de servicios, como institutos u hospitales.
A su vez la cantidad de viviendas vacías y pendientes de construir subrayan la absoluta injustificación de este nuevo PGOU y sus 11.300 nuevas viviendas. Esto implica un flagrante incumplimiento de la ley estatal de suelo, que exige la plena justificación de los desarrollos previstos y demanda la DESCLASIFICACIÓN de aquellos suelos urbanizables de anteriores PGOUs que no se hallan urbanizado y que no estén justificados.
Dado que hay 6.000 viviendas vacías en Las Rozas es evidente que no hay demanda de nuevas viviendas. Dado también que las obras en sectores como la Marazuela están paradas desde hace uno o dos años por efecto de la crisis económica y de la carencia de demanda la asociación exige la DESCLASIFICACION como suelo urbano de las parte no construidas del sector de a Marazuela y la no inclusión de nuevos sectores urbanizables.
La inclusión de dos nuevos campos de golf, con la consiguiente demanda de agua es otro ejemplo más de urbanismo insostenible y especulativo.
El PGOU es expresión máxima de todo aquello que el Parlamento Europeo critica duramente en su Informe AUKEN de 2009, sobre el urbanismo salvaje en España, informe en el que insta a la retirada de fondos europeos a España, por el modelo insostenible de desarrollo y las vulneraciones europeas que se cometen a través de él. El PGOU de Las Rozas prevé una enorme planta depuradora en suelo protegido y el municipio incumple las normativas europeas de saneamiento con un sistema de colectores deficitario y tecermundista, por lo que puede contribuir a la retirada de fondos europeos a España.
Tal como afirma el informe AUKEN, ha sido el modelo económico del ladrillo lo que ha inducido la crisis de especial gravedad que se vive actualmente en España, un suicidio económico del pais que se perpetua y se intensifica con este PGOU. La respuesta a la crisis no puede ser más ladrillo, sino la diversificación radical de la economía, anteponiendo ante todo la sostenibilidad ambiental y social.
La asociación lamenta que el ayuntamiento halla hecho oídos sordos a las quejas y alegaciones de cientos de ciudadanos que defendian un desarrollo sostenible, social y medioambiental y que lejos de ello, halla hecho una redacción aun más agresiva que la anterior, destinada a destruir definitivamente el municipio y atentar contra los intereses ciudadanos, la calidad de vida y el medioambiente.
La asociación denuncia también las dificultades a la participación ciudadana que se ha experimentado durante el proceso de aprobación del PGOU y el secretismo con el que el ayuntamiento ha querido sacarlo adelante. La asociación cuenta a eso efectos con un informe del Defensor del Pueblo que denuncia el ocultamiento de información que se produjo
La asociación exige la retirada del PGOU, la eliminación de todos los nuevos sectores urbanizables, de la depuradora comarcal en suelo protegido y de los dos campos de golf previstos, así como la desclasificación de suelo urbano o urbanizable pendiente de desarrollar del PGOU de 1994.
La asociación anuncia acciones legales, por la via contencioso-administrativa y en Europa, principalmente en función de los siguientes motivos:
- ocultamiento de información en la aprobación inicial y dificultades a la participación ciudadana
- incumplimiento de la ley estatal de suelo e injustificación de los nuevos desarrollos y necesidad de desclasificar suelo urbanizable.
- vulneraciones de directivas europeas de saneamiento y espacios protegidos
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Contacto: Jaime del Val: Tel: 687 558 436″
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