Honduras: Bajo Aguán sin paz

Después de haber sufrido por más de una década (post golpe) los sangrientos embates de un conflicto agrario que ha dejado un saldo de decenas de campesinos asesinados, las familias rurales del Bajo Aguán, hoy organizadas en cooperativas agropecuarias y empresas asociativas, siguen defendiendo
las tierras recuperadas.

El 24 de diciembre del año pasado, la Plataforma Agraria Regional de Valle del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) denunciaron el desalojo violento de la cooperativa Camarones, a manos de hombres armados pertenecientes al grupo criminal “Los Cachos”.

Según las dos organizaciones, dicho grupo irregular tendría vínculos directos con Corporación Dinant, empresa líder en el cultivo y procesamiento de aceite de palma y propiedad de la tristemente famosa familia Facussé.

Ante las agresiones armadas, la Plataforma Agraria y COPA demandaron el apoyo inmediato de las autoridades para salvaguardar la vida de las familias campesinas, así como acciones contundentes del gobierno para garantizar “el respeto de la posesión, el uso y goce de las tierras de Reforma Agraria”

La cooperativa Camarones es firmante de los acuerdos con el actual gobierno[1].

En aquella ocasión, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) instó al Estado a avanzar en la implementación de dichos acuerdos, “que tienen el potencial de aportar soluciones duraderas” al grave conflicto.

Más sangre derramada

Una semana después del desalojo violento de la cooperativa Camarones fue asesinado Arnulfo Díaz, socio de la cooperativa Brisas del Aguán.

Brisas del Aguán, El Chile y Tranvío son tres cooperativas que también han venido sufriendo ataques sistemáticos después de que recuperaran tierras de reforma agraria.

En octubre del año pasado, otro socio de la misma cooperativa, Selvin Noé García Pérez, había sido asesinado a disparos.

Las protestas pacíficas impulsadas por la Plataforma Agraria y COPA para exigir a las autoridades el desalojo de grupos armados de los terrenos de la cooperativa Camarones, fueron atacadas de forma violenta con un saldo de decenas de personas heridas.

A esto se suma la violenta campaña de estigmatización, criminalización y persecución impulsada a través de las redes sociales y medios digitales locales.

Se multiplican los ataques

Este 27 de enero, grupos criminales atacaron nuevamente las cooperativas Tranvío y Camarones.

Cristian Baire fue secuestrado, torturado y sucesivamente liberado por efectivos policiales, mientras que Janier García recibió un impacto de bala. Ambos son socios de la cooperativa Tranvío.

La noche del 29 de enero, la cooperativa El Chile atacada fue atacada con armas de grueso calibre. Las familias campesinas tuvieron que huir, abandonando más de 100 hectáreas de tierra.

Dos días después, José Hernández Lobo y su esposa Suyapa Guillén fueron interceptados por hombres armados y asesinados por una lluvia de balazos. Eran socios activos de la empresa asociativa “Gregorio Chávez”.

Hernández Lobo había sobrevivido a otro atentado en 2019.

Ante este nuevo y grave ataque, la Plataforma Agraria y COPA están exigiendo al Ministerio Público y a la Secretaría de Seguridad la captura inmediata y la neutralización de las operaciones criminales del grupo Los Cachos.

“Hay unas 60 personas armadas que controlan la zona. A pesar de la presencia policial, este grupo criminal continúa actuando. Si el gobierno no toma medidas urgentes seguirán matándonos como animales”, dijo Yony Rivas, vocero de la Plataforma Agraria.

Además, hicieron pública una carta dirigida a la presidenta Xiomara Castro, donde exigen la instalación de la Comisión de la Verdad mediante decreto ejecutivo, el regreso a sus casas de las más de 150 familias de las cooperativas Camarones y El Chile.

Asimismo, la implementación de medidas efectivas de protección y la desarticulación e intervención de las empresas de seguridad privada de Corporación Dinant, investigando al tiempo sus vínculos con el grupo criminal de Los Cachos.

Finalmente, hicieron un llamado a las organizaciones de derechos humanos y solidarias, tanto nacionales como internacionales, a denunciar la violencia sistemática que sufren las familias campesinas, por estar exigiendo el acceso a la tierra y una vida digna.

Fuente: Rel UITA

[1] El 22 de febrero de 2022, el gobierno de Xiomara Castro firmó acuerdos con organizaciones, movimientos y empresas asociativas campesinas, con el objetivo de resolver la problemática agraria y traer la paz a la zona del Aguán. Dichos acuerdos incluían también la instalación de una comisión tripartita (Comisión de la Verdad) para la investigación de violaciones de derechos humanos en la zona.