Esperanza Gómez (Por Andalucía) propone un plan de choque para frenar la caída en la contratación de personas con discapacidad
- Los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal representan las cifras más bajas recopiladas desde el año 2016. Las cifras han puesto en alerta a la Fundación ONCE que publicaba a principios de semana dicha información. La preocupación se incrementa en determinados colectivos, como el de la discapacidad intelectual, donde esta brecha puede suponer retrocesos en la integración de todo el sector.
En un contexto preocupante para la inclusión laboral, los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), recabados por Fundación ONCE, revelan que la contratación de personas con discapacidad ha experimentado una caída del 0,8% en 2024, alcanzando un total de 271.765 contratos. Esta cifra representa la más baja desde 2016, cuando se registraron 268.160 contratos.
Ante la publicación de la Fundación ONCE y las declaraciones de la directora de Formación, Empleo, Operaciones y Estudios, Sabina Lobato, que señala que este balance «pone de manifiesto el crecimiento sistemático de la brecha de empleo entre las personas con y sin discapacidad», Esperanza Gómez, del grupo Por Andalucía, ha anunciado que trabajará en un nuevo plan para frenar y revertir esta caída.
De hecho, Gómez Corona, ya impulsó recientemente una proposición que modifica el Estatuto Básico del empleado público, para que personas con discapacidad puedan realizar una prueba de capacitación en lugar de una teórica, y que se presentará en el Congreso de los Diputados esta primavera. Esta modificación también pretende favorecer el empleo entre personas con discapacidad intelectual ya que son el sector que más vulnerable se vuelve respecto a la caída del empleo.
De ahí que la diputada de Por Andalucía anuncie nuevas medidas para abordar la creciente brecha apuntando a la raíz del problema: el sistema educativo. “Muchas de las plazas públicas que se convocan quedan desiertas debido a que requieren titulaciones superiores, las cuales, lamentablemente, la mayoría de las personas con discapacidad intelectual no poseen. Esto se debe a la falta de un sistema de enseñanza superior realmente adaptado a sus necesidades”, asegura Gómez Corona.
“Vamos a diseñar una pila de medidas para dar comienzo a una reforma del sistema educativo superior. Toda la sociedad debe reconocer que las enseñanzas superiores no están adaptadas a las personas con discapacidad y el problema es que sin ellas no podrán acceder a gran parte del mercado laboral como pueden ser determinadas ofertas públicas”, afirma Esperanza Gómez.
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