Presentan acciones legales contra el proyecto Mina Muga
- Ecologistas en Acción, junto con la Fundación Sustrai Erakuntza y la Plataforma Unitaria contra las Minas de Potasa en la Bal d’Onsella y la Sierra del Perdón, han interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra los gobiernos de la Comunidad Foral de Navarra y la Diputación General de Aragón, así como contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por la concesión de diferentes permisos de explotación al megaproyecto minero.
- Las entidades recurrentes siguen así en la batalla para tratar de paralizar este proyecto extractivo, que consideran insostenible económica y medioambientalmente.
El megaproyecto minero de explotación de potasas y sal Mina Muga, promovido por la empresa Geoalcali, nace al amparo de la preconstitucional ley de minas (Ley 22/1973, de 21 de julio), actualmente vigente. Este proyecto pone en primer lugar los intereses de las empresas frente a las necesidades del territorio y el interés de la sociedad, dejando en un segundo plano los severos impactos medioambientales. Estos impactos perjudicarían muy negativamente a las personas que viven en la Comarca de Sangüesa/Zangoza y Altas Cinco Villas zaragozanas, y por extensión al conjunto de la sociedad navarro-aragonesa, también en términos económicos.
La concesión de explotación se hace sin que la mayor parte de las modificaciones exigidas a Geoalcali, tanto en alegaciones formuladas desde las asociaciones como en los requerimientos de las administraciones, hayan sido objeto de una participación pública satisfactoria, como sería preceptivo. Hasta en 16 ocasiones ha tenido Geoalcali que presentar documentos aclaratorios y adendas al proyecto Mina Muga tras haber recibido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva, entre ellas el plan de restauración, el proceso de relleno con materiales sobrantes (backfilling), la afección a las aguas, la propia viabilidad económica del proyecto o los hundimientos y subsidencias que pudiera provocar.
En ningún momento se ha tenido acceso público a las medidas que Geoalcali afirma que va a emprender para evitar los graves problemas generados potencialmente por la actividad. Entre ellas están las subsidencias y hundimientos del terreno, la sismicidad inducida y las múltiples afecciones ambientales, como las afecciones a los cursos fluviales y acuíferos, incluyendo el embalse de Yesa, a menos de 800 metros de la mina, que está previsto recrecer hasta los 1.079 hectómetros cúbicos, y cuya obra civil ya adolece de severas dificultades técnicas y elevados riesgos constructivos.
Según la concesión otorgada, la mina creará una escombrera que podrá ocupar hasta 37 hectáreas –equivalmente a 60 campos de fútbol– y un máximo de 13,7 metros de altura, pudiendo albergar hasta 4,5 millones de toneladas de residuo.
La empresa ha previsto transportar el material por carretera. Implicarían 512 camiones al día, un camión cada dos minutos y medio, lo que supondrá ampliar el tráfico pesado en la carretera comarcal NA-127 de Sangüesa a Liédena, con tramos sin arcén y luego por la autovía A-21, algo que preocupa a varios alcaldes de la zona por la siniestralidad que puede producirse.
El proyecto Mina Muga entra en contradicción con la recién aprobada Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética de Navarra, ya que conllevará un aumento considerable de emisiones de gases de efecto invernadero, y un retroceso en los objetivos del sector primario, perpetuando el modelo de intensificación agroganadera estatal y mundial. Tampoco, en ese sentido, armoniza con la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y los objetivos generales de reducción de emisiones planteados en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima).
La población de Aragón y Navarra afectada por Mina Muga no necesita un proyecto que va a transformar negativamente sus comarcas, donde ni siquiera existe una tasa de paro relevante que fundamente o justifique la utilidad pública de proyectos como este.
Los contenciosos (tres en total, uno por cada uno de los permisos que componen Mina Muga, y de acuerdo al reparto competencial de las tres administraciones que los han concedido) han sido interpuestos por las organizaciones recurrentes ante los respectivos Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Aragón y Navarra.
Los gobiernos de Navarra, Aragón y del Estado no han estado a la altura de la responsabilidad en defensa del bien común que de ellos se espera, y se han plegado a los intereses privados de Geoalcali y su matriz australiana Highfield Resources, cuya principal actividad es la especulación en bolsa, dejando de lado a la población de las comarcas navarro-aragonesas, que no demanda este modelo de desarrollo basado en proyectos con graves impactos medioambientales y sociales.
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