El Centre Delàs desmonta el mito de la precisión de las armas explosivas en un nuevo informe
- El informe coincide con la firma en Dublín de la Declaración Política para prohibir su uso en zonas pobladas.
- Cuando se bombardean zonas urbanas, 9 de cada 10 víctimas son civiles.
- Las armas explosivas no pueden en ningún caso, por muy avanzadas que sean, como las bombas de precisión o los drones armados, garantizar la discriminación entre civiles y combatientes cuando se utilizan en zonas urbanas.
- Se espera que alrededor de 75 Estados -incluida España- firmen esta declaración en Dublín, entre los que se encuentran algunos de los principales usuarios de armas explosivas, así como países afectados.
El uso de armas explosivas en zonas pobladas expone a la población civil a un alto riesgo de muerte o lesión y a la destrucción accidental o deliberada de las infraestructuras de las que depende. Así lo constata el nuevo informe que publica hoy el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, con motivo de la firma de la Declaración Política para la prohibición de estas armas en zonas urbanas. Y es que el 90% de las víctimas de los bombardeos en zonas pobladas son civiles, tal y como demuestra una investigación de la organización AOAV, que desde 2010 ha documentado en al menos 130 países incidentes que involucran daños civiles por el uso de armas explosivas.
Los estados y otras partes interesadas se reúnen hoy y mañana, 17 y 18 de noviembre en Dublín, en una conferencia internacional donde se firmará la Declaración política sobre el fortalecimiento de la protección de los civiles frente a las consecuencias humanitarias derivadas del uso de armas explosivas en áreas pobladas. La declaración es un logro histórico con el potencial de fortalecer significativamente la protección de los civiles contra los bombardeos de pueblos y ciudades. El texto es fruto de años de trabajo de la campaña internacional que busca la prohibición de las armas explosivas (INEW por sus siglas en inglés) -que el Centre Delàs impulsa en el Estado español-, y del liderazgo de Irlanda los últimos años.
En concreto, la Declaración firmada hoy, pide que los Estados se comprometan a adoptar políticas nacionales y prácticas militares que no dañen a la población civil, a abstenerse de utilizar armas explosivas con efectos de área amplia en zonas pobladas y recopilar y compartir datos sobre los efectos de las armas explosivas. Un total de 112 estados y territorios y 6 agrupaciones de estados han reconocido públicamente el daño causado por las armas explosivas en zonas pobladas en distintas declaraciones.
“Aunque no son jurídicamente vinculantes, declaraciones políticas como esta tienen un peso importante en tanto que pueden ayudar a aclarar la aplicabilidad del derecho internacional existente a una situación concreta o a esbozar normas de conducta que van más allá del derecho vigente. En el caso de este tipo de armas, responsables de tantas víctimas en guerras de todo el mundo, como ocurrió con las bombas de racimo o las minas antipersona, la única solución ante el devastador impacto de su uso en zonas pobladas, es su prohibición”, apunta Camino Simarro, investigadora del Centre Delàs y co-autora del informe.
Un representante del Centre Delàs d’Estudis per la Pau asiste el jueves 17 y el viernes 18 de noviembre en Dublín al Foro de la sociedad civil y a la Conferencia para la adopción de la Declaración Internacional para la protección de los civiles ante el uso de las armas explosivas en áreas pobladas. |
Pese a que el Derecho Internacional Humanitario ha tratado de restringir y prohibir el uso de varios tipos de armas, los ataques indiscriminados y desproporcionados en zonas urbanas están a la orden del día, principalmente a través del uso de armas explosivas.
El efecto de ciertas armas de este tipo también puede impedir la producción y distribución de bienes y servicios esenciales para el bienestar de la población civil. Los conflictos en Irak, Siria, Yemen y, más recientemente, Ucrania han demostrado estos graves impactos en las infraestructuras básicas y en el entorno del que la gente depende, lo que también genera un gran sufrimiento y vulnerabilidad, así como efectos a largo plazo en el desarrollo socioeconómico y humano de la región o país en cuestión. También queda patente en estos conflictos que el uso de armas explosivas en zonas pobladas constituye una de las principales causas de desplazamiento, tanto a nivel interno como fuera del propio país.
En este sentido, la investigación aporta argumentos que desmontan el mito de la precisión de las nuevas armas, utilizado por gobiernos y ejércitos para justificar determinadas operaciones militares, alegando que respetan el DIH y no afectan a la población civil. El principal objetivo de estas armas es reemplazar a los combatientes humanos en el terreno, planteando guerras asimétricas con un número mucho más reducido de bajas propias. Están diseñadas, por tanto, para disminuir las bajas de soldados en combate pero esto no significa que estén preparadas para reducir el número de víctimas civiles. De hecho, los autores apuntan que con el uso de nuevas armas robóticas y la proliferación de conflictos armados de bajo coste y riesgo para la parte atacante, es muy posible que mueran más civiles que en los ataques con armas convencionales.
“En el Estado español también hemos escuchado declaraciones en este sentido, como fueron las de Josep Borrell, defendiendo la venta de misiles a Arabia Saudí, pese a que están ampliamente documentados bombardeos con numerosas víctimas civiles por parte del régimen saudita”, recuerda Jordi Calvo, también investigador del Centre Delàs y co-autor del informe.
La investigación concluye que la percepción de la posibilidad de llevar a cabo ataques sin riesgo puede hacer prevalecer las soluciones militares por encima de las políticas, bajando los umbrales para iniciar acciones militares. Y, por otra parte, que las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial permitirán que sea más fácil pensar en guerras a distancia más abstractas, lo que puede llevar a más acciones militares y a una escalada incontrolada de conflictos en los que la población civil es siempre la principal damnificada.
El Centre Delàs desmunta el mite de la precisió de les armes explosives en un nou informe coincidint amb la signatura a Dublín de la Declaració Política per prohibir el seu ús a zones poblades
- Quan es bombardegen zones urbanes, 9 de cada 10 víctimes són civils.
- Les armes explosives no poden en cap cas, ni tan sols les avançades com ara les bombes de precisió o els drones armats, garantir la discriminació entre civils i combatents quan s’utilitzen en zones urbanes.
- S’espera que al voltant de 75 Estats -inclosa Espanya- signin aquesta declaració a Dublín, entre els quals hi ha alguns dels principals usuaris d’armes explosives, així com països afectats.
L’ús d’armes explosives en zones poblades exposa la població civil a un alt risc de mort o lesió i a la destrucció accidental o deliberada de les infraestructures de què depèn. Així ho constata el nou informe que publica avui el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, amb motiu de la signatura de la Declaració Política per a la prohibició d’aquestes armes en zones urbanes. I és que el 90% de les víctimes dels bombardejos en zones poblades són civils, tal com demostra una investigació de l’organització AOAV, que des del 2010 ha documentat en almenys 130 països incidents que involucren danys civils per l’ús d’armes explosives.
Els estats i altres parts interessades es reuneixen avui i demà, 17 i 18 de novembre a Dublín, en una Conferència Internacional on se signarà la Declaració política sobre l’enfortiment de la protecció dels civils davant de les conseqüències humanitàries derivades de l’ús d’armes explosives en àrees poblades. La declaració és un èxit històric amb el potencial d’enfortir significativament la protecció dels civils contra els bombardejos de pobles i ciutats. El text és fruit d’anys de treball de la campanya internacional que treballa per a la prohibició de les armes explosives (INEW per les sigles en anglès) -que el Centre Delàs impulsa a l’Estat espanyol-, i del lideratge d’Irlanda els últims anys.
En concret, la Declaració signada avui, demana que els Estats es comprometin a adoptar polítiques nacionals i pràctiques militars que no causin danys a la població civil, a abstenir-se d’utilitzar armes explosives amb efectes d’àrea àmplia en zones poblades i recopilar i compartir dades sobre els efectes de les armes explosives. Un total de 112 estats i territoris i 6 agrupacions d’estats han reconegut públicament el dany causat per les armes explosives en zones poblades en diferents declaracions.
“Encara que no són jurídicament vinculants, declaracions polítiques com aquesta tenen un pes important perquè poden ajudar a aclarir l’aplicabilitat del dret internacional existent a una situació concreta o a esbossar normes de conducta que van més enllà del dret vigent. En el cas d’aquest tipus d’armes, responsables de tantes víctimes en guerres de tot el món, com va passar amb les bombes de dispersió o les mines antipersones, l’única solució davant l’impacte devastador del seu ús en zones poblades, és la seva prohibició”, apunta Camino Simarro, investigadora del Centre Delàs i coautora de l’informe.
Un representante del Centre Delàs d’Estudis per la Pau asiste el jueves 17 y el viernes 18 de noviembre en Dublín al Foro de la sociedad civil y a la Conferencia para la adopción de la Declaración Internacional para la protección de los civiles ante el uso de las armas explosivas en áreas pobladas. |
Tot i que el dret internacional humanitari ha intentat restringir i prohibir l’ús de diversos tipus d’armes, els atacs indiscriminats i desproporcionats en zones urbanes estan a l’ordre del dia, principalment mitjançant l’ús d’armes explosives.
L’efecte de certes armes d’aquest tipus també pot impedir la producció i la distribució de béns i serveis essencials per al benestar de la població civil. Els conflictes a l’Iraq, Síria, el Iemen i, més recentment, Ucraïna han demostrat aquests greus impactes en les infraestructures bàsiques i en l’entorn de què la gent depèn, cosa que també genera un gran patiment i vulnerabilitat, així com efectes a llarg termini en el desenvolupament socioeconòmic i humà de la regió o país en qüestió. També queda palès en aquests conflictes que l’ús d’armes explosives a zones poblades constitueix una de les principals causes de desplaçament, tant a nivell intern com fora del país mateix.
En aquest sentit, la investigació aporta arguments que desmunten el mite de la precisió de les noves armes, utilitzat per governs i exèrcits per justificar determinades operacions militars, al·legant que respecten el DIH i no afecten la població civil. El principal objectiu d’aquestes armes és reemplaçar els combatents humans al terreny, plantejant guerres asimètriques amb un nombre molt més reduït de baixes pròpies. Estan dissenyades, per tant, per disminuir les baixes de soldats en combat, però això no significa que estiguin preparades per reduir el nombre de víctimes civils. De fet, els autors apunten que amb l’ús de noves armes robòtiques i la proliferació de conflictes armats de baix cost i risc per a la part atacant és molt possible que morin més civils que en els atacs amb armes convencionals.
«A l’Estat espanyol també hem escoltat declaracions en aquest sentit, com van ser les de Josep Borrell, defensant la venda de míssils a l’Aràbia Saudita, malgrat que estan àmpliament documentats bombardejos amb nombroses víctimes civils per part del règim saudita», recorda Jordi Calvo, també investigador del Centre Delàs i coautor de l’informe.
La investigació conclou que la percepció de la possibilitat de dur a terme atacs sense risc pot fer prevaler les solucions militars per sobre de les polítiques, abaixant els llindars per iniciar accions militars. I, per altra banda, que les noves tecnologies com la intel·ligència artificial permetran que sigui més fàcil pensar en guerres a distància més abstractes, cosa que pot portar a més accions militars i a una escalada incontrolada de conflictes en els quals la població civil és sempre la principal damnificada.