Enrique Santiago dice que “el Poder Judicial debe cumplir estrictamente” la ley del ‘solo sí es sí’, que “tiene efectos de reducción de pena mínima en algunos casos y de agravamientos en otros”

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, considera que “el Poder Judicial debe cumplir estrictamente la ley” en relación a la denominada ley del ‘solo sí es sí’, una norma que ha calificado de “buena y equilibrada”.

“Estamos ante una ley que ha supuesto un avance -ha asegurado en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso- y que puede tener efectos en reducción de la pena mínima en algunos casos y va a tener también un efecto de agravamientos de las penas en otros, con lo cual va a ser un resultado muy equilibrado”.

Santiago detalló que a nivel técnico en la ‘ley del solo sí, es sí’ “al agruparse dos tipos penales distintos, el de abuso y el de agresiones, ha habido agravamientos, se han incluido tres agravantes nuevos en el actual artículo 181, y se han reducido algunos tramos mínimos, por ejemplo en el artículo 178”.

En relación a estos últimos casos, valoró que “dependen también de cómo se vayan interpretando, porque habrán visto estos días que hay interpretaciones muy dispares según las audiencias provinciales y según los tribunales”.

“Mi opinión personal -dijo- es que la eficacia de una ley en materia penal no depende del número de años de condena, depende de las políticas resocializadoras de los infractores y de las políticas de prevención. El enfoque de que una ley es buena en función de la punibilidad o la gravedad de las sanciones no es correcto”.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida destacó que esta situación debe analizarse “de una forma global”, ya que con la ley “se ha buscado poner a la víctima en el centro, que el consentimiento en las relaciones sea absolutamente expreso y proteger a las mujeres víctimas de la violencia sexual”. Indicó que “se ha organizado una polémica que no viene a cuento y la situación se irá tranquilizando, y se va a verificar que es una ley buena”.

A preguntas de los/as periodistas, repitió que “no creo que esto sea un problema de errores en la ley, insisto, una ley no es buena porque tenga más años de cárcel, ni es mala porque tenga menos”.

Enrique Santiago recordó también que “esta ley ha pasado innumerables filtros”, entre ellos “ha tenido informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado, ha sido revisada, obviamente, por los ministerios de Igualdad y de Justicia, ha pasado también por el Consejo de Ministros y el Parlamento y, como cualquier norma penal, hay aspectos que pueden gustar más o menos, pero una norma penal no se puede analizar exclusivamente atendiendo a un artículo de todo el articulado”.

Como abogado y jurista experto, apuntó que “el artículo 2 del Código Penal y la Constitución Española indican que siempre que se pueda aplicar una pena más favorable para el acusado y condenado es lo que hay que hacer. Pero no hay dos casos iguales, habrá que verlo caso a caso”.

“Habrá casos -prosiguió- en los que haya una pequeña reducción de la pena y habrá otros, que correspondan a las nuevas condenas, en que habrá agravamientos en las condenas. Son tres agravantes nuevas las que se han introducido en esta ley que no existían antes. Siempre que hay avances sociales que luego se consolidan, siempre hay sectores reaccionarios que no quieren que se avance”.

A preguntas de los/as informadores sobre la ‘credibilidad’ que le merecen las asociaciones judiciales que piden la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró con ironía que “depende de cuáles”. Recordó que “todas las asociaciones que llevan cuatro años mirando para otro lado ante el secuestro del Poder Judicial y el incumplimiento de la Constitución por un sector perfectamente identificado no solo judicial sino de la derecha política, y no han pedido dimisiones, me sorprende ahora que sean tan rápidas para hacerlo con ministros y ministras, y tan comprensivas ante una situación sistemática de incumplimiento constitucional y de secuestro de uno de los tres poderes del Estado. Eso sí que es grave”.