FACUA Madrid critica la falta de una hoja de ruta de la Comunidad en políticas de consumo

La presidenta de la asociación, Marian Díaz, ha intervenido este viernes 18 de noviembre en la Comisión de Economía y Empleo de la Asamblea de Madrid, a petición del grupo parlamentario Más Madrid.

Díaz ha dado a conocer así el análisis de FACUA Madrid sobre las políticas de consumo que está llevando a cabo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Unas políticas que, según valora la asociación, carecen de una planificación estratégica que sirva para cumplir sus objetivos de protección de los derechos de los usuarios.

Así, Díaz ha criticado la falta de apoyo al movimiento organizado de consumidores, al no existir hasta la fecha ninguna línea de fomento o ayudas a su impulso. Es más, la única herramienta de participación existen, el Consejo de Consumo, ni siquiera tiene una utilidad real ya que apenas se convoca.

Sólo se reúnen las comisiones de Legislación y Precios, pero las valoraciones que realizan las asociaciones de consumidores a los proyectos y normativas que allí se presentan nunca son tenidas en cuenta.

Transparencia en las inspecciones

La presidenta de FACUA Madrid también ha señalado la necesidad de dar mayor transparencia a la actividad inspectora que realiza la Comunidad. Por ahora, se desconocen los criterios que se siguen a la hora de programar unas campañas de inspecciones u otras, además de no dar publicidad a sus resultados, no tener en cuenta las propuestas de las organizaciones de consumidores ni usar como criterio el volumen de reclamaciones o denuncias presentadas.

Retrasos en tramitaciones

El retraso en la tramitación de las reclamaciones de los usuarios es otro de los puntos objeto de crítica por parte de la asociación. Las Direcciones Generales de Comercio y Consumo y de Transición energética -que reciben el grueso de las reclamaciones no resueltas por las empresas- acumulan plazos de resolución de entre seis meses y un año.

Además, se tiende al archivo de las actuaciones, evitando, de forma general, la apertura de expedientes sancionadores, mientras que muchas de las denuncias que se presentan se tramitan como reclamaciones y si no se consigue la mediación con la empresa, se archivan.

Por otro lado, hay una opacidad total sobre los expedientes sancionadores que sí llegan a incoarse, de forma que no se hacen públicas las decisiones adoptadas por la Administración ni las posibles sanciones impuestas a las empresas que vulneran los derechos de los consumidores.

Esto deviene en que las sanciones no cumplen con su función disuasoria y de prevención de nuevos fraudes. La transparencia en su imposición resulta fundamental para que los consumidores puedan adoptar sus decisiones de contratación con toda la información disponible.

Y todo ello pese a que la Ley de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid habilita para que se dé publicidad a las sanciones impuestas, una vez sean firmes, en el Boletín Oficial.