«Los privilegios de las confesiones religiosas amenazan el futuro de la escuela pública»

Comunicado

El número de personas que se declaran creyentes en el Estado cae cada año. Las personas que se identifican con opciones de conciencia no religiosas duplican a aquellas que se declaran practicantes de alguna religión.

Allá donde las familias se ven menos condicionadas o coaccionadas a la hora de elegir, el numero de alumnas y alumnos no matriculados en Religión ya es mayoría: un 55% en centros públicos (un 43% si incluimos centros privados y privados subvencionados). Resulta muy significativo que este porcentaje baje hasta un 11% en lo que conocemos como escuela concertada, muy por debajo incluso del 28% de los centros privados no subvencionados (Datos de 2023).

Las distintas leyes educativas (y la LOMLOE no es una excepción), llevan décadas apuntalando los privilegios de la jerarquía católica a través de la pervivencia de la catequesis en todos los centros educativos en horario lectivo y de la no menos grave extensión sin límites de la escuela privada subvencionada. En los últimos años, estos privilegios han empezado a extenderse a otras confesiones religiosas, con la firma de acuerdos que también les permiten estar presentes en los centros educativos, condicionando de forma aún más grave la organización interna de los centros en base a criterios no pedagógicos.

Las organizaciones adheridas a la «Campana unitaria: Por una Escuela Pública y Laica. Religión fuera de la Escuela», denunciamos la sumisión de los gobiernos a los intereses de la jerarquía católica, que en su ansia por mantener una influencia que no se corresponde con el sentir mayoritario de la sociedad, se ha convertido en el principal obstáculo para que la escuela pública sea el eje vertebrador de nuestro sistema educativo, alejándonos de países de nuestro entorno que apostando claramente por la escuela pública presentan mejores resultados académicos y menores tasas de segregación escolar. Sustituir una aconfesionalidad que no era tal por esta suerte de multiconfesionalidad sólo contribuye a empeorar la situación: el espacio público debe regirse por los principios de laicidad.

Por todo ello, exigimos al Gobierno que cumpla sus compromisos y proceda a la derogación de los Acuerdos concordatarios con el Vaticano y aquellos suscritos con otras confesiones religiosas, como única forma de avanzar hacia una escuela pública y laica, científica y libre de dogmas, no segregadora y donde se respete la libertad de conciencia del alumnado y la privacidad de las familias en lo que se refiere a sus ideas y creencias.