Las entidades ecologistas del Consejo de Medio Ambiente valoran la información recibida sobre la DANA pero critican la carencia de participación

Esta semana ha tenido lugar el primer Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente (CAPMA) después de la DANA del 29 de octubre. Como órgano asesor y vía de participación de instituciones y entidades públicas y privadas en materia de medio ambiente, el tema central ha sido enfocado en las consecuencias ambientales, residuales y humanas de la catástrofe, principalmente con la afección sobre la Albufera, los lechos fluviales, el urbanismo y la gestión de los residuos, según ha expuesto Ecologistas en Acción en un comunicado destinado a valorar los resultados del mismo.

Para los ambientalistas, un aspecto prioritario para las entidades ecologistas era pedir una moratoria de los planes urbanísticos en solo no urbanizables afectados por la DANA, como así lo ha hecho la Generalitat, pero también de todos aquellos proyectos otros puntos del País Valenciano. Así mismo, y concordando con la administración, se solicita revisar profundamente lo PATRICOVA y revisar las actuaciones programadas en solo con riesgo de inundabilidad de periodos de retorno de 500 años.

En el Parque Natural de la Albufera, la superficie afectada alcanza 170.000 metros cuadrados. «A pesar de que la administración confirmó que ya no hay derrames provenientes de las depuradoras y que los informes hablan de niveles bajos de contaminación del agua, las organizaciones ecologistas recuerdan que hay parámetros con menor transparencia, mayor conductividad y mayor temperatura que no se habían normalizado», apuntan desde Ecologistas.

«También hay que anotar que algunos datos como el amonio o los sólidos en suspensión no aparecían en los informes desde el 11 de noviembre. Por lo tanto, para lograr los niveles de mejora de calidad, la Albufera necesitará de una aportación extraordinaria de agua limpia del Júcar durando meses», añaden.

Por otro lado, Ecologistas en Acción ha exigido la reunión de la Junta Rectora del Parque Natural con objetivo informativo y para evaluar la situación desde este organismo, apuntando que ya han «50 días desde la DANA», y calificando la negativa a su convocatoria como «excusa» En este sentido, los grupos ecologistas del CAPMA también recordaron la solicitud de una comisión de recuperación de la Albufera con las tres administraciones y la presencia de las partes interesadas (organizaciones ambientales, regantes, ayuntamientos…).

A la vez, las entidades medioambientalistas también han puesto el foco al erradicar el concepto de «limpieza de ríos y barrancos» y sustituirlo por unas restauraciones fluviales adecuadas que compatibilizan las funciones ambientales con la prevención de la inundación. Con este objetivo, han propuesto algunas medidas como la ampliación de los lechos de los ríos recuperando el espacio fluvial, la ampliación de las zonas de inundaciones como tanques de tormenta o la creación de corredores fluviales. Asimismo, han planteado la eliminación de la caña y plantación de especies de bosque de ribera, así como de las barreras obsoletas.

Unas medidas que han propuesto que vayan acompañadas de pedagogía social y ciudadana sobre la población afectada o no.

En relación a la calidad del aire de la zona 0, las entidades ecologistas han solicitado una implantación inmediata de un protocolo real y no «un simple banner sobre recomendaciones dirigidas a la población».

Finalmente, en en cuanto a los residuos generados por la DANA, se habla de la generación de 1,5 toneladas en un día (el volumen anual al País Valenciano es de 2 toneladas) y fijar el 23 de febrero de 2025 como fecha tope para retirar la acumulación y acope de vehículos. En ese sentido, y a petición de Ecologistas en Acción, se empezará por los que sean más peligrosos y estén más cerca de las viviendas.

El resto de puntos del CAPMA se trataron de forma rápida y escueta, como temas meramente informativos. En ese sentido, desde Ecologistas en Acción han lamentado «que la Generalitat no cumpla con el espíritu que regula el CAPMA, creado como una tabla de diálogo y participación sobre proyectos normativos futuros y en la que se invita a la sociedad civil a proponer mejoras y cambios en futuras leyes y regulaciones medioambientales». «En cambio, el actual gobierno no quiere entrar en ese debate y prefiere emplear el CAPMA como una entidad meramente informativa», han sentenciado.