Varias organizaciones sociales y sindicales han solicitado información a la Consejería de Sanidad sobre posibles empresas israelíes proveedoras

Con fecha 21 de diciembre de 2024 y número de registro RGE/941655/2024 la plataforma de trabajadoras y trabajadores Sanitari@s con Palestina en Canarias ha registrado una solicitud de información sobre la posible relación de la Consejería de Sanidad y, en concreto, del Servicio Canario de Salud con empresas israelíes del ámbito sanitario con la intención de pedir la aplicación de criterios de gestión éticos y ajustados al Derecho Internacional, en concreto, a la  Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General en su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948, afirma la Dra. Trinidad Hernández, portavoz de dicha plataforma.

Además añade que en diciembre y principios de enero la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias y las organizaciones sindicales Comisiones Obreras,  Intersindical Canaria y Alternativa Sindical Obrera Canaria han enviado solicitudes similares dirigidas a la Consejera de Sanidad, Dña. Esther María Monzón y al Director del Servicio Canario de Salud, D. Carlos Gustavo Díaz.

Desde Sanitari@s con Palestina señalan que el 26 de enero de 2024 la Corte Internacional de Justicia constató que es plausible que Israel esté violando en Gaza sus obligaciones conforme a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y dictó resolución con medidas preventivas que Israel ignoró. Además el 21 de noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional (CPI) dictó órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y  Yoav Gallant.

La mencionada plataforma explica que, según la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, se establece la obligación de prevenir y castigar este acto, además, como parte del derecho consuetudinario internacional, esta obligación es vinculante para todos los Estados, hayan o no ratificado la Convención y la C.I.J. ha concluido que la obligación de prevenir el Genocidio tiene un alcance extraterritorial y los Estados que tengan la capacidad de influir al resto tienen la obligación de emplear todos los medios razonablemente disponibles para prevenir el Genocidio. Añaden que ante la falta de acción de altas instituciones acorde al drama que estamos viendo, como trabajadores sanitarios deben exigir a la Administración Pública Sanitaria una actuación institucional a la altura, como se ha hecho, por ejemplo, en la Universidad de La Laguna suspendiendo proyectos con universidades israelíes, igual que otras universidades del Estado.

En este sentido, aclara la portavoz, que las organizaciones mencionadas han formulado varias preguntas a los responsables de la Consejería de Sanidad y del Servicio Canario de Salud dirigidas a conocer si se están comprando productos o contratando servicios a empresas israelíes que directa o indirectamente colaboran con el régimen colonial de Israel, como es el caso de la gigante TEVA, de medicamentos genéricos, que sólo en 2023 pago 565 millones de dólares en impuestos al régimen sionista y tiene centros de producción y comerciales en territorio ocupado, vendiendo en ese mercado cautivo sus productos muy por encima del precio de mercado.

Afirman desde Sanitari@s con Palestina en Canarias que hasta la fecha no han recibido respuesta de la Consejería, ni del Servicio Canario de Salud, y consideran que todas las Administraciones Públicas de cualquier nivel o ámbito tienen que aportar su grano de arena para detener el Genocidio en curso del pueblo palestino, pues el acuerdo de tregua actual, aunque da esperanzas, las experiencias anteriores dan pocas garantías de que Israel no vaya a continuar con el proceso de limpieza étnica como está ocurriendo en Cisjordania a pesar de la tregua, mantienen en la plataforma de sanitarios. 

Aprovechan además para llamar a la población a participar en la movilización estatal del 25 de enero contra el Genocidio y secundar el boicot del movimiento BDS respecto al consumo en empresas que de uno u otro modo se benefician de la ocupación o apoyan al ente colonial sionista.