El Sindicato de Inquilinas e inquilinos de Madrid consigue la devolución de 25.000€ por subidas ilegales a 140 inquilinas

Comunicado

Inquilinas de 140 viviendas distribuidas por 3 bloques de Madrid propiedad de un mismo casero han logrado que se les devuelva un total de 25000€ por subidas ilegales. Estas se habrían aplicado en el último año por no respetar el tope al 2% de las subidas interanuales vinculadas al IPC aprobado por el Gobierno en marzo de 2022.

A pesar de que muchas de ellas rechazaron esta subida ilegal de forma individual anteriormente, las empresas multiarrendadoras Hice, Caspima y Casvoz, propiedad de las hermanas Castro Lomas, insistían en que esta medida “intervencionista”, según sus comunicaciones con las inquilinas, era cautelar y no tenían por qué respetarla. Al no haber ningún régimen sancionador que asegurara el cumplimento de la normativa, las caseras se podían dar el lujo de no respetar el límite y aprovecharse de su posición de poder frente a las inquilinas para cobrar rentas superiores a lo establecido legalmente.

Ante esto, junto al Sindicato de Inquilinas de Madrid, las vecinas de los tres bloques ubicados en Paseo de la Chopera, Avenida Valladolid y Calle General Martín Cerezo, se organizaron de forma colectiva y mandaron un escrito conjunto firmado por más de 50 inquilinas exigiendo la devolución de las subidas ilegales que se les habían impuesto. Fue en ese momento cuando la propiedad, cediendo a la presión de las inquilinas organizadas, accedió a devolver una media de 175€ por vivienda a todas las inquilinas, tanto aquellas que firmaron la carta como las que no, ascendiendo a un total de 25000€ que habrían intentado estafar previamente.

Sin embargo, son muchas las vecinas que ahora se enfrentan a otra práctica abusiva por parte de las hermanas Castro Lomas. Tras casi una década en la vivienda, aquellas inquilinas cuyo contrato finaliza estos meses están recibiendo burofaxes donde se les indica que la renovación del contrato solo irá vinculada a una subida abusiva del 60% de sus alquileres (por ejemplo, de 840€ a 1300€). Si se acogen a la prórroga aprobada por el gobierno en diciembre de 2022 para extender su contrato 6 meses, reciben amenazas de no renovación. Si se niegan a aceptar la subida impuesta, reciben una demanda de desahucio por expiración de contrato. Ante esto, una vez más las vecinas tienen claro que van a luchar juntas contra las subidas; no quieren irse de sus casas y exigen una negociación colectiva para llegar a una solución con la propiedad.

La familia de las hermanas Castro Lomas está especializada en la especulación inmobiliaria, obteniendo más de un millón de euros en beneficios a raíz de las rentas de estos 3 bloques organizados. Aparte, también poseen otros bienes, como una finca en la Reserva Natural de las Hoces del Cabriel, en Cuenca, que se les cedió gracias a sus influencias políticas. Aun así, intimidan a sus inquilinas alegando que como caseros tienen acceso a menos ayudas que ellas, presionándolas con que “se tienen que adaptar a la realidad de la vida” y llegando incluso a amenazarlas con mandar a la policía a sacarlas de sus casas si no aceptan las subidas. Sin embargo, las vecinas han decidido unirse a la campaña #NosQuedamos del Sindicato de Inquilinas y no aceptar ninguna subida hasta conseguir una negociación colectiva, a pesar de la finalización del contrato.

Esta práctica de subidas abusivas al finalizar un contrato es común tanto para fondos buitre y grandes propietarios como Blackstone así como pequeños especuladores con 1 o 2 viviendas en alquiler, ya que la ley actualmente no pone ningún tipo de límite ni regulación a la subida que se puede imponer en la renovación de un contrato, algo que en el pacto de Ley de Vivienda anunciado recientemente solo aplicaría en zonas tensionadas de aquellas Comunidades Autónomas donde se decretaran las mismas. Además, el pacto de ley tampoco incluye un régimen sancionador para aquellos rentistas que no apliquen las medidas aprobadas, por lo que las estafas por subidas interanuales mayores al límite se podrían seguir dando. Una vez más, la responsabilidad de defender los derechos de los inquilinos y el acceso a una vivienda digna caería sobre la organización de las vecinas y los sindicatos de inquilinas, a pesar de que estos últimos siguen sin ser reconocidos como actores clave en la negociación entre casero e inquilinos en el pacto de ley actual.

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