Una nueva sentencia de los juzgados de lo contencioso administrativo de Alicante establece indemnizaciones para funcionarios en abuso de temporalidad cesados tras no consolidar
- Tras una primera sentencia favorable en Zaragoza, una nueva sentencia de los juzgados de lo contencioso administrativo de Alicante, estima a dos trabajadores públicos en abuso de temporalidad una compensación económica por no superar los procesos de consolidación abiertos en el Ayuntamiento de Alicante.
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Una nueva sentencia de los juzgados de lo Contencioso Administrativo, en concreto el numero dos de Alicante, ha estimado una indemnización derivada de la ley 20/2021, a dos funcionarios interinos, afiliados a CGT, que fueron cesados tras un proceso selectivo convocado por el Ayuntamiento de Alicante en 2018 y posteriormente acumulados con otras ofertas de empleo posteriores. Según la ley de “medidas urgentes para la reducción de la temporalidad” no le correspondía indemnización alguna, pero el juzgado ha fallado que es de aplicación si el funcionario está en abuso de temporalidad y cumple los requisitos que se marcan en la ley 20/2021 para otros trabajadores temporales que cesan por no superar procesos selectivos más actuales.
Esta nueva sentencia con la dirección jurídica del letrado de la Confederación General del Trabajo (CGT), Faustino Grau Expósito , defendiendo a dos funcionarios temporales en abuso con mas de trece años de antigüedad cuando se produjo el cese, refuerza la vía judicial para que puedan reclamar compensaciones económicas todos los trabajadores públicos, funcionarios interinos, estatutarios, cesados en abuso de temporalidad e inmersos en cualquiera de los procesos de consolidación abiertos por las distintas Administraciones Públicas con anterioridad a la ley 20/21.
En el ámbito de la vía laboral, ya existe doctrina por parte de la sala de lo social del Tribunal Supremo por la cual los trabajadores en abuso deben de ser declarados indefinidos no fijos, y se contempla una indemnización en caso de cese.
Tras conocerse las sentencias ,la Confederación General del Trabajo (CGT) ha puesto en marcha una campaña estatal dirigida a personal funcionario, laboral o estatutario en abuso de temporalidad, para facilitar a todas las personas damnificadas la impugnación de los ceses y la reclamación de indemnizaciones.
La campaña, incluye la creación de una plataforma automatizada para la realización de las demandas y una bonificación en el coste de la asistencia legal. Toda la información detallada se puede encontrar en la dirección web de Fetap-CGT.
La campaña recuerda que la declaración de fijeza en la plaza es la única que sanciona la utilización abusiva de este tipo de contratos. Por ello, si no se otorga, insta a reclamar la misma indemnización vigente en la actualidad para el sector privado en los casos de despido improcedente. La petición se ampara en la jurisprudencia europea, que ya reconoce el uso de la indemnización como modo de sanción frente a la temporalidad.
Como ya ocurre con el personal laboral y ahora con el personal funcionario, la impugnación abriría la puerta a la reclamación de una indemnización por despido objetivo
La campaña “Impugna tu cese” señala que multitud de personas, tanto personal interino como temporales y estatutarios que ven peligrar su puesto de trabajo en la Administración al tener que enfrentarse a los procesos de estabilización, ya sea en régimen laboral o como funcionario.
Además, subraya que los procedimientos de consolidación afectan a todas las plazas ocupadas por contratos laborales y nombramientos interinos y ahora se abre una nueva vía para reclamar indemnización al cese y no despido gratuito como era la tónica general en todas las administraciones públicas españolas.
La Confederación General del Trabajo (CGT), de la mano de su federación de ramo, (FETAP), es la única organización sindical con representación estatal en las administraciones públicas, que está defendiendo de forma enérgica una solución a las situaciones de abuso de temporalidad, que a día de hoy se siguen produciendo en el sector público, donde la ley 20/2021 no ha hecho más que legalizar el abuso en la temporalidad de los trabajadores públicos sin solucionar el problema desde su raíz.