La gran movilización del 23N y los nuevos datos del Centro de Estudios de Opinión (CEO) hacen urgente una respuesta política a las demandas del Sindicat de Llogateres

Los nuevos datos del Centro de Estudios de Opinión (CEO) sitúan el acceso a la vivienda como el principal problema de los catalanes por primera vez desde 2007, momento en que estalló la burbuja inmobiliaria tras una década de incrementos sostenidos de los precios.

La preocupación por el acceso a la vivienda es la principal en todos los tramos de edad desde los 18 hasta los 64 años, desmontando el mito de que se trata únicamente de un problema juvenil. Por otro lado, también es el principal problema para los votantes de la gran mayoría de partidos políticos, con la única excepción de los partidos de extrema derecha.

Estos datos llegan pocos días después de una manifestación histórica en la que ya se visibilizó lo que ahora confirma la encuesta (con datos recogidos antes del impacto mediático de la manifestación). La preocupación por la vivienda es mayoritaria, amplia y transversal.

Medidas reanunciadas, más grupos de trabajo y apuesta por la construcción

Las respuestas de los diferentes gobiernos a la ola de movilizaciones no aportan ninguna novedad. Se limitan a reciclar propuestas reiteradas, como la creación de grupos de trabajo que dilatan cualquier intervención, además de recurrir a la solución de siempre: construir. Esto no solo no resuelve el problema de fondo, sino que, en caso de tener efectos relevantes, los tendrá tarde y, sobre todo, se aleja del sentido común compartido por la ciudadanía.

No es casualidad que la última vez que este problema lideró las preocupaciones coincidiera con un auge de la construcción, justificado por el exceso de demanda, que nos llevó a la crisis. Sin embargo, Cataluña sigue teniendo una ratio de viviendas por habitante muy superior a la media europea.

La apuesta exclusiva por la construcción, sin prever los regímenes de tenencia, propiedad y protección de estas viviendas, garantiza mantener intacto el modelo actual. Esto añade costes ambientales (y, en el caso de la vivienda protegida, también recursos públicos), mientras los problemas estructurales permanecen: concentración de la propiedad, inaccesibilidad, usos turísticos y de temporada, entrada de inversores especulativos y una regulación fiscal y habitacional favorable a los rentistas.

Según el CEO, el último Òmnibus ya reflejaba las preferencias entre posibles políticas de vivienda. La regulación de precios del alquiler era claramente prioritaria en todos los casos frente a la construcción (70% vs. 30%). Por el contrario, la construcción de vivienda perdía en todas las comparaciones.

El anuncio de la consellera Paneque sobre la creación de cinco grupos de trabajo con “todos los sectores implicados” recuerda la respuesta de Pedro Sánchez tras la manifestación de Madrid el 13 de octubre, con una supuesta reunión de trabajo que pretendía equiparar los intereses de los inquilinos con los del sector inmobiliario, la construcción y los rentistas. Es urgente asumir que, para implementar políticas que respondan a esta preocupación, hay que tocar los intereses de quienes se benefician del problema: no se puede gobernar a la vez para inquilinos y para rentistas, ni beneficiar al mismo tiempo a la mayoría social preocupada por el acceso a la vivienda y a una minoría que hace negocio con ella.

Cuatro soluciones para garantizar alquileres asequibles

En la manifestación del 23N y en la comparecencia en el Congreso de los Diputados la semana pasada, el Sindicat de Llogateres propuso cuatro soluciones para garantizar alquileres asequibles:Reducción del alquiler en un 50% mediante una regulación mucho más ambiciosa.Contratos indefinidos de alquiler o renovación automática de los contratos.Recuperación del uso residencial de viviendas destinadas a usos turísticos o de temporada y de viviendas vacías.Prohibición de compras especulativas y medidas para acabar con la acumulación de pisos y la concentración de la propiedad.

Estas son medidas que podrían aplicarse rápidamente y con efectos inmediatos. Los gobiernos español y catalán no pueden escudarse en excusas competenciales, especialmente cuando es el mismo partido quien gobierna en solitario en ambos ejecutivos.