Las cinco diferentes fases de un mismo complejo hidroeléctrico, bautizado como Renace y situado en la cuenca del guatemalteco Río Cahabón (en el departamento de Alta Verapaz), están teniendo un grave impacto en los derechos humanos de 29.0000 indígenas quekchí que habitan en las comunidades indígenas de este territorio y en el medio ambiente.

En total, se calcula que unos 30 kilómetros del caudal del Cahabón se ven afectados por un proyecto propiedad del grupo guatemalteco Corporación Multi-Inversiones (CMI), que ha subcontratado para la realización de las obras, en tres de las cinco fases previstas, a la empresa española Grupo Cobra (ACS), presidida por el conocido empresario Florentino Pérez.

Una investigación realizada por la ONG Alianza por la Solidaridad durante los dos últimos años, y en la que ha participado el colectivo guatemalteco Madre Selva, revela que el cauce del Cahabón, considerado uno los 15 mejores ríos del mundo por la CNN, con esta hidroeléctrica -que será la más grande del país-, pierde el 90% de su caudal, hasta el punto de quedarse prácticamente sin agua en época seca, cuando más necesitan de ella las comunidades del entorno.

El caso se incluye dentro de la campaña TieRRRa (a favor de las Empresas Rentables, pero Responsables con los Recursos naturales) lanzada por la organización hace un año para sensibilizar sobre el control del impacto de las inversiones extranjeras de compañías privadas con sede y/o capital en España.

El informe revela graves vulneraciones de derechos humanos e impactos ambientales, el aumento de la conflictividad en las comunidades y denuncias y criminalización de los opositores al proyecto”. Además, se ha comprobado que no hubo una consulta previa e informada a las poblaciones indígenas, como marca la normativa internacional.

Alianza lanza hoy jueves, día 16 de junio, una campaña de recogida de firmas dentro de su campaña TieRRRa dirigida al presidente de ACS, Florentino Pérez, para exigirle que paralice de inmediato su participación en las obras en marcha y no las reanude hasta que no se realice un exhaustivo informe del impacto social y ambiental de la hidroeléctrica en su conjunto, algo que no ha tenido lugar hasta ahora.

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El lanzamiento de esta nueva fase de la campaña TieRRRa ha tenido un acto en Madrid el jueves día 16 de junio, en el que ha participado Julio Rodríguez, defensor de derechos humanos del Colectivo Madre Selva de Guatemala, de visita en España con este fin. Guatemala es un país donde sólo en 2015 sufrieron agresiones y amenazas 485 defensores del medio ambiente. Asimismo, estuvo presente la responsable de la campaña, Almudena Moreno, y una representante del PRO-VIDA/Foro del Agua de El Salvador, Karen Ramírez, colaboradora de Alianza en otro de los casos de TieRRRa. En el acto se dieron detalles de lo acontecido en Alta Verapaz, una región acosada por la extracción de recursos naturales, desde que se inició Renace hasta hoy.

Previamente, el miércoles día 15, se presentó la campaña TieRRRa en las jornadas que organiza en Bruselas el Parlamento Europeo, dentro de los Días Europeos del Desarrollo, para contribuir al desarrollo sostenible de las prácticas empresariales.

Destaca que el Grupo COBRA/ACS, que participa en tres de las cuatro fases de este proyecto Renace (la fase V no se ha iniciado) no se considera responsable de los impactos sociales y ambientales de la inversión, y por tanto se mantiene a margen de cualquier obligación con las comunidades indígenas afectadas.

Alianza por la Solidaridad considera que la única alternativa aceptable es suspender las obras de Renace IV y de la futura Renace V hasta que exista la evaluación exhaustiva de todo el complejo, que debe incluir la dimensión de género, el derecho al agua y la participación, el acceso a la información y la no discriminación, así como mecanismos de reparación o resarcimiento necesarios.

Julio Rodríguez, del colectivo Madre Selva de Guatemala está disponible para entrevistas sobre el caso Renace el día 16 (desde mediodía) y día 17 de junio.