La transición energética no es posible sin renovables ni la participación activa de la ciudadanía

Hoy jueves el comisario europeo de Acción Climática, Miguel Arias Cañete, comparece ante la Comisión Mixta para la Unión Europea del Parlamento español para informar sobre las medidas propuestas por la Comisión, con el objetivo de cumplir con los compromisos adquiridos en el acuerdo de París. 

Greenpeace recuerda al comisario Cañete y a los parlamentarios españoles que la Unión Europea y sus Estados miembros, solo podrán avanzar y prescindir de los combustibles contaminantes y de la energía nuclear si permiten que la ciudadanía participe y se beneficie de la transición renovable.

Las reformas de la legislación europea en materia de energía renovable deben consagrar el derecho legal de la ciudadanía, cooperativas, municipios y pequeñas empresas a producir, consumir y vender energía renovable, construyendo así las bases para una “unión energética” justa, abierta y transparente.

Además, Greenpeace destaca que las inversiones públicas deben dejar de destinarse a los combustibles fósiles y nucleares y priorizar la producción y el consumo de energías renovables así como la eficiencia energética. España asigna subvenciones desde 1997 a las energías contaminantes (tanto en forma de pagos por capacidad como de ventajas fiscales) tal y como ha subrayado la Comisión. Tan solo en 2015 las centrales térmicas de carbón recibieron casi 100 millones de euros y las de ciclo combinado de gas otros 300 millones.

La organización ecologista cree que el paquete de Invierno debería encontrar soluciones a temas como el elevado precio de la energía, la pobreza energética, la situación dominante de las empresas energéticas ante los ciudadanos e incluso ante los Gobiernos, el impuesto al sol o la contaminación y el cambio climático.

Sin embargo, por lo menos dos de las medidas legislativas propuestas por la Comisión (la que trata del desarrollo de las energías renovables y aquella que aborda el diseño del mercado europeo de electricidad), de facto podrían poner en riesgo la transición a las energías renovables y limitar fuertemente la capacidad de la Unión Europea para actuar de forma ambiciosa ante el cambio climático, la contaminación y la necesidad de una mejor gestión democrática de un sector tan estratégico como el energético.