España retrocede en concesiones de protección pese a recibir cada año más solicitudes

CEAR ha analizado hoy los datos de asilo de España en 2023 con la publicación del informe ‘Más que cifras’, destacando que 163.220 personas solicitaron asilo en nuestro país, lo que supone otro año consecutivo de récord histórico.

A esto hay que sumar las 33.928 solicitudes de protección temporal de personas desplazadas por la invasión rusa de Ucrania, que en total son 195.000 desde el 24 de febrero de 2022. Sin embargo, la organización lamenta profundamente el descenso de resoluciones favorables, del 16,5 % al 12 % actual, rompiendo la tendencia al alza de los dos últimos años y alejándose más de la media europea, que se situó en torno al 40 % en 2023. 

Las peticiones de asilo fueron un 37% más que el año anterior. Todo ello pese a los enormes y graves obstáculos que están teniendo las personas para acceder al procedimiento de asilo: las dificultades para acceder a las citas para manifestar la voluntad y formalizar las solicitudes se siguen cronificando y dejando a miles de personas en un limbo legal durante meses, lo que vulnera la Directiva Europea de Procedimientos.  

Perfil de los solicitantes

Venezuela (60.534), Colombia (53.564) y Perú (14.308) representan casi el 79% del total de solicitudes. Completan el listado de las diez primeras nacionalidades Honduras, Cuba, Marruecos, Nicaragua, Senegal, Rusia y El Salvador, confirmando un año más que la mayoría de las personas que solicitan asilo en España llegan a nuestro país a través de frontera aérea.

No obstante, este año ha aumentado considerablemente el número de personas que tienen que arriesgar su vida para llegar a Canarias, y esto se aprecia con la irrupción de Senegal entre los principales países de origen, ante la grave crisis sociopolítica que atraviesa el país africano, entre otros motivos. Además, las solicitudes de nacionales de Rusia casi se triplicaron, mostrando que cada vez más personas de este país tienen que huir desde que comenzó la invasión de Ucrania, debido sobre todo al reclutamiento forzoso y a la situación de deterioro de los derechos humanos, especialmente para las personas LGBTIQ+.  

Vidas pendientes de una resolución

En su conjunto, hubo 88.042 resoluciones, de las cuales un 40% fueron desfavorables, un 47% se resolvieron vía razones humanitarias (un tipo de protección menos garantista que se concede en su inmensa mayoría a personas de Venezuela) y apenas un 12% fueron favorables: solo a 11.163 personas se les concedió el estatuto de refugiado o la protección subsidiaria. 

Por otro lado, siguen aumentando alarmantemente las solicitudes pendientes de resolución en España. Un total de 191.095 personas esperan durante meses, e incluso más de un año, una decisión de la que depende su vida y su acceso a derechos fundamentales. Se trata de un 56% más que el año pasado, cuando ya la situación era extremadamente preocupante. 

Las caras positivas y negativas del reconocimiento de protección 

En la cara positiva de la moneda cabe destacar el aumento del reconocimiento de protección a personas de El Salvador y Honduras (del 30 al 35% y del 16 al 22%, respectivamente), muchas de ellas amenazadas por la violencia de las maras. También se ha incrementado considerablemente la protección a las personas de Nicaragua (del 24% al 64%) por la violencia política que azota el país centroamericano.  

En la cara contraria de la moneda se encuentran un año más las personas que tienen que huir de Colombia. Casi el 94% de sus solicitudes son resueltas negativamente, pese a las graves amenazas que sufren activistas y líderes comunitarios en este país. Al mismo tiempo, CEAR también llama la atención sobre la denegación sistemática de las solicitudes de personas procedentes de Senegal, un país golpeado por una fuerte crisis sociopolítica. El 83% de sus solicitudes fueron denegadas, pero esto no evita que cada vez más personas arriesguen su vida en la peligrosa ruta atlántica o intenten buscar otras vías menos peligrosas como vuelos que hacen escala en Madrid. 

La situación de Barajas y los visados de tránsito 

En los puestos fronterizos solicitaron asilo 3.386 personas, un 25% más que el año anterior. Aunque suponen una mínima parte del total de solicitudes, este aumento refleja la situación vivida en las salas de asilo del Aeropuerto de Madrid-Barajas, ya que la mayoría se formalizaron en estas dependencias. CEAR señala que este incremento ha sido exponencial desde el pasado mes de agosto y ha provocado retrasos en la formalización de las solicitudes de asilo y una situación grave de hacinamiento que vulnera los derechos fundamentales y la dignidad de personas refugiadas de Somalia, Senegal, Venezuela, Colombia o Marruecos. 

Ante esta situación, el Gobierno de España ha impuesto, entre otras medidas, un visado de tránsito aeroportuario a nacionales de Kenia desde el pasado 20 de enero y a personas senegalesas a partir del próximo 19 de febrero, además de pedir la colaboración a Marruecos para impedir que embarquen personas de Senegal sin visado Schengen expedido dos años antes. Con estas actuaciones, se impide el acceso al derecho de asilo a las personas refugiadas de Somalia que huyen de la grave situación humanitaria en su país y que llegaban a España con un pasaporte de Kenia. También supone un nuevo obstáculo para acceder a la protección que necesitan quienes huyen de Senegal, lo que les dejará como única alternativa arriesgar su vida en la mortífera ruta atlántica, en la que al menos 956 personas perdieron la vida el año pasado. 

CEAR recuerda que estos visados de tránsito se les exige ya a personas procedentes de países en conflicto, pese a que se trata de personas que cuando logran llegar a España tienen altas tasas de reconocimiento de protección, como Siria (92%), Burkina Faso (97,4%), Mali (98,8%), Somalia (97%), Afganistán (87,3%) o Palestina (84%). 

“Cada vez que se produce un aumento de solicitudes de asilo de una determinada nacionalidad, que suele coincidir con conflictos o emergencias en sus países de origen, el Gobierno trata de frenar las llegadas imponiendo visados de tránsito. Una medida que provoca que tengan que recurrir a rutas más peligrosas y que muchas tengan que poner su vida en manos de mafias, lo que se traduce en más muertes, sufrimiento y vulneraciones de derechos en las fronteras de Europa. Seguiremos exigiendo por activa y por pasiva que, como contempla la Ley de Asilo, se posibilite solicitar asilo en embajadas y consulados, la única medida efectiva que se debería tomar ante estas situaciones”, concluye Estrella Galán, directora general de CEAR. 

Información complementaria 

• El 53% de los solicitantes de asilo fueron presentadas por hombres y el 47% por mujeres, 22.593 más que el año anterior, lo que muestra que cada año se incrementa el número de mujeres en las rutas migratorias. El 19% del total de las peticiones fueron formalizadas por menores de edad acompañados por sus familias.  
• El 97% de las solicitudes de presentaron en territorio. Solo el 3% de las solicitudes se presentaron en puestos fronterizos, Centros de Internamiento Extranjero (CIE) o a través de extensiones familiares en Embajadas y Consulados españoles.  
• Por Comunidades Autónomas, el número de solicitudes de asilo fue el siguiente: Comunidad de Madrid 52.684, Andalucía 25.948, Catalunya 14.775, Canarias 8.621, Galicia 8.438, Comunidad Valenciana 8.041, Castilla y León 7.357, Aragón 6.438, Euskadi 6.153, Castilla La Mancha 5.787, Región de Murcia 3.127, Asturias 2.437, Cantabria 2.384, Navarra 2.171, Extremadura 1.782, Illes Balears 1.610, Melilla 1.382, Ceuta 1.285 y La Rioja 794.