Redacción •  Actualidad •  07/09/2023

La contaminación de las aguas superficiales con el herbicida glifosato debe obligar a que España vote su prohibición

El 22% de las muestras de aguas superficiales, entre ellas las recogidas en España, contenían niveles de glifosato que las hace inadecuadas para el consumo humano. Esta contaminación también supone una importante amenaza para la vida acuática. España debe oponerse a la renovación de la licencia del herbicida en la votación de estados miembros que tendrá lugar en los próximos meses.

La contaminación de las aguas superficiales con el herbicida glifosato debe obligar a que España vote su prohibición
Anticipándose a la votación de 2023 sobre la reautorización del glifosato, Ecologistas en Acción, miembro de la Red Europea de Acción en Plaguicidas, junto a Los Verdes, ha analizado los niveles de glifosato en las aguas superficiales europeas y españolas. 
 
Para el estudio, se han tomado muestras de aguas superficiales en 12 países de la Unión Europea a finales de octubre de 2022, después de la temporada agrícola. En total, se recogieron 23 muestras de río/arroyo y 5 muestras de agua de lago.
 
Incluso fuera de la temporada agrícola para la mayoría de los países, el herbicida glifosato y su producto de degradación, AMPA, se han detectado en 17 de las 23 muestras (74%) de aguas superficiales de 11 de los 12 países del estudio. Cinco de las muestras de agua, entre ellas las recogidas en España (en Les Garrigues, San Pedro del Pinalta y en la rambla del Albujón) contenían niveles de glifosato y/o AMPA superiores al límite ambiental de seguridad de 0,1 μg/l para las sustancias activas de los plaguicidas y sus metabolitos en el agua potable.
 
Los resultados de este informe refrendan los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para 2021, que detectaron glifosato por encima de la norma de calidad de 0,1 μg/l en uno de cada tres puntos de muestreo, algo que Ecologistas en Acción lleva años denunciando con numerosos informes
 
Esta contaminación supone, en primer lugar, una importante amenaza para los ecosistemas acuáticos. El glifosato está clasificado como tóxico para la vida acuática, con efectos duraderos. Las pruebas científicas demuestran que el glifosato y el AMPA suponen un riesgo significativo para los ecosistemas acuáticos en las concentraciones en que se encuentran en el medio ambiente. Incluso niveles bajos de glifosato afectan al crecimiento y desarrollo de especies acuáticas clave, desde plantas y algas hasta peces y anfibios. La exposición a herbicidas a base de glifosato, que también contienen tensioactivos y otros coformulantes, suele ser incluso más tóxica que el glifosato por sí mismo. Además, los riesgos podrían ser aun mayores ya que las últimas conclusiones de la EFSA sobre el glifosato admiten ‘lagunas de datos’ en relación con su toxicidad acuática. 
 
En segundo lugar, el nivel actual de contaminación por glifosato en Europa pone en peligro la integridad de los recursos hídricos para uso humano. Los casos de contaminación de agua potable que ha sufrido España en los últimos meses aumentarán si no se pone freno al uso de herbicidas tóxicos, especialmente cerca de zonas de abastecimiento.
 
En los siguientes meses de 2023, los Estados miembros votarán la renovación (o no) de la licencia del glifosato en el comité de pesticidas europeo ScoPAFF. Aunque el voto es secreto, se sabe que en la última votación sobre el glifosato, en 2017, España no votó a favor de la renovación. Ahora, la amplia contaminación de las aguas por glifosato y AMPA, sumada a las lagunas de datos sobre su toxicidad para la vida acuática demuestran que no se cumplen los criterios de aprobación de cualquier plaguicida, lo que facilita que España vote en contra de la renovación.
 
Es imperativo que la Comisión Europea y los Estados miembros se opongan al uso del glifosato para hacer frente a las consecuencias sobre la calidad del agua y los efectos adversos observados en un amplio espectro de especies, incluidos los seres humanos. También es imprescindible adoptar objetivos jurídicamente vinculantes para reducir a la mitad el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos, tal y como propone la Comisión en el Reglamento relativo al uso sostenible de los productos fitosanitarios.

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