La ILP popular por la regularización de medio millón de personas migradas, a expensas del voto de PSOE y PNV

El pleno del Congreso de los Diputados debate este martes si sigue adelante la iniciativa legislativa popular (ILP) que reclama la regularización extraordinaria del medio millón de personas originarias de países extracomunitarios. Se trata de una iniciativa que en la anterior legislatura registraron unas 800 entidades sociales para dar documentación legal a los inmigrantes que estén residiendo en el Estado desde antes del 1 de noviembre de 2021, como ya se ha hecho en anteriores ocasiones. Por el momento los promotores del texto temen que la petición se archive y la cámara baja sea el final del trámite.

La ILP es una figura reconocida constitucionalmente por la que la ciudadanía puede presentar propuestas legislativas en el Congreso si presenta al menos medio millón de firmas. En este caso se han reunido más de 700.000 a través de la iniciativa conjunta bautizada como Esenciales, para evidenciar el papel esencial en el ámbito económico y social que juega el colectivo de extranjeros extracomunitarios.

La mitad de los 500.000 extranjeros en situación irregular son mujeres, y alrededor de 125.000, menores de edad. Son dos de los grupos con mayor vulnerabilidad social, según denuncian insistentemente las entidades sociales que, como las administraciones públicas, no pueden atender a estas personas, si bien son las que se hacen cargo con apoyo de todo tipo: desde la alimentación y la ropa hasta becas comedor de las criaturas.

La irregularidad administrativa aboca a este colectivo a trabajar en trabajos sin contratos ni seguros o con condiciones de explotación. La falta de una autorización de residencia también les dificulta el empadronamiento de gran parte de los ayuntamientos catalanes, que retrasan la inscripción en el padrón municipal, o incluso el poder alquilar una vivienda. El miedo a ser detenidos o el desconocimiento de los mecanismos administrativos y legales complica, además, que puedan denunciar los abusos con los que se topan en su día a día. Tampoco pueden votar, lógicamente, así que pueden vivir durante años en el país pero no tienen derecho a escoger a sus representantes políticos ni a hacer oír su voz.

La representante de la comisión promotora de la iniciativa, Yolanda Edith Espínola, admitió su pesimismo sobre el trámite en el Congreso, y afirma que, por ahora, desconoce si habrá un debate con argumentos en contra y en favor de la ILP o si bien los diputados decidirán no tramitar el texto. Avisa que, con esta solución, «corre peligro de que se rompa el deseo de las más de 700.000 personas españolas que han apoyado con su firma la iniciativa y que no se tenga en cuenta ni su voz ni su deseo».

Entre las entidades que forman la plataforma Esenciales se encuentran #Regularización Ya, el Sindicato de Manteros, la Unidad contra el Fascismo y Racismo, Cerramos los CIES o SOS Racismo. El pasado marzo, portavoces de la plataforma ya defendieron la iniciativa por segunda vez en el Congreso y entonces ya recalcaron que la regularización general «es cuestión de democracia». En ese momento contaron con el apoyo de los grupos parlamentarios de Sumar, ERC, Bildu, el BNG, y el PNV y el rechazo del PP y Vox. Mientras, el PSOE insistió en que «la Unión Europea no permite una regularización generalizada de migrantes y que la política migratoria española está sometida a la voluntad de los Veintiséis».