IU respalda actualizar de inmediato la ley de Secretos Oficiales franquista para “proteger el acceso a la verdad” y acabar con “interferencias al investigar Derechos Humanos vulnerados”

El portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha defendido esta tarde en el Pleno del Congreso la inmediata actualización de la Ley de Secretos Oficiales franquista, vigente desde 1968, entre otras razones porque “la clasificación de documentos debe proteger el acceso al derecho a la verdad y, sobre todo, debe prohibirse cualquier interferencia en investigaciones sobre vulneraciones de Derechos Humanos prohibiendo el acceso a documentos clasificándolos como reservados”.

Santiago mostró en su intervención el respaldo de su grupo a la toma en consideración de una proposición de ley del PNV para acabar con la vieja norma porque “es una obligación democrática hacerlo” y porque “nuestro ordenamiento no puede seguir regulando cuestiones de seguridad con una legislación franquista”. Este apoyo ha contribuido a que el texto saliera adelante por 176 votos a favor, frente a los 169 en contra de la derecha y la ultraderecha unidas una vez más.

El diputado de Izquierda Unida por Córdoba respondió a la entusiasmada defensa de la legislación franquista que esta tarde han mostrado la derecha y la ultraderecha asegurando al portavoz de Vox que “‘violencia política’ es que en la exposición de motivos de la ley en vigor todavía se mencione el ‘control político del Consejo Nacional del Movimiento’, por no hablar de la firma del dictador que consta aún al pie de la ley”. “Me imagino que esto es lo que más le gusta a Vox de la ley actual”, subrayó.

Santiago había comenzado su intervención recordando que “es la tercera vez desde 2019 que se presenta en este Cámara una proposición de ley para modificar la Ley de Secretos Oficiales, una ley que vergonzosamente está aún en vigor con apenas unas modificaciones en 1978”.

Señaló que la clasificación de información por parte de los Estados “implica una restricción del acceso a la información que, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es parte del derecho humano a la libertad de expresión”.

No obstante, el derecho a recibir información “es imprescindible para la formación libre de opinión y para la participación en la toma de decisiones. La protección de la seguridad del Estado en una democracia no es posible si no se garantiza el acceso al derecho a la verdad, la protección de los Derechos Humanos y la reparación de las violaciones a estos”.

Para el portavoz adjunto del grupo de Sumar, la clasificación de documentos “nunca puede amparar la impunidad de delitos”, por eso España necesita “un sistema de transparencia conforme al debido proceso, tanto para clasificar como para desclasificar documentos, incluyendo la desclasificación automática por mandato legal tan pronto entre en vigor esta reforma, ojalá, de los documentos que ya están clasificados, si hubieran transcurrido desde su clasificación los plazos que se establezcan en la ley”.

Tiempo límite para la desclasificación

“La cuestión clave -avisó- es el tiempo que debe transcurrir para que un documento secreto o reservado vea la luz pública. La ley actual indica que la clasificación de documentos se mantendrá sin límite temporal, hasta su cancelación uno a uno”.

Santiago advirtió que “ahora mismo nadie sabe en España cuántos documentos han sido declarados secretos, no existe un listado”. La inmensa mayoría de esos millares de documentos “siguen bajo secreto porque no hay una norma que permita desclasificarlos si no es uno a uno”, por lo que, en la práctica, “esta desclasificación se ha convertido en una tarea imposible de hacer si no se aprueba un mandato legal que obligue a ello”.

Alertó también que “la arbitrariedad y el secretismo arrastrado en todos estos años afectan no solo a la investigación histórica, sino también a la periodística o al derecho a la información de cualquier ciudadano”.

Enrique Santiago pasó de la teoría a la explicación práctica y explicó que entre los documentos que hoy permanecen clasificados están, por ejemplo, “todos los que tienen que ver con el apoyo del franquismo al nazismo; los que tienen que ver con las emisiones clandestinas de Radio España Independiente, ‘la Pirenaica’” y sobre este tema, con todo el rigor y la autoridad, indicó a los/as diputados de todos los grupos que “por cierto, cualquiera de ustedes puede ir a consultar sin restricciones al archivo histórico del PCE”.

Tampoco eludió la ironía al detallar que a día de hoy sigue clasificado “el archivo titulado ‘Palomas mensajeras 1912-1925’, que tras más de 100 años sigue siendo secreto” o también documentos sobre la guerra de Marruecos y el uso de armas químicas o sobre los últimos años del franquismo, la Transición, el golpe de Estado del 23F o sobre el terrorismo del Batallón Vasco Español y de los GAL”.

Lamentó que sigan también clasificados como secretos “documentos que otros países ya han desclasificado y que los historiadores y periodistas tienen que irse a otros países para conocer su contenido” o que “incluso utilicemos la Ley de Secretos Oficiales para no publicar datos del comercio de armas que se efectúa desde España, algo que según Amnistía Internacional o Green Peace oculta la venta a países que no respetan los Derechos Humanos”.

“Y, francamente, que los gastos de Corinna Larsen (la antigua amante del rey emérito Juan Carlos de Borbón) sean secreto de Estado nos pone al nivel de una república bananera”, destacó.

El portavoz parlamentario de IU dejó para el final el análisis concreto de la proposición de ley debatida y se mostró favorable a que sea “solo el Consejo de Ministros la autoridad civil y democrática que pueda proceder a la clasificación de documentos”, como figura en el texto.

“También estamos de acuerdo con que el plazo de clasificación sea de un máximo de 25 años, en el caso de documentos secretos, y en los reservados, de 10 años, con una prórroga en todo caso, entendemos que razonable, que no debería ser en algunos casos de más de 10 años”.

Apostilló que eso “es conforme a lo que ocurre en la legislación de países de nuestro entorno, como Portugal, el Reino Unido o Italia, que tienen límites máximos de clasificación incluyendo prórrogas de hasta 30 años”.

“Y, por supuesto, defendemos la obligación legal de desclasificar cualquier documento cuando sea necesario para perseguir violaciones de Derechos Humanos”, explicó, ya que, por ejemplo, en Alemania se excluye la posibilidad de clasificación de ‘actos que violen el orden democrático o los acuerdos de control de armamento’ o en Portugal se puede descalificar cualquier documento si se trata de materias que violan delitos del Estatuto de la Corte Penal Internacional.