Convocan manifestaciones en Madrid para homologaciones y equivalencias justas: 25 y 26 de abril

En estas fechas persiste la alarmante cifra de aproximadamente 100.000 profesionales a la espera de la homologación o equivalencia en España de sus títulos extranjeros. La mayoría lleva entre 1-3 años esperando la resolución de su expediente, cuando por ley el plazo máximo es de 6 meses.

Para sobrevivir, los afectados tienen que trabajar en empleos para los que están sobrecualificados, sin poder aportar plenamente sus capacidades, experiencia y conocimientos a la sociedad española.  El 65% de estos profesionales son mujeres, procedentes del sector sanitario –médicas, enfermeras, psicólogas, odontólogas–pero también ingenieras, arquitectas, profesoras y de diversas otras profesiones.

La situación afecta tanto a extranjeros no comunitarios como a españoles y comunitarios que hayan cursado estudios en el extranjero.  Muchos corren riesgo de exclusión social según informes de Entidades no Gubernamentales.

El actual colapso del sistema se ve agravado tanto por la falta de transparencia de los criterios de priorización y valoración de los expedientes como por la falta de comunicación con los responsables de los expedientes. El número de expedientes pendientes no hace más que aumentar mientras el sistema de gestión está casi paralizado, y sin un plan realista para resolver el atasco. Se trata de una discriminación institucional que perjudica tanto a los profesionales y a sus familias, como a la sociedad española.

Barreras y Más Barreras

El proceso es aún más injusto en el caso de algunos colectivos. Un ejemplo son los odontólogos, sometidos a exámenes, manipulados por la Conferencia de Decanos/as y Directores Académicos de las Facultades de Odontología de España (CRADO), convocados sólo una vez al año y de los cuales solo se aprueba ¡el 4%!, o los titulados cubanos todos bloqueados de golpe por irregularidades en unos pocos expedientes. El procedimiento de Reconocimiento de Especialidades Médicas, dependiente del Ministerio de Salud, tiene una duración media de ¡5 años tras la homologación del título de médico general! En el caso de los psicólogos, los intereses del Colegio Profesional, según declaraciones del anterior ministro, obstaculizan las homologaciones a la profesión regulada de Psicología General Sanitaria.

Creciente Apoyo Político y Social

Unos y otros actores de la vida social, política e institucional respaldan en todo caso crecientemente una por una las denuncias de HJY y los remedios que reclaman.  El pasado 22 de febrero, Les Corts de la Comunidad Valenciana aprobaron por unanimidad una Proposición no de Ley (PNL) impulsada por el PP valenciano para agilizar el proceso de homologación de títulos expedidos en el extranjero.  Seguidamente alzada la causa al ámbito nacional, el 19 de marzo, la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados aprobó una PNL consensuada por los distintos grupos políticos, entre ellos el PP, SUMAR y PSOE, para poner en marcha medidas «con carácter de urgencia» en la gestión de las solicitudes de reconocimiento y equivalencias. 

A su vez, el respaldo inequívoco de uno de los principales sindicatos españoles, Comisiones Obreras, viene recalcando el carácter laboral antes que académico de las discriminaciones sufridas: «Estamos ante una situación que afecta al proyecto de vida de miles de personas y supone un freno a la atracción de talento y capital humano para el conjunto de nuestra sociedad.»

Por otro lado, más de 60 ONG de todo el país han firmado un manifiesto para expresar su profunda preocupación por el actual sistema «ineficiente y discriminatorio, y que genera importantes obstáculos para el desarrollo profesional y personal de las personas con titulación extranjera en España.»  Tal preocupación es compartida por el Defensor del Pueblo, el cual en su informe anual 2023 ha lanzado una airada crítica contra el atasco, exigiendo un «nuevo y definitivo» plan de actuación «que debería comenzar por la inmediata incorporación de recursos humanos”. Mientras tanto, siguen desoídas las recomendaciones de la Unión Europea respecto del reconocimiento de títulos de terceros países.

Reuniones sin Resultados

Fuertes de dichos respaldos, el pasado 15 de marzo, representantes de HJY se reunieron nuevamente con el Secretario General de Universidades, José M. Pingarrón, y la Subsecretaria General de Titulaciones, María del Valle.  En esta ocasión no se pudo informar de efectos significativos del «plan de choque» que habían anunciado en la anterior reunión de diciembre de 2023.  En la misma reunión, declinaron informar del número de empleados públicos actualmente dedicados a los expedientes atrasados, comentando que eran datos públicos colgados en la web del Ministerio: seguimos a la espera de que nos enseñen el dato.  La atención personalizada a los aspirantes con expedientes «incompletos» que habían anunciado para el1 de enero, señalaron que comenzaría el 1 de abril, y hasta la fecha no ha empezado. 

Con los 26 nuevos empleados que señalaron en diciembre, el Ministerio informó que sólo han podido abrir 3000 expedientes de homologación en 3 meses, de los cuales 2000 serían «incompletos.”  En este contexto, el censo realizado por HJY indica que el 75% de los requerimientos de los expedientes en realidad son causados por el Ministerio, el más común (43.2%) siendo solicitar un documento ya enviado.   Al calificar un expediente como incompleto, el Ministerio aligera la carga de los expedientes a tramitar y transfiere la culpa de los retrasos en los procedimientos a los solicitantes. 

Manifestaciones Masivas en Madrid

Jueves 25 de abril:

Plaza de las Cortes, frente al Congreso de los Diputados – de 11 a 14 horas.

Viernes 26 de abril:

Marcha desde las 10h, hasta el Ministerio de Universidades, en Paseo de la Castellana 162. Recorrido a determinar.

Sobre Homologación Justa Ya (HJY)

HJY es un colectivo de más de 3500profesionales internacionales en el proceso de reconocimiento de títulos extranjeros. Exigen homologaciones y equivalencias justas y realistas a través de manifestaciones mensuales en hasta 14 ciudades, reuniones con el Ministerio y distintos partidos políticos, y visibilización de esta problemática en la sociedad.