El Gobierno de Perú deja en suspenso salvoconducto para la exministra asilada en México

Así lo dijo exultante el congresista José Cueto, parte de la mayoría parlamentaria derechista que exigió, contra la opinión de ex cancilleres y juristas que aconsejaban acatar la convención de asilo y extender el salvoconducto.

Mientras la expectativa periodística aguardaba una definición, la Cancillería, a cargo del embajador retirado Hugo de Zela, optó por eludirla y buscar una modificación de la norma que asigna al otro país la potestad de decidir si la situación del asilado amerita o no el asilo, potestad que en el caso ejerció México.

El comunicado de la Cancillería indica que ha analizado el tema y ha consultado opiniones internas y de juristas de la región.

Agrega que tal análisis llevó a la conclusión de que hay una evolución negativa en la práctica del asilo, del que, afirma, se ha hecho uso indebido “calificando a delitos comunes como casos de persecución política”.

Sostiene que ello desnaturaliza la esencia de la Convención del asilo, “en ningún caso debe utilizarse para eludir la aplicación de las leyes nacionales para que personas que han delinquido puedan liberarse de las decisiones judiciales”.

Más adelante atribuye al presidente José Jerí la disposición de proponer a países de la OEA la modificación de la Convención de Caracas para evitar que continúe lo que llama su tergiversación.

“Oportunamente se dará a conocer el resultado de estas gestiones que se llevarán a cabo de manera muy urgente. Culminado este proceso. El Gobierno peruano tomará las decisiones que correspondan”, precisa.

Si la decisión fuera negar el salvoconducto, sería la segunda vez que el Estado peruano apele a una medida como esa.

La primera fue en 1948, cuando el dictador Manuel Odría rehusó dar salvoconducto al dirigente socialdemócrata Víctor Haya de la Torre, lo que determinó que este permaneciera asilado en la embajada de Colombia durante más de cinco años, hasta que el gobierno cedió y el lider político viajó a ese país.