La Audiencia Nacional admite la personación de FACUA como acusación popular en la causa contra Naturgy
Tras la denuncia de la asociación como consecuencia de una multa de la CNMC, la Fiscalía se querelló contra la energética al considerar que podía existir un delito contra el mercado y los consumidores.
La Audiencia Nacional (AN) ha aceptado la solicitud presentada por FACUA-Consumidores en Acción para personarse en la causa abierta contra Naturgy por un presunto delito contra el mercado y los consumidores. Lo hará en calidad de acusación popular.
Así lo ha comunicado el magistrado Ismael Moreno del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la AN en un auto fechado el pasado 30 de julio dentro de las diligencias previas que se están practicando en la causa contra la energética. La asociación solicitó su personación a finales de junio.
El caso parte de una querella de la Fiscalía que tuvo su origen en una denuncia presentada por FACUA tras la multa de 6 millones de euros impuesta a Naturgy el 20 de julio de 2023 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La sanción estaba motivada por haber incrementado ilegalmente los precios de producción energética en su central térmica de ciclo combinado de Sabon 3, en A Coruña, desde marzo de 2019 a diciembre de 2020.
Argumentos de la Fiscalía
En su querella, la Fiscalía señalaba que las diligencias practicadas habían revelado que la compañía “abusó de su posición dominante en el mercado eléctrico de ajustes técnicos”. Y lo hizo, señalaba el ministerio público, “adoptando, de modo consciente y deliberado, una estrategia de ofertas a precios no equitativos y muy por encima de los resultantes de entornos de mayor competencia, obteniendo un beneficio injustificado de 43,2 millones de euros, que generó un sobrecoste para las entidades comercializadoras y, en último término, para los consumidores”.
El escrito continuaba indicando que una parte del “incremento abusivo de los precios de producción energética en la central térmica de ciclo combinado de Sabón 3” se produjo “coincidiendo con la situación de crisis económica y social derivada de los efectos del Covid-19“.
Así, la Fiscalía planteaba que la compañía pudo incurrir en un delito relativo al mercado y a los consumidores al haberse ocasionado “un perjuicio ilícito para los derechos e intereses de los consumidores y usuarios del sector eléctrico”.
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