Irene Montero: «Precisamente atacan con tanta fuerza porque las feministas vamos ganando»

La Ministra de Sanidad, entrevistada esta mañana por Spanish Revolution, habla de las recientes declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, de las leyes impulsadas por el Ministerio e Sanidad, cerca de aprobarse, y otros derechos ampliados para las mujeres españolas gracias al movimiento feminista, entre otras cuestiones.

Estos días se ultiman los detalles de la aprobación de la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

La ministra de Igualdad destaca la importancia de esta Ley, «para garantizar el derecho a la salud sexual de las mujeres» y demostrar que «este Gobierno pone al Estado cerca de las mujeres y las familias». Montero ha agradecido también al movimiento feminista, que desde hace décadas, «pelea por los avances de las mujeres en este país». Esta norma, ha afirmado, «amplia derechos y acaba con los obstáculos para ejercer la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)».

La Ley regulará también la objeción de conciencia, «un derecho fundamental e individual de cada profesional», sin que ello impida el efectivo derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Por primera vez se incluye la salud menstrual como estándar de salud. Para Montero, «esto implica reconocer y actuar contra el conjunto de estereotipos y prejuicios que rodean esta dimensión de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres». La Ley incluye también el derecho a la incapacidad temporal por cuadros médicos que se deriven de reglas incapacitantes.

Se refuerza especialmente la educación sexual, en todos los niveles educativos. «Una educación que reconozca la diversidad sexual, la prevención de embarazos e infecciones de transmisión sexual y el abordaje de la salud menstrual con perspectiva de género».

Por último, se reconoce la gestación por sustitución como una forma de violencia contra las mujeres, prohibiendo la publicidad de las agencias de intermediación y realizando campañas que refuercen la ilegalidad de estas prácticas.