Andalucía, 10 de octubre de 2019.- La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha denunciado que el 60% de los desahucios (tres de cada cinco) que han tenido lugar en Andalucía en el primer semestre de 2019 han obedecido al impago del alquiler.
El Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Sevilla, que recoge datos recopilados a comienzos del pasado año, apuntaba ya que en el Distrito Casco Histórico las viviendas de uso turístico superaban en número (7.363) a las viviendas en régimen de alquiler residencial (6.520). En el Distrito Triana, por otra parte, las cifras eran igualmente alarmante, pues frente a las 2.753 viviendas en régimen de alquiler residencial existían ya otras 1.247 con un uso turístico.
Tras la noticia publicada en medios de comunicación el pasado 1 de octubre, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Arganda queremos aclarar ciertos aspectos de la situación actual en la que se encuentran las 3 familias que se vieron obligadas a desalojar sus domicilios tras las fuertes lluvias del pasado 15 de septiembre.
Las 3 familias, compuestas por 5 adultos y cuatro menores, a fecha de hoy han vuelto a ser “reubicadas” nuevamente en otro hotel, puesto que la situación de alojamiento aun no ha sido resuelta.
La venta de casi 3.000 viviendas públicas de la Comunidad de Madrid a un fondo buitre en 2013 fue irregular y quebró "la protección social" de las personas que vivían en ellas. En esos términos se ha vuelto a expresar el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la tercera sentencia que da la razón a una demanda colectiva impulsada por varios inquilinos/as del Ensanche de Vallecas de la Plataforma de Afectados por Vivienda Pública (PAVPS) y sus abogados/as Felipe Alonso, Alejandra Jacinto y Manuel San Pastor.
La plataforma vecinal Stop Desahucios presentó el lunes 16 de septiembre una moción en el ayuntamiento de Móstoles para combatir el preocupante número de desalojos realizados en nuestro municipio, que según los datos del Consejo General de Poder Judicial son de 415 desahucios en 2015, 384 en 2016, 412 en 2017 y 388 en 2018 en los jugados de Móstoles, con la previsión de que los datos de 2019 no vayan a ser mucho mejores.
Podemos ha exigido a las distintas administraciones medidas para “poner freno al problema de la vivienda, y en especial al drama del gran aumento de los precios de los alquileres en la provincia”.