Podemos Andalucía lleva al Parlamento Europeo la “burbuja” de la minería impulsada por el PSOE

17/10/2018
  • Junto a Jesús Romero, diputado de Podemos en el Parlamento Andaluz, han estado en el Parlamento Europeo reclamando el cierre de las minas en España miembros de Ecologistas en Acción y asociaciones de todo el Estado así como grupos internacionales.

  • El europarlamentario de Podemos Xabier Benito Ziluaga, organizador del acto, apunta a la Ley estatal de minas de 1973, la cual “genera un marco de desregulación para obtener permisos y hacer negocio antes incluso de iniciarse la extracción”.

De litio, estaño, wolframio y tántalo a apenas dos kilómetros de la ciudad de Cáceres. De uranio en la llanura del Campo Charro salmantino. De feldespato en la Sierra de Ávila. De tierras raras en Campo de Montiel, Ciudad Real. De oro en la provincia coruñesa. De cobre en el bajo Guadalquivir. De zinc y plomo en la comarca cántabra del Besaya. De potasa entre Navarra y Aragón. El mapa de la Península Ibérica en la actualidad incluye cientos de solicitudes de explotaciones mineras.

En los últimos años se ha producido un resurgimiento de la minería que se refleja en los grandes proyectos de extracción a cielo abierto y en un sinfín de solicitudes de investigación. Una ley que data de 1973 y una Unión Europea con millones de euros destinados al sector son el soporte de una realidad que cada vez tiene más resistencia ciudadana. No es casualidad por tanto que el Parlamento Europeo haya sido el escenario para un encuentro que ha reunido a una docena de organizaciones y colectivos de Salamanca, Sevilla, Ávila, Cantabria, Aragón y Galicia, así como de países europeos afectados.

El europarlamentario de Podemos Xabier Benito Ziluaga, organizador del evento ‘Minería en Europa, el nuevo desafío extractivista’, subraya que “la minería a cielo abierto no va a repercutir ningún beneficio para los territorios ni su gente, es un modelo cortoplacista del que solo se enriquecen las empresas especulativas.” Y apunta a las “opacas transnacionales del sector, que obtienen un beneficio claro de las explotaciones durante 10 o 15 años dejando un territorio destruido en el que no hay margen para unas prácticas agrícolas y ganaderas que garanticen una economía rural viva”.

El eurodiputado de Podemos recuerda que “la Ley estatal de minas, que data de 1973 y es preconstitucional, genera un marco de desregulación para obtener permisos y hacer negocio antes incluso de iniciarse la extracción. Si Gobierno y Unión Europea no apuestan estratégicamente por la protección de los espacios protegidos y la economía local acabarán sirviendo a inversores buitre incluso de otros países”.

En Bruselas ha estado Jesús Romero, diputado por la Junta de Andalucía. “La minería metálica altamente contaminante sigue siendo una apuesta firme del gobierno del PSOE, que parece querer reactivarla a toda costa, aunque no sea más que una falsa ‘burbuja minera’ insostenible ecológicamente. Esta apuesta se ha mantenido desde la prepotencia de un gobierno que ha actuado por la política de hechos consumados, tirado para adelante con un proyecto irrealizable por puro afán electoralista y que juega con la ilusión de toda una serie de comarcas andaluzas. Juegan con la necesidad de trabajo de la gente, puestos de trabajos tan efímeros como la duración de la explotación minera”.

Romero insiste en el daño medioambiental que conllevan este tipo de proyectos. “El gobierno de Susana Díaz ha dado multitud de permisos de investigación y explotación destinados a las energías fósiles no renovables como el petróleo, el gas natural y el carbón; y también a la minería metálica a gran escala, ambos altamente contaminantes, que malgastan muchos millones de metros cúbicos de agua, un recurso escaso, y que suponen un serio riesgo para el conjunto del Patrimonio de la Comunidad, alteran la estabilidad sísmica de la corteza terrestre y perturban el ecosistema marino”. Además, continúa el diputado andaluz, “estos permisos se han dado de forma oscura y hermética por parte de las administraciones implicadas, ya que se niegan a desvelar las características amparándose en las cláusulas de confidencialidad de las empresas que parecen prevalecer sobre los derechos de los ciudadanos”.

En su opinión, se trata de “un negocio redondo”, cuyos beneficios “van a parar a la bolsa de valores de Toronto y los andaluces y andaluzas nos quedamos de por vida con montañas de escorias, residuos tóxicos y la contaminación de aguas subterráneas y cuencas fluviales como la de los ríos Tinto, Odiel o Guadiamar que finalmente aportan sus aguas a Espacios Naturales de importancia ecológica mundial”, afirma Romero.

Al diputado andaluz le ha acompañado Isidoro Albarreal, miembro de Ecologistas en Acción, quien recordó la catástrofe ambiental de 1998 que se produjo por la rotura de la balsa de lodos de la multinacional sueca Boliden en las sevillanas Minas de Aznalcóllar. “20 años después no hay normas europeas contundentes que regulen claramente las instalaciones de residuos mineros, que impongan severas condiciones técnicas que garanticen su seguridad y estabilidad y que prohiban ubicaciones potencialmente peligrosas para las personas y el medio ambiente”, advirtió.

La restauración ambiental costó, al menos, 300 millones de euros de fondos públicos y se declaró la ZEC Corredor Ecológico del Guadiamar. Boliden no pagó nada. “No tiene sentido que ahora se esté planteando la reapertura de la mina que provocó el desastre, cuando además para empezar necesita verter 14 millones de m3 de aguas ácidas precisamente al Corredor Ecológico que tanto dinero y esfuerzos costó restaurar. La sombra de la corrupción planea sobre la adjudicación a Grupo México del permiso minero de reapertura, investigada por la justicia española y mexicana, por posible fraude y sobornos”, apunta Albarreal.

Según señala el miembro de Ecologistas en Acción, actualmente hay dos macroproyectos de minería metálica a cielo abierto funcionando en Andalucía “especialmente peligrosos para las personas y el medio ambiente”: Cobre Las Cruces (CLC) en Sevilla y el Proyecto Riotinto (PRT) en Huelva. “CLC ya ha sido condenado en 2016 por delitos contra el medio ambiente y  daños al dominio público por contaminar con arsénico un acuífero de consumo humano. Y tiene otras dos causas judiciales abiertas por detracción ilegal de aguas subterráneas. Ha recibido importantes fondos europeos y actualmente participa en dos proyectos financiados por el Horizonte H2020”, aclara.

En cuanto a las balsas de lodos de Riotinto, abandonadas en 2001 y puestas en operación otra vez en 2015, “suponen un grave riesgo”, continúa Albarreal, “porque sus muros de cierre están siendo recrecidos con técnicas similares a las usadas en Aznalcóllar antes del desastre, y porque la empresa Atalaya Mining nunca ha cumplido con la obligación de  espesar los  lodos hasta un 50% de sólidos. Una hipotética rotura podría provocar el vertido de más de 60 millones de m3 de lodos y aguas ácidas al río Odiel, con inundaciones en zonas pobladas de Gibraleon y Huelva, y graves afecciones ambientales en la Reserva de la Biosfera de las Marismas del Odiel”, advierte.