105.000 razones para dejar de financiar la tortura

Lo que ocurrió en el último pleno del Ayuntamiento de Alicante fue el enésimo ejemplo de cómo el poder político se arrodilla, una vez más, ante el lobby taurino. Una moción sensata, razonable, pacífica —como todas las que piden que el dinero público no sirva para financiar tortura— fue ridiculizada y rechazada. ¿Por qué? Porque hay partidos que siguen anclados en un concepto de cultura que huele a sangre, a privilegio, a clientelismo.

Pero vayamos al grano. Hablemos de números: 105.000 euros es el salario aprobado para el director de la Escuela Taurina Municipal de Alicante. ¿Cuántas personas estudian allí? 19 alumnos. Echen cuentas: más de 5.500 euros por alumno, solo en dirección. Pero eso no es todo. La moción denunciaba que en total, incluyendo actividades, personal, premios y certámenes, el Ayuntamiento destina más de 80.000 euros anuales a la tauromaquia.

Mientras tanto, asociaciones culturales, grupos de teatro independiente, programas de arte comunitario, proyectos sociales, huertos escolares, actividades para mayores o iniciativas por la salud mental luchan por sobrevivir con ayudas ridículas —si es que las hay—. Pero la tortura en plaza tiene vía libre y presupuesto asegurado.

¿Esto es cultura? ¿Esto es progreso? ¿Esto es lo que defienden los representantes públicos en una ciudad que presume de moderna y europea?

En el pleno escuchamos de todo. Intervenciones predecibles desde el sector taurino: que si el toro es cultura, que si es economía, que si sin festejos se extingue la dehesa, como si el ecosistema español dependiera de las banderillas. Pero lo más lamentable no fue eso. Lo más lamentable vino del concejal socialista Miguel Castelló, que decidió no solo abstenerse de apoyar la moción, sino atacar con desdén a quienes la defendieron. Un concejal con doctorado en Filosofía y formación humanista que, en lugar de reflexionar sobre el sufrimiento y el valor de la vida, prefirió hacer juegos malabares con tecnicismos para esquivar el debate ético. Un concejal que, en vez de dar ejemplo desde su supuesta sensibilidad progresista, optó por decir que la moción “no era antitaurina” porque no pedía directamente la prohibición.

Claro que no pedía prohibir, señor Castelló. Pedía algo más básico: que dejemos de pagar todos lo que solo disfrutan unos pocos. Pedía justicia fiscal. Pedía democracia. Pedía coherencia.

La hipocresía se hizo evidente cuando muchos de quienes se declaran cristianos —y hay varios en el pleno— defendieron, sin sonrojarse, una práctica que consiste en acribillar un animal vivo con espadas ante la mirada de niños y niñas.

¿En qué parte del Evangelio se justifica el derramamiento de sangre como espectáculo infantil? ¿Dónde encaja eso con el mensaje de compasión, de amor por las criaturas, de cuidado del débil? O la Biblia ha cambiado mucho, o algunos interpretan la palabra de Cristo en función de su carnet de abonado.

Desde Alicante Antitaurina, colectivo integrado por voluntariado y fedatarias de la ILP “No es mi cultura” para derogar la Ley 18/2013 —esa ley que se inventaron para blindar la tauromaquia como “patrimonio cultural” mientras la sociedad se alejaba de ella— decimos alto y claro: no con nuestro dinero. Alicante fue uno de los territorios donde más firmas se recogieron, donde más ciudadanía se implicó, donde más calles, mesas, conciertos y mercados vieron a personas explicando pacíficamente que el dolor no es arte y que la violencia hacia los toros no no educa.

Y por eso duele tanto ver cómo nuestros representantes ignoran esa voluntad popular. Cómo prefieren proteger a los suyos —porque esto no va de cultura, va de redes de poder, va de clientelismo— antes que escuchar a una ciudadanía que cada día tiene más claro que el futuro no pasa por el albero ni por la muleta casposa.

Esto no es una guerra cultural. Es una exigencia ética. Lo que está en juego no es solo el bienestar animal. Es el modelo de ciudad que queremos. ¿Una ciudad que financia muerte o una ciudad que impulsa vida?

Mientras se gasta ese dinero en premiar a toreros, ampliar ferias, mantener escuelas que apenas tienen alumnado real, se cierran servicios, se recortan ayudas, se eternizan listas de espera para psicología infantil o atención a la dependencia. Pero claro, la fiesta nacional no se toca. A eso no se le llama cultura. Se le llama prioridad ideológica camuflada de tradición.

En 2025 no hay justificación posible para mantener la tauromaquia con dinero público. Que existan personas a las que les gusta matar animales públicamente ya es grave. Que además tengan que cobrar por ello con fondos públicos es una ofensa a la inteligencia y a la ética.

El concejal Castelló dijo que si los festejos se autofinancian, pueden seguir haciéndose. En eso coincidimos. Que se autofinancien. Que busquen patrocinadores privados. Que monten rifas, crowdfundings o lo que quieran. Pero que no lo pague el pueblo. Después desplazaremos nuestra lucha hacia otros objetivos para conseguir la abolición, sí, la abolición de la barbarie taurópata.

Porque si algo quedó claro en el pleno, es que cuando se trata de defender a los taurinos, algunos políticos se ponen el capote. Pero cuando se trata de defender la dignidad, los derechos emergentes, la compasión o la justicia fiscal, prefieren mirar para otro lado.