Los Sanfermines de 1978, a la luz del informe de la UPNA: Un plan para ejercer la represión contra una población que se consideraba peligrosa

Lo que dice el archivo y lo que pide la memoria

Hace poco más de cuatro décadas, en las fiestas de San Fermín de 1978, Pamplona vivió unos sucesos que han perdurado en la memoria colectiva de la ciudad: disparos de fuerzas del orden que causaron la muerte de Germán Rodríguez, decenas de heridos en el marco de una clara impunidad y silencio institucional. Ese episodio vuelve a situarse en el debate público tras la relectura pormenorizada que encargó el Ayuntamiento en 2018 y la posterior iniciativa política impulsada por EH Bildu y Geroa Bai para reclamar al Gobierno central reconocimiento y reparación. Este artículo reconstruye, con detalle y en primera persona periodística, lo que arroja el informe técnico-documental principal y qué piden hoy las fuerzas políticas y asociaciones de memoria.

El encargo y el documento: una radiografía de 2018

En marzo de 2018 el Ayuntamiento de Pamplona encargó a la Universidad Pública de Navarra (UPNA) la elaboración de un “Informe técnico-documental sobre los sucesos ocurridos en los Sanfermines de 1978”. El trabajo, elaborado por investigadores y juristas vinculados a la UPNA y presentado públicamente ese mismo año, reúne testimonios, prensa, documentación judicial y archivos oficiales con el objetivo de reconstruir cronológica y documentalmente lo sucedido durante las jornadas de fiesta. El expediente de contratación y el propio PDF del estudio forman la piedra angular del que hoy se discute en foros políticos y sociales.

El cuerpo principal del informe -un volumen extenso que en conjunto con anexos supera las doscientas páginas- actúa como inventario y análisis crítico: compara versiones, coteja diligencias judiciales (muchas cerradas en los años ochenta) y recoge declaraciones que habían permanecido dispersas. El documento no sólo relata hechos, sino que valora las responsabilidades políticas y operativas derivadas de la actuación policial en el espacio urbano de Pamplona durante las fiestas.

Hallazgos centrales: represión planificada y vulneración de derechos

Entre las conclusiones que más han resonado figura la constatación -según los autores- de un patrón de actuación policial que no fue meramente reactivo ante altercados puntuales, sino que obedeció a un plan de contención y represión que confluyó con decisiones operativas concretas. El informe recoge que hubo uso desproporcionado de la fuerza, detenciones masivas y un tratamiento procesal posterior que, en varios casos, derivó en archivos y falta de responsabilidad penal efectiva. Estas valoraciones técnicas son las que han servido para sostener las reclamaciones públicas de reconocimiento por parte de las víctimas y sus organizaciones.

El caso más grave y emblemático es el de Germán Rodríguez, muerto por disparos durante esas jornadas. El informe documenta las circunstancias del suceso, las versiones oficiales de la época y las contradicciones detectadas en las diligencias, que explican en buena medida por qué la muerte de Rodríguez se convirtió en símbolo de una demanda de verdad y justicia que ha persistido durante décadas.

De la investigación al reclamo público: asociaciones y grupos municipales

La asociación Sanfermines 78 Gogoan y colectivos de memoria histórica han venido reclamando desde hace años la reapertura de investigaciones, el acceso a documentación y un reconocimiento formal por parte del Estado. En distintas ocasiones se han celebrado actos, encuentros en Madrid con autoridades y campañas de sensibilización para poner en primer plano que no se trata sólo de un asunto histórico, sino de derechos pendientes: verdad, justicia y reparación para las víctimas y familiares.

En el Ayuntamiento de Pamplona la mayoría municipal hizo público el informe y lo incorporó a los debates plenarios, reclamando que las instituciones competentes actúen para garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse y para abrir vías efectivas de reparación. Ese trabajo local fue el que facilitó el tránsito del documento académico a la arena política.

La iniciativa política: EH Bildu y Geroa Bai en la batería de peticiones al Gobierno

En el plano parlamentario, EH Bildu —con el apoyo de Geroa Bai en diversas instancias— ha impulsado propuestas para que el Estado reconozca su responsabilidad directa en los hechos y para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realice una declaración oficial en ese sentido. Las iniciativas han incluido proposiciones no de ley y mociones que insisten en “seguir en el camino de reconocer” tanto la responsabilidad como la necesidad de garantizar el acceso de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. En junio de 2025, por ejemplo, el Congreso aprobó una Proposición no de Ley para avanzar en el esclarecimiento y conocimiento de la verdad sobre los sucesos de 1978.

El núcleo de la reclamación política es clara y triple: 1) reconocimiento institucional de la responsabilidad estatal en la actuación de fuerzas de orden público; 2) una declaración oficial de alto nivel que haga visible ese reconocimiento; y 3) mecanismos para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Los promotores subrayan que sin esos pasos las heridas históricas no se cerrarán y la confianza en las instituciones se verá minada.

Dudas, límites procesales y el camino hacia la reparación

El informe de la UPNA no es, en sí mismo, un veredicto judicial; su fuerza reside en la acumulación y contraste documental que ofrece. Jurídicamente, muchos de los sumarios y diligencias de la época fueron archivados en los años ochenta, lo que plantea límites prácticos para responsabilidades penales. No obstante, el informe empuja hacia actos políticos y simbólicos —reconocimiento, disculpa oficial, medidas de reparación— y hacia la búsqueda de vías administrativas e internacionales que permitan a las víctimas obtener alguna forma de resarcimiento.

Las asociaciones han anunciado, en varias ocasiones, su disposición a acudir a instancias internacionales si las respuestas internas resultan insuficientes; esa vía estaría orientada a forzar claridad y a fijar estándares sobre las obligaciones del Estado respecto a víctimas de violaciones de derechos humanos, aun cuando no sea posible perseguir penalmente a todos los responsables.

Las víctimas y la sociedad navarra

En síntesis, las demandas son concretas y repetitivas: verdad (acceso íntegro a los archivos y a la información), justicia (investigación efectiva y responsabilidades cuando proceda) y reparación (reconocimientos, medidas reparadoras y garantías institucionales para que no se repita). Los partidos nacionalistas y las asociaciones recuerdan que reconocer el pasado no es reescribirlo, sino ofrecer una base honesta para la convivencia democrática futura.

Memoria, política y justicia

El informe de la UPNA sobre los Sanfermines de 1978 ha puesto sobre la mesa, de forma documentada, preguntas que la sociedad y las instituciones no han cerrado: cómo se articuló la respuesta policial, por qué quedaron tantas incógnitas procesales y qué responsabilidades políticas pueden exigirse hoy. La reciente ola de iniciativas parlamentarias y las demandas ciudadanas señalan un punto de inflexión: el paso del archivo académico a la exigencia pública de reconocimiento y reparación. Si hay algo que subraya este proceso es que la memoria no es solo pasado; exige decisiones presentes para convertirla en acto público y político.

El dictamen propone además que los hechos podrían encajar dentro del concepto de delitos de lesa humanidad, con independencia de otras calificaciones como homicidio o lesiones. Sobre esta base, recomienda que se presente una querella ante instancias judiciales competentes, lo cual permitiría sortear los límites de prescripción que afectan a otros delitos.