Redacción •  Vivienda •  03/08/2025

Alquilar un piso de 90 metros cuadrados en Cádiz capital supone una media del 60% del salario

  • El ‘Informe sobre la situación de la vivienda en Andalucía 2025’, elaborado por CCOO, alerta sobre mayores desigualdades para la clase trabajadora, para la que “el acceso una vivienda digna se ha convertido en una trampa”.
Alquilar un piso de 90 metros cuadrados en Cádiz capital supone una media del 60% del salario

Desde CCOO se advierte del grave deterioro del derecho a la vivienda en la provincia de Cádiz, una situación que se ha visto agravada por la expansión del alquiler turístico y la falta de políticas públicas eficaces. Así lo constata el reciente Informe sobre la situación de la vivienda en Andalucía 2025, que pone de relieve el impacto del modelo turístico en el acceso a un hogar digno.

Según el informe, en Cádiz capital el alquiler medio de una vivienda de 60 metros cuadrados asciende a 690 euros, lo que obliga a destinar casi el 40% del salario medio. Para una vivienda de 90 metros, el esfuerzo salarial se eleva al 60%. Esta situación afecta de forma especialmente dura a jóvenes, mujeres y familias con ingresos medios y bajos.

El documento también confirma el auge del alquiler turístico en la provincia, con más de 16.600 viviendas destinadas a este uso, de las cuales 1.539 se concentran en la capital gaditana. En municipios como Conil de la Frontera, este tipo de alojamiento representa el 15,4% del total del parque residencial, convirtiendo al turismo en uno de los principales motores de expulsión vecinal.

“El informe andaluz lo dice claro: la turistificación está vaciando nuestros barrios y encareciendo la vivienda. No se trata de falta de casas, sino de un uso orientado al negocio privado y no a las necesidades sociales”, explica la secretaria general de CCOO Cádiz, Inmaculada Ortega.

Sobreexplotación turística y viviendas vacías: un cóctel antisocial

El estudio también revela que Cádiz cuenta con más de 70.000 viviendas vacías, el 10,8% del total provincial, y más de 2.800 de ellas se localizan en la capital. Esta cifra contrasta con el creciente número de personas que solicitan vivienda protegida y no encuentran respuesta por parte de las administraciones públicas.

A pesar de una demanda creciente de Viviendas de Protección Oficial (VPO), Cádiz solo calificó provisionalmente 179 viviendas en 2024, y de forma definitiva, apenas 126. Estas cifras resultan insignificantes si se comparan con las más de 2.100 compraventas de VPO en la provincia, que suponen más del 12% del total autonómico. Para CCOO, esto evidencia la falta de planificación y de compromiso institucional con una herramienta esencial para garantizar el derecho a la vivienda.

Más desahucios por alquiler que por hipoteca

La presión sobre los hogares no se manifiesta solo en los precios, sino también en los lanzamientos: en 2024, 395 familias gaditanas fueron desalojadas por impago de alquiler, frente a 164 por ejecuciones hipotecarias. Los desahucios por alquiler ya suponen casi el 72% del total en la provincia.

Por el gran perjuicio que supone esta desigualdad para la clase trabajadora, CCOO ha incorporado el derecho a la vivienda como prioridad en su acción sindical.

Desde el sindicato se exige una intervención inmediata y estructural que contemple la suspensión de nuevas licencias de viviendas turísticas en zonas tensionadas; la regulación efectiva de los precios del alquiler, basada en criterios sociales; la movilización del parque de viviendas vacías hacia el alquiler asequible; el refuerzo de la vivienda protegida, tanto en alquiler como en propiedad; el plan provincial de emergencia habitacional, con participación sindical y ciudadana, y el refuerzo de los servicios sociales para prevenir desahucios silenciosos y situaciones de sinhogarismo.

“El Informe de Vivienda en Andalucía 2025 de CCOO constata una realidad que venimos  denunciando desde hace años: vivir en Cádiz es cada vez más difícil para quienes trabajan en Cádiz. El turismo no puede seguir arrasando con el derecho a vivir aquí”, concluye Ortega, quien advierte que “la vivienda se ha convertido en una trampa para quienes viven de su salario”. El sindicato reclama a las administraciones una actuación coordinada y decidida para recuperar la función social de la vivienda y poner fin a una crisis habitacional que ya es estructural.


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