Redacción •  Actualidad •  06/09/2016

Los representantes ambientales en el Consejo Forestal y el Consejo del Fuego exigen su opinión sobre la modificación de los acotamientos en Asturias

Los representantes ambientales en el Consejo Forestal y el Consejo del Fuego exigen su opinión sobre la modificación de los acotamientos en Asturias

 

 

Los representantes de las organizaciones ecologistas y conservacionistas de Asturias tanto en el Consejo Forestal como en del Fuego hemos cursado solicitud a la Consejera de Desarrollo Rural y al Consejero de Presidencia, respectivamente, para la convocatoria de forma extraordinaria y urgente de sendas reuniones plenarias de ambos organismo para debatir en ellos la proposición de ley admitida a trámite en la Junta General para modificar la ley de montes de Asturias eliminando los acotamientos al pastoreo en terrenos incendiados acabando con el sistema sancionador establecido al efecto.

La petición pretende abrir un debate solvente y sosegado sobre el pastoreo en zonas quemadas, evitando el apresuramiento admitido por los grupos parlamentarios (Popular, Ciudadanos, Foro Asturias, de Izquierda Unida y Socialista), y la confusión generada por dos iniciativas sucesivas (PP y PSOE). El Consejo Forestal y el Consejo del Fuego son los órganos indicados para debatir este asunto con rigor y seriedad técnica, pues tal y como establecen sus propias normas son las entidades consultivas y asesoras en materia de incendios y aprovechamiento de montes y recursos forestales. Tanto por sus funciones, entre otras, asesorar técnica y científicamente, en materia forestal, a la administración del Principado de Asturias, impulsar el diálogo, participación y colaboración de todas las Administraciones, instituciones y agentes sociales y económicos implicados en el sector forestal y en el uso sostenible de los montes asturianos, como por su composición, con una amplia representación de todos los agentes implicados en la actividad forestal; entre los componentes, se pueden citar a la propia Administración (incluyendo a ayuntamientos y parroquias rurales), servicios de extinción de incendios, asociaciones empresariales, asociaciones de propietarios forestales, cooperativas agrarias, organizaciones sindicales, sindicatos agrarios, Universidad de Oviedo, colegios profesionales, docentes en materia forestal, organizaciones no gubernamentales y entidades de certificación, son el foro adecuado para considerar un cambio legal transcendente. ¿Cómo se puede proponer una alteración de tal calado, tras 12 años de vigencia de la Ley asturiana, sin tan siquiera escuchar la opinión de estos sectores?. Es preciso que se abra un proceso de diálogo donde se consideren todos los intereses en juego.

Por otro lado, estas iniciativas son una verdadera chapuza, desconociendo la problemática de los incendios en Asturias y la estadística general que indica que el 80% de los mismos son provocados con motivaciones relacionadas con el mantenimiento de pastos. Al proceder de este modo, se muestra la indolencia de los representantes políticos con respecto al grave problema de los incendios forestales, el mayor atentado ecológico que sufre en la actualidad la naturaleza asturiana, amén de representar un problema de orden público de primera magnitud. Entendemos que no se puede permitir esta modificación en la Ley de Montes, y mucho menos de esta manera. Hay que encontrar una postura común que no atente contra el patrimonio natural de Asturias. Desde nuestro punto de vista se deben respetar las leyes española y asturiana que acotan al pastoreo tras un incendio lo quemado el tiempo que tarde en recuperarse el monte, pues el problema no lo crea la ley, lo ocasiona el incendio. Las iniciativas no solo serían de nula eficacia en la lucha contra los incendios sino que resultarían totalmente contraproducentes e inconvenientes, pues intentan solucionar la consecuencia de los incendios (el acotado) sin abordar su causa (la regeneración de pastos).

Y por último estas iniciativas no garantizan la calidad de los pastos y no resuelven para nada los problemas que atraviesa cierto sector ganadero. Es más, el pastoreo podría quedar desamparado si se aprueba una norma que contravenga la legislación básica estatal y europea, ya que una hipotética aprobación nos obligaría a poner en conocimiento de las autoridades competentes el estudio de su legalidad y de las subvenciones agroambientales que perciben estas zonas, ya que tampoco podemos olvidar que detrás de la oleada de incendios del invierno pasado podría estar el riesgo de no percibir pagos de la PAC, que ha modificado sus criterios: (en la actualidad, los pastos con un determinado número de árboles, arbustos o matorral por encima de los 40 centímetros de alto quedan fuera de las ayudas).

En definitiva, pedimos  que se abra un diálogo entre los agentes implicados para alcanzar una solución justa, legal y respetuosa con el entorno natural y con los intereses del sector ganadero, teniendo en cuenta las imprescindibles y valiosas funciones de la ganadería extensiva en la prevención de incendios, en el mantenimiento de pastos de alto valor natural -incluidos los pastos de matorral, arbolados y arbustivos-, en la producción de alimentos de calidad y en el mantenimiento de la población activa en las zonas de montaña y que la nueva legislación surja del estudio y el diálogo de todas las partes implicadas. Estimamos que la gestión de los acotados se puede y se debe mejorar pero en ningún caso alterar como pretenden las iniciativas parlamentarias de modificación del artículo 66 de la Ley 3/2004 de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias presentadas por PP, PSOE e IU.


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