Asociaciones de Memoria Histórica de Castilla y León alertan de que la Ley de Concordia del acuerdo entre PP y Vox “anularía el Decreto de Memoria Histórica”

Ante la aceptación por parte del PP de Castilla y León de la tramitación de la Ley de «Violencia Intrafamiliar» y de la «Ley de Concordia», las asociaciones memorialistas castellanoleonesas manifiestan su indignación y rechazo a un pacto que «supone un ataque frontal contra derechos fundamentales y la claudicación por parte del Partido Popular ante las políticas de odio que la ultraderecha ha exigido para garantizar la investidura como presidente de la Junta de Alfonso Fernández Mañueco», lamentan.

Para las asociaciones, la creación de una Ley de Concordia «anularía el Decreto de Memoria, al ser el segundo una norma de menor rango. Con ello, la memoria histórica regional estaría regida por dicha Ley. Basados en las declaraciones previas en materia memorialista del partido ultraderechista, las asociaciones castellanoleonesas consideran el demagógico uso de la concordia como un ataque a los derechos de las víctimas y sus familias y una actitud contraria a los derechos humanos. Tras la exigencia de concordia se esconde la voluntad de silencio y el abandono de las escasas políticas en favor de las víctimas de la dictadura militar y la ocultación de los crímenes de lesa humanidad del franquismo», añaden.

Las asociaciones recuerdan que en Castilla y León apenas hubo resistencia frente a los militares levantados contra el régimen democrático de la II República y el gobierno legalmente constituido. Aun así, hay unos 15.000 civiles (maestros, sindicalistas, concejales, profesionales liberales, trabajadores de la comunicación…) víctimas de desapariciones forzadas o de condenas de tribunales especiales ilegítimos, asesinados inermes sin más motivo que su pertenencia o simpatía hacia partidos u organizaciones republicanas, enterrados en fosas comunes clandestinas para imposibilitar su localización.

Numerosos familiares de desaparecidos se han puesto en contacto con las asociaciones memorialistas ante el temor de que no continúe la búsqueda de las víctimas. Las asociaciones memorialistas llevan años de esfuerzo personal y económico, y nunca han permitido que paguen las familias por algo de lo que debe hacerse responsable el Estado.

En Castilla y León nacen también las exhumaciones modernas en España con carácter científico en el año 2000 siendo hasta la fecha la comunidad autónoma con mayor número de actuaciones en este ámbito. «Y ello, a pesar de haber trabajado sin un marco legislativo y sin apoyo de la Junta hasta que aprobó el limitadísimo Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, uno de los últimos en aparecer en España», valoran.

Para estas asociaciones, «el PP está tirando por la borda su propio trabajo, sus propias políticas. Si algo que han visto tan necesario, como un Decreto de Memoria Histórica o sus aportaciones al problema de la violencia de género, es derogado solo para formar gobierno, quiere decir que el PP no está trabajando por Castilla y León, sino que lo único que quieren es conservar el poder, al margen de sus propios compromisos y de los principios democráticos», finalizan el comunicado.

Firman el comunicado:

Asociación Recuerdo y Dignidad,
Asociación por la Memoria Histórica de Miranda de Ebro,
Asociación En Medio de Abril de Aranda de Duero,
Coordinadora Provincial por la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos,
Foro por la Memoria de Zamora,
Foro por la Memoria de Segovia,
Foro del Valle del Tiétar y Vera,
Verdad y Justicia Valladolid,
Farinatos por la Memoria,
Salamanca Memoria y Justicia y
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid.

*Con información de Agencias.